Dos presidentes, el mexicano Andrés Manuel López Obrador, y el norteamericano Donald Trump, se convirtieron en los padrinos políticos del General Salvador Cienfuegos Zepeda, a quien, de acuerdo con investigaciones de la DEA, era apodado por miembros del Cártel Beltrán Leyva, “El Padrino” y/o “Zepeda”, como corresponde a su segundo y no tan llamativo apellido en comparación con el primero.
Los investigadores antinarcóticos de Estados Unidos supieron esto debido a que en su indagación, se dieron cuenta que así identificaban al militar, por lo menos entre los años 2015 y 2017, cuando realizaron su investigación, y el sujeto de la misma era secretario general de la Defensa en México. El único por entonces de cuatro estrellas y solo supeditado a las órdenes del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, que a la sazón era Enrique Peña Nieto.
El General fue aprehendido bajo tres cargos para conspirar para distribuir, traficar e importar drogas de México hacia Estados Unidos, y un cargo de lavado de dinero, todo para la misma corporación criminal. Luego de detenerlo en Los Ángeles, le fue negada la libertad bajo fianza en aquel país. En el Poder Judicial y en la Fiscalía de la Unión Americana, le consideraban una persona de riesgo de escape, dadas las relaciones criminales que, suponían en la investigación, sostenía con mafiosos escindidos del Cártel de Sinaloa.
Pero política mata investigación cuando se trata de acuerdos binacionales. Pocas veces se han visto estos casos, pero llegan a la mente tres. Ahora está en proyección en Netflix, una serie documental titulada en inglés, “The Last Narc”, que en español se traduciría como “El último agente encubierto”. Trata sobre el caso Kiki Camarena, aquel agente de la DEA asesinado en México en el primer lustro de la década de los años ochenta.
En los últimos capítulos, investigadores norteamericanos que estuvieron involucrados en la indagación para saber, procesar y enjuiciar a los asesinos de Camarena refieren, tras dar a conocer los interrogatorios que llevaron en la época, que testigos del crimen (ex policías federales que servían al cártel comandado por Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca) ubicaban en los momentos previos al asesinato a un hombre de acento cubano, pero integrante del cuerpo de inteligencia de Estados Unidos.
En ese momento, refieren no sin frustración los hoy agentes retirados de la DEA, el gobierno de Estados Unidos dejó de investigar. El caso se congeló y a la fecha el único buscado por el crimen de Camarena, es Rafael Caro Quintero, libre de la justicia mexicana, pero prófugo de la norteamericana.
El otro caso, que de hecho se aborda en la serie documental, es el del doctor Humberto Álvarez Machain, a quien los agentes investigadores acusaron de ser quien mantuvo con vida a Camarena solo para que sus verdugos continuaran con la tortura y posteriormente lo asesinaran. Aunque en este caso el gobierno mexicano justificó que la aprehensión del doctor había sido fuera de las leyes internacionales, pues había sido secuestrado en México por agentes norteamericanos para ser llevado a la justicia en aquel país. Después de labores diplomáticas, Álvarez Machain fue puesto en libertad por un juez de Los Ángeles y repatriado a México.
El tercer caso es local pero importante. Guardadas las proporciones, Jorge Hank Rhon ha sido detenido en varias ocasiones, pero en una estuvo preso durante más de diez días. Fue en junio de 2011 cuando elementos del Ejército Mexicano, con información de un testigo protegido, entraron a la residencia del casinero y le encontraron 89 armas y miles de cartuchos útiles.
Era el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y los militares habían sido asignados a perseguir a criminales y narcotraficantes en lo que se conoce como la guerra contra las drogas. Jorge Hank, un junior de la política mexicana, ha sido beneficiado lo mismo en sexenios del PRI que en los del PAN, o ahora no molestado en este de Morena.
En aquella ocasión, 2011, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (hoy SEIDO), la doctora Patricia Bugarín, había armado el caso con la información y los reportes de la II Zona Militar con sede en Tijuana, y cuyos elementos aprehendieron al ex candidato del PRI al gobierno de Baja California.
Días después, con el poder del apellido y un equipo de abogados que incluía al ex secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, Hank fue liberado por tecnicismos y errores en el debido proceso. Así salió. Aún se recuerda a la doctora Bugarín preguntándose qué hacía con las armas incautadas, entre las cuales se encontraban cinco que, de acuerdo a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, habían sido utilizadas en seis homicidios. Todo ese caso se congeló. Hasta la fecha.
Hoy día, el Presidente de México ha realizado acciones para liberar a tres personas. La primera y de forma directa y extraoficial, en octubre de 2019, a Ovidio Guzmán, el narcotraficante que la Policía Federal y elementos del Ejército Mexicano habían aprehendido en Culiacán, Sinaloa, debido a una orden de extradición del gobierno norteamericano. Meses después, Andrés Manuel López Obrador diría que la orden de liberar al hijo de “El Chapo” la había dado él para evitar muertes.
El segundo caso sería el de Elba Esther Gordillo, mejor conocida como “La Maestra”, detenida por el gobierno de Enrique Peña Nieto para ser liberada por la administración de López Obrador sin más investigación.
El otro, es el General Salvador Cienfuegos, a quien la DEA consideró e investigó para probarlo como un aliado del Cártel Beltrán Leyva, en cuyo caso la Fiscalía General de Estados Unidos y después de acuerdos diplomáticos que se realizaron entre ambos gobiernos como lo confirmaría el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard- lo liberaron.
Se supone que el compromiso de México es investigar en esta tierra y con estas leyes al General Cienfuegos, pero la realidad es que eso no sucederá. Ante la frustración de la DEA, el General vivirá en la impunidad, otorgada por dos presidentes que abiertamente se convirtieron en sus padrinos políticos.
