Desde 2017 los residentes de la quinta sección del fraccionamiento Chapultepec, en Tijuana, mantienen un litigio con las autoridades municipales para que suspendan la construcción de un multifamiliar en el terreno donde anteriormente se ubicaba el Consulado Americano.
Uno de los argumentos de los vecinos es que se les prometió que el anterior edificio sería una biblioteca o espacio cultural para uso de todos, sin embargo, fue demolido y comenzó la construcción de un concepto habitacional que constará de dos torres con 19 pisos de departamentos, algo que consideran va en contra de los lineamientos de desarrollo urbano de esa zona.
También creen que la construcción es irregular, debido a que tenían el dato de que el terreno era del gobierno federal y esta entidad se la rentaba al gobierno de Estados Unidos para tener sus instalaciones, algo que desmintió Patricia Peterson Villalobos, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental del municipio.
“Ese terreno nunca ha sido público, tenemos registro de que es de un particular y este se lo rentaba al gobierno de Estados Unidos. El edificio pudo ser declarado patrimonio cultural, pero nunca se inició ese proceso y el particular hizo uso del predio como mejor le convino”, explicó Peterson Villalobos a este Semanario.
El XXIII Ayuntamiento tuvo que otorgar una nueva licencia de construcción el 18 de octubre de 2019, después de que la dependencia a su cargo recibiera un requerimiento legal para que así fuera; “ante la orden de un Juzgado no se puede dejar de cumplir y por eso se tuvo que otros una nueva licencia”, declaró la funcionaria.
Admitió que en este primer año de gestión han recibido quejas por parte de vecinos de colonias que conforman la llamada “Zona Dorada” por construcciones que consideran incomodas, y las revisan minuciosamente para tratar de encontrar un acuerdo que beneficie a ambas partes.
“El derecho de desarrollar no se puede negar, al menos que contravenga reglamentos. Mientras los constructores cumplan, nosotros tenemos la obligación de otorgar licencias y permisos, y también de darle seguimiento a sus construcciones”, añadió.
Por su parte Marco Campoy, presidente del Colegio de Ingenieros de Tijuana, manifestó que este tipo de proyectos de construcción se deben “ciudadanizar”, esto es que los desarrolladores otorguen beneficios y mejoras a las comunidades, sin excluir a los vecinos que cuentan con décadas de arraigo en estas colonias.
“El proyecto debe estar enfocado en un ‘ganar-ganar’: que la ciudadanía alrededor también obtenga un beneficio, no nada más el desarrollador o constructor. Lo más viable es ofrecer mejorar a la infraestructura urbana y a los servicios públicos”, expresó.
Las preocupaciones de los residentes de estas colonias o fraccionamientos siempre son la sobredemanda de los servicios, como drenaje, agua potable y energía eléctrica, así como un posible aumento en el flujo vial, puntos a los que deben prestar atención tanto los desarrolladores como las mismas autoridades municipales.
