En Baja California, el semáforo de riesgo epidemiológico que regula el uso del espacio público de acuerdo al riesgo de contagio de COVID-19, cambió de Rojo a Naranja, del “no salgas si no es estrictamente necesario” a “si puedes, quédate en casa”.
Pero un alto porcentaje de los californios optó por la indiferencia y comportarse como si el semáforo hubiera pasado directamente a Verde. Abandonaron el confinamiento por la fiesta y la diversión, como si ya se estuvieran aplicando vacunas, la pandemia hubiera terminado, o el virus ya no fuera altamente contagioso y mortal.
En teoría, en el semáforo Naranja, “además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo (cantidad de personas) reducido”.
Pero ni las medidas mínimas de seguridad -como el uso de cubre bocas-, son cumplidas a plenitud, ni el aforo máximo del 30 % en espacios no esenciales es respetado.
Las fiestas en Mexicali, el tráfico en horas pico en los cinco municipios de Baja California y los cientos de familias cargando niños en las calles de Tijuana, disfrazados y pidiendo dulces el Día de Brujas, son algunos ejemplos que dan fe de la inconsciencia e ignorancia ciudadana, frente a autoridades federales, estatales y municipales incapaces de limitar el actuar de unos cuantos que ponen en riesgo la vida de muchos.
Con la temporada de influenza encima- con mayor morbilidad entre diciembre y febrero- y cifras COVID que presentan más de 22 mil 525 casos confirmados, más 3 mil 900 defunciones, casos activos y alrededor de 90 intubados al día, 60% de mortalidad en cuidados intensivos y poco más del 30% de ocupación hospitalaria, las autoridades ya se pusieron el huarache y advirtieron del próximo repunte en diciembre.
Con estos antecedentes, el 31 de octubre, los gobiernos, estatal y municipales anunciaron la firma de un convenio para tratar de mitigar el rebrote de coronavirus. Primero, concentrarán esfuerzos en cuatro puntos de muchedumbre y con mayor relajamiento de las medidas sanitarias:
1. La maquila, donde hay mucha gente concentrada en espacios cerrados. De acuerdo con la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo, al mes de agosto, había 931 establecimientos y 348 mil 884 empleados. Conforme a la Secretaría del Trabajo, del 30 de junio al 2 de noviembre se han presentado 78 de las 89 denuncias de personas vulnerables que siguen laborando o han sido obligados a regresar a sus centros de trabajo. La primera semana de septiembre, la misma secretaría había reportado que en esa fecha se habían asentado 103 denuncias, de las cuales 63 eran de fábricas.
2 -El transporte público, donde la gente no respeta la sana distancia. Según el reporte de digitalización al 31 de octubre, el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) informó que actualmente se explotan más de 11 mil 565 permisos de taxis y concesionarios de transporte masivo. Para entender el impacto, los resultados de dos estudios de la ciudad con más población en el Estado: en 2017 se estimaron un millón 455 mil 805 viajes diarios en Tijuana, y que 1.5 millones de personas al mes utilizaron el servicio de transporte público durante 2019.
3. Los mercados sobre ruedas, donde no se respetan ni sana de distancia, ni medidas sanitarias. Tijuana tiene 361 plazas autorizadas, en las que laboran 25 mil permisionarios afiliados a 73 agrupaciones: Mexicali tiene 121 rutas de mercados rodantes aprobadas en 60 colonias, el 70 % está laborando actualmente solo cinco días a la semana; en Ensenada hay ocho mercados autorizados para funcionar en calles y dos que operan en predios particulares; Tecate tiene seis mercados que se instalan en seis colonias, seis días a la semana; y en Rosarito hay siete mercados y cada día están en una colonia diferente.
4. Playas, ahí no tienen estimaciones y solo plantearon limitar a la gente que hace ejercicio. Como parte del convenio, Estado y municipios mencionaron la palabra “acciones”, sin embargo, a la fecha solo refieren el uso obligatorio de cubre bocas, y como punto de inicio anunciaron los dispositivos policíacos para evitar las aglomeraciones de los niños pidiendo dulces en Halloween, los cuales fracasaron estrepitosamente y dejaron a las autoridades coordinadas en ridículo.
La desobediencia social provocó reacción de las autoridades, pero solo en palabras. El Ayuntamiento de Tijuana, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) y la Secretaría de Salud, anunciaron que analizarán la aplicación de multas y medidas coercitivas, pero las mismas amenazas sin consecuencia se hicieron en mayo y julio pasados, así que pocos están preocupados o aplicados.
En nueves meses, solo uno de los cinco municipios ha hecho algo al respecto: Mexicali, que aplica multas económicas temporales por no acatar las medidas sanitarias ni respetar la sana distancia. Fue una decisión municipal y lo hace con éxito limitado desde el mes de mayo.
Por lo pronto, los gobiernos se limitan amenazar a concesionarios y empresarios con la pérdida de permisos, y pese a la evidencia y los deficientes resultados, continúan suplicando por la conciencia y auto regulación ciudadana. De nuevo van a mandar a inspectores y policías a pedirle a la gente necia e inconsciente que se ponga cubre bocas, que no se amontonen y no se movilicen como manadas.
Sobre aviso no hay engaño: basados en el modelo desarrollado por el Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, expertos como el investigador Rafael Lozano -entrevistado por Reforma-, advierten que las 300 muertes diarias que hay actualmente por COVID alcanzarán las 400 en diciembre, hasta llegar a 500 a mediados de enero de 2021, y por lo menos 10 mil de esos decesos se podrían evitar usando cubre bocas.
Las preguntas ahora son: ¿Quién se quiere morir ahogándose e intubado? ¿Cuántos seguirán siendo tan arrogantes como para creer que tienen el derecho de contagiar a sus familias y a las personas que transitan a su alrededor? ¿Cuándo se decidirá las autoridades a sancionar a los responsables de esparcir el virus y el riesgo de muerte?
