Debido a los excesos en las inspecciones a las actividades turísticas, al menos siete familias del municipio de La Paz están siendo afectadas directamente por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
Además del impacto que está generando la pandemia, al mantener paralizadas las actividades turísticas desde el mes de marzo, personal de la dependencia federal utiliza la Ley de Equilibrio Ecológico a su conveniencia.
“Vinieron y ni nos preguntaron si teníamos que comer, si estábamos bien o si teníamos a un enfermo en casa; la Profepa nos pegó más duro que la pandemia: pararon el trabajo y nos quedamos sin sustento. Ya es más de un mes sin trabajo y la Profepa no piensa en eso, piden permisos que no existen, todo nomás para quitarnos el pan de la boca”, denunció José, prestador de servicios turísticos del Área Natural Protegida (ANP) Playa Balandra.
En la inspección del acta: IA 036 20, de fecha del 17 de septiembre de este año, inspectores de la Profepa acudieron al ANP Playa Balandra; en la visita de inspección acudieron al local móvil de renta y venta de artículos para solicitar lo que denominaron “Autorización en Materia de Impacto Ambiental para el Aprovechamiento No Extractivo en Polígono de Área Natural Protegida”. Al no presentar dicho requerimiento, el local, así como “12 kayak amarillos”, sin tomarse en cuenta matriculas o geolocalización, fueron suspendidos para su aprovechamiento, lo que dejó sin trabajo a los prestadores de servicios turísticos.
De acuerdo a expertos en materia ambiental, dicha autorización solicitada por la Profepa no existe, y mediante argucias legaloides es que hoy mantienen paralizadas las actividades en Playa Balandra, lo que les cuesta el salario directo a siete familias, además de los indirectos a otro número similar de prestadores externos que acuden a la zona.
“Está claro que la Profepa pide requisitos para ejercer la actividad turística que son inexistentes, solo lo hacen para afectarnos y a nuestras familias, siendo que lo que hacemos es una actividad de bajo impacto (de hecho, la de más bajo impacto); es inhumano el trato que nos da la dependencia a nosotros los obreros, a quienes salimos todos los días a ganarnos un taco. Hoy la empresa nos apoya, pero no será para siempre, es nomás mientras pueda”, lamentó José que se dedica a la renta de kayak.
La Profepa ordenó que el inspeccionado suspenda sus actividades de venta de accesorios y renta de kayak, además que le brindó cinco días para presentar los documentos necesarios para desarrollar la actividad.
De acuerdo a los datos obtenidos, la empresa (a nombre de Blanca Noemí Peralta Tirado) presentó toda la documentación requerida por la dependencia federal, a excepción de la llamada “Autorización en Materia de Impacto Ambiental para el Aprovechamiento No Extractivo”, ya que legalmente no existe dicha autorización. Los manifestantes, los trabajadores, son quienes están padeciendo del sustento de sus familias, observación que no hizo la Profepa, y solo se guio en parar a la empresa de manera excesiva e inexistente.
Lo peor de todo, lamentan, es que la Profepa extendió la agonía de los trabajadores, pues abrió un procedimiento que tardará 15 días si se hace de manera correcta; 15 días sumados a un mes detenidos, que estarán sin comida y trabajo.
Desde el 17 de septiembre a la fecha, los prestadores de servicios turísticos están perdiendo 500 pesos diarios por temporada baja por la pandemia, lo que implica un recurso que no llegará de ninguna parte debido a la Profepa.
