Colaboración invitada
“¡Los mexicanos nacemos donde nos da la rechingada gana!” (sic), dijo en una entrevista la icónica Chavela Vargas, nacida en Costa Rica y fallecida en 2012, quien le tomó un gran cariño a México y sus habitantes. Hoy hago referencia a esta frase célebre también (tomada a conveniencia por muchos funcionarios y políticos, artistas y demás), para decir que también los mexicanos tenemos derecho a vivir donde se nos dé la gana; pues con el simple hecho de ser hijos de esta bendita tierra, tenemos todos los derechos como cualquier individuo.
Cuando los mexicanos nos trasladamos a cualquier otro lugar, ya sea por trabajo o por otras necesidades, tenemos las mismas garantías como cualquiera que viva ahí; ejemplo de ello es Baja California, desde donde escribo estas líneas. Principalmente el municipio de Tijuana que aloja miles de migrantes centroamericanos, pero también a miles de mexicanos que vienen “del sur”, como se les acostumbra a decir, y que se han quedado en esta bella ciudad que los arropó.
Se han quedado aquí porque existen más oportunidades de trabajo, aquí hay más empresas que ofrecen trabajo; a pesar de ello, éstas no han logrado en conjunto con el gobierno, crear condiciones de vida para estas miles de familias que llegan con la finalidad de alcanzar el sueño americano… pero que queda truncado.
Veamos algunos datos a detalle: a decir de estudios de dependencias de gobierno, en esta entidad existen 80,000 trabajadores con intención de compra de vivienda, de los cuales más del 60% no encuentra la oferta adecuada a sus necesidades.
De 90 proyectos en proceso de construcción, solo dos se encuentran en el segmento social y ocho en el económico, mientras que 12 son de vivienda media, 42 residencial y 26 residencial plus, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios (AMPI). La base de la pirámide de la población (53,000 empleados), es decir, 70% de la clase trabajadora, que gana menos de siete mil pesos al mes; tiene muy poca oferta.
Esto último sin tomar en cuenta que una gran parte de la población se encuentra en el sector informal y que las oportunidades a algún crédito de vivienda, queda totalmente nulo; y así estamos muchos, que, al no tener un empleo formal, tampoco tenemos un patrimonio, llevándonos a la única posibilidad de rentar y mantenernos en las filas de las familias que solicitan un techo dónde vivir, no regalado, pero sí accesible.
Durante el primer trimestre de 2020 se produjeron 2,698 viviendas, divididas en 36% popular (971 solamente), 33% tradicional, 18% media, 9% residencial y 3% residencial plus, con un área habitable promedio que va de 46 a 189 m2. En este periodo aún no se reflejan las afectaciones postCovid. El precio promedio por metro cuadrado en la vivienda social es de siete mil 850 pesos, mientras que en la económica es de 11 mil 946, en la media de 20 mil 378, en la residencial de 36 mil 385 y residencial plus de 41 mil n928.
Si echamos cuentas, la casa más económica (de 46 metros cuadrados) para un empleado con un salario de siete mil pesos mensuales es de 472 mil 800 pesos; es decir, tendría que trabajar poco más de 67 meses, sin gastar un solo peso en otra cosa, para pagar en cinco años esta vivienda. Estas cantidades de dinero son casi un imposible para miles de bajacalifornianos que vivimos al día y que hoy, debido al COVID-19, hacemos un mayor esfuerzo para sacar a nuestras familias adelante; hoy se necesita más intención del gobierno del estado y de todos las fuerzas políticas y económicas para sacar a nuestro estado del bache, y para ello se requiere brindarles mejores condiciones de vida a sus habitantes, a quienes sostienen la enorme piedra que genera una de las economías más importantes del país.
El Movimiento Antorchista de Baja California, ha sostenido una fuerte campaña para impulsar un programa de vivienda popular. Hemos solicitado créditos de vivienda para familias de escasos recursos económicos que se han acercado a nosotros; hoy la lucha por la vivienda popular se ha convertido en una de las más importantes por muchas razones, de las cuales solo mencionaré dos:
*La primera es que ante la pandemia que enfrentamos, el empleo se hizo escaso y los salarios bajaron, haciendo que miles de familias que rentaban, fueran desalojadas por la falta de pago, esto a pesar de que se decretara que no sería legal.
*La segunda razón son los altos costos que tienen las viviendas en el estado, y que, aunque pareciera irónico, existen miles de vivienda abandonadas, echándose a perder, mientras miles viven de manera precaria en casas endebles de cartón u otros muchos lugares determinadas como zonas de riesgo.
Hoy más que nunca necesitamos unir fuerzas, no solo por la vivienda, sino para sacar a BC adelante; desde todos los ejes que nos sean posibles, debemos de organizarnos y levantar la voz. El pueblo se salvará así mismo, que nadie diga lo contrario. En Antorcha ya somos un chingo, solo faltas tú.
zeta
Vocero del Movimiento Antorchista en BC.
