Desde la pasada administración federal del Presidente
Enrique Peña Nieto, el Alto Golfo, pero sobre todo el
puerto de San Felipe, se encuentra en un punto de
ebullición a raíz de la suspensión de la pesca en el
polígono del Mar de Cortés. Mientras los pescadores
denuncian el abandono y la crisis que ha dejado la
restricción de pesca, la Fiscalía General de la República
ha emprendido una campaña contra los presuntos
traficantes de totoaba que históricamente habitan en el
puerto. El abogado Luis Felipe Vázquez Vara, consideró
que de cuatro implicados se intenta satanizar al puerto de
San Felipe, mientras que Carmen Ávila denunció que el
actual Gobierno Federal está criminalizando la pesca, pero
van a defender el mar que, según dijo, les pertenece
Durante los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a siete personas presuntamente vinculadas al tráfico de totoaba en la zona del Alto Golfo.
La especie endémica que se dice puede alcanzar un valor superior a 8 mil dólares dentro de nuestro territorio, pero que alcanza precios estratosféricos conforme cruza fronteras, ha sido bautizada como la “cocaína del mar”, que encuentra su principal objetivo en los mercados asiáticos.
De las siete personas implicadas, al menos tres son líderes pescadores: Carmen Ávila Hernández, Luis Aldaz y Sunshine Rodríguez Peña, quienes han emprendido una campaña política intensa para defender al sector, pues las restricciones de extracción de animales marinos del Mar de Cortés, ha agravado aún más la actividad económica en el puerto.
En diferentes momentos, el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, como el actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, coincidieron en que es necesario reactivar la pesca en esta zona, pero solo los pescadores han hecho gestiones que han generado pocos resultados.
Una de las detenidas y posteriormente liberada, Carmen Ávila, presidenta de la Sociedad Cooperativa Ignacio Zaragoza, reclamó públicamente que el Gobierno de México está criminalizando la pesca en San Felipe.
Por su parte, el abogado Luis Felipe Vázquez Vara, quien representa a Juan Luis García Ruiz, conocido como “La Yegua”; Enrique García Sandez, apodado “El Kiki”; Álvaro Jesús Ramos Sillas “El Varito” y Gastón Eduardo Parra Aispuro, aseguró que la acusación conformada por 12 mil hojas, realmente es un compendio de hechos ocurridos -muchos de estos ya desacreditados y archivados- durante los años 2017 y 2018.
Agregó que la FGR intentó satanizar a los pescadores de San Felipe, asegurando que todos se dedican a la extracción ilícita de especies, lo que a su juicio es una perspectiva lamentable del puerto.
Ávila Hernández y su esposo Luis Aldaz -este último detenido en Ciudad de México mientras realizaba gestiones para obtener permisos de pesca-, fueron liberados días después de su captura, luego que el juez Aníbal Borbón, considerara que no había pruebas para relacionarlos con la actividad criminal que se les imputaba; los otros cuatro implicados fueron vinculados a proceso.
La FGR los acusaba de delincuencia organizada, delitos contra la salud y contra la biodiversidad, pero según el dicho de la lideresa del sector pesquero, todos los señalamientos fueron desacreditados por la defensa a cargo de los abogados del Centro de Defensoría Técnica de Derechos Humanos: Sandra Esquer y Esteban Yáñez.
Arremetió contra el Gobierno de México referir que les intervinieron llamadas telefónicas y posteriormente las editaron para relacionarlos con presuntos criminales. Sin embargo, el juez federal desacreditó las pruebas en su contra.
Tanto Aldaz como Ávila, fueron liberados el lunes 16 de noviembre de las instalaciones del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) de Hermosillo, Sonora, adonde fueron trasladados tras su captura.
“Estamos dejados de la mano de Dios, sin ninguna respuesta por parte del Gobierno Federal para resolvernos la no pesca en el Alto Golfo de California, tanto el Golfo de Santa Clara, como San Felipe. Somos comunidades afectadas, todo por la represión del Gobierno Federal para sacarnos del mar, nosotros somos dueños de ese mar, no nos lo pueden quitar, son nuestros ingresos”, refirió Ávila Hernández, molesta por el trato que recibió durante su estancia en prisión.
DEFENSA “TUMBÓ” LA MITAD DE LA CARPETA
Luis Felipe Vázquez Vara, representante de cuatro de los implicados –Sunshine contrató a un despacho de Ciudad de México- comentó que aunque permanecen bajo prisión preventiva, la defensa puede considerarse como una victoria, pues se logró desacreditar la mitad de las acusaciones.
Es decir, para el juez se desestimaron los señalamientos de delincuencia organizada en delitos contra la salud, pero mantuvieron las acusaciones por delitos contra la biodiversidad, pues consideró que existía evidencia suficiente para considerar la posible existencia del -a su juicio- “mal llamado Cártel del Mar”.
Vázquez Vara aseguró que la mayoría de las diligencias fueron realizadas durante 2017 y 2018, la mayoría desacreditadas, como la quema de una panga a las orillas del puerto de San Felipe, en la que -supuestamente- se amenazó a activistas del “Sea Shepherd”, durante una protesta realizada en aquella comunidad portuaria.
También se vinculó a unos predios cateados por autoridades federales, donde supuestamente se localizó metanfetamina, los cuales fueron devueltos a los propietarios al poco tiempo.
Otra de las diligencias presentadas ante el juez fue la detención en 2018 de Gastón Eduardo Parra Aispuro -hermano de Óscar Parra, detenido presuntamente por acribillar a un militar en el Malecón de San Felipe-, donde supuestamente fue sorprendido con armas, equipo de comunicación policial y hasta un automóvil con reporte de robo.
Todos los señalamientos -dijo el abogado- se encuentran desacreditados y archivados en la FGR, al no poder obtener suficiente evidencia para ejercer acción penal.
En total, aseguró, de las 55 pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal, entre cinco y diez permanecieron vigentes para llevar a cabo el juicio.
“Por lo que respecta a mis clientes, ellos no han manejado ningún tema de cuestión política, pero sí veo acciones correlacionados, sabemos que la cuestión de la pesca es un tema político en la cuestión de pagos, no toda la pesca es ilícita, que le quiso decir al juez que todos los pescadores son ilícitos, es un lugar con tantas virtudes. Quisieron satanizar al puerto de San Felipe”, arguyó.
Según el abogado, hubo una diligencia con dos testigos que presentó la FGR, en los cuales se basa gran parte de la investigación, pero no acudieron al llamado a declarar. Sin embargo, están obligados a hacerlo dentro de dos meses, cuando se inicie formalmente el juicio.
Juan Luis García Ruiz “La Yegua”; Segundo Valenzuela Gaeta; Álvaro Rosas “El Varito”; Enrique García Sandez “El Kiki” y Gastón Eduardo Parra Aispuro, son acusados de pertenecer a una agrupación delictiva dedicada al tráfico de totoaba, en la que también se vinculó a los líderes pescadores Sunshine Rodríguez Peña, Carmen Ávila Hernández y su esposo Luis Aldaz Valenzuela.
