EU y México: acuerdan impunidad

Edición Impresa lunes, 23 noviembre, 2020 1:00 PM

Luego de ser deportado en avión norteamericano a Toluca, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda se retiró a la espera de ser investigado. Estados Unidos delegó la investigación al gobierno mexicano de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. FGR realizará las pesquisas que en suelo nacional no serán sencillas de probar, pues la Unión Americana era la perjudicada. La aparente victoria mexicana “puede tener un alto costo político, de no realizarse acciones en la línea de lo que Estados Unidos ya ha sugerido”, destaca investigador de El Colef

Ha sido una situación insólita. Un acuerdo de impunidad entre los gobiernos de dos países. El de México, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, hasta el próximo 20 de enero titulado por Donald Trump.

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) inició investigaciones sobre la corrupción establecida entre el General Salvador Cienfuegos Zepeda y el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva entre los años 2015 y 2017, cuando el primero era secretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

El 15 de octubre de 2020, cuando el militar fue detenido al llegar por vía aérea a Los Ángeles, California, la investigación ya estaba armada, confirmada y judicializada. Había una orden de aprehensión dentro de una averiguación en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

En 14 páginas que hicieron públicas, documentaron que Cienfuegos servía a los Beltrán Leyva y estos le apodaban “El Padrino”. La labor criminal

Cuando supuestamente fue noticiado el Presidente López Obrador que le adjudicaban era la de proporcionarles información vital a los narcotraficantes para que estos pudieran producir, distribuir y traficar drogas, así como lavar dinero.

Efectivamente un padrinazgo criminal, por el cual el General fue acusado de cuatro delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Seis días después de la aprehensión del militar, el juez federal Alexander MacKinnon, negó al ex secretario de la Defensa Nacional, la fianza para llevar el proceso en libertad. Los norteamericanos estimaron que podría fugarse dadas las relaciones criminales que sostenía, las cuales los investigadores habían descubierto, entre otras pruebas, a través de la grabación de llamadas telefónicas entre el oficial y narcotraficantes.

Aquellos días de octubre, Estados Unidos vivía la efervescencia de la campaña presidencial entre Donald Trump y el demócrata Joe Biden. La aprehensión del General Cienfuegos sucedió en medio de los dos debates presidenciales, el primero realizado el 29 de septiembre, el segundo el 22 de octubre, apenas siete días después de la notoria detención del mexicano.

, de sus propias palabras se determinó que no había recibido alerta o información sobre la investigación al militar, y aunque de entrada la catalogó dentro de la corrupción en la “etapa neoliberal” del país, posteriormente reculó, se dijo sorprendido y exigió conocer de la investigación.

Así llegaron a la derrota de Donald Trump, quien a la fecha suma 232 votos electorales, contra los 290 logrados por el ganador proyectado, Joe Biden. Entonces vino el acuerdo de impunidad.

La orden para desistirse de los cargos contra el General Cienfuegos, dada a la jueza Carol B. Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, vino directamente de William Barr, fiscal general de los Estados Unidos, aun cuando fue signada por Seth D. DuCharme, actuando en su representación. El motivo no fue la debilidad de la investigación contra Cienfuegos, sino el conflicto diplomático que podría desatarse. “¿Usted entiende que será escoltado y deportado?”, preguntó Amon al ex funcionario mexicano.

FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM – Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump

“Sí, señora”, contestó escuetamente Cienfuegos, y así concluyó ese capítulo.

El anuncio del retiro de los cargos, la liberación y repatriación de Cienfuegos, lo hizo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, y el documento oficial al respecto fue presentado por la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de los Estados Unidos.

El acuerdo de impunidad se consumó cuando el gobierno mexicano informó que el General Salvador Cienfuegos llegaría a México como un hombre libre. En este país, ni en 2015 ni ahora, se ha investigado al ex secretario de la Defensa.

Tratado con todas las deferencias del caso, el General no repatriado a México por la vía terrestre como suele suceder de manera tradicional. Llegó al hangar de la FGR en Toluca, en un avión Gulfstream 4 con matrícula N40VC, propiedad del Gobierno de los Estados Unidos.

Supuestamente será investigado por la FGR, aunque al arribar a suelo mexicano solo fue molestado con algunos datos personales y de contacto, al ser notificado que hay una investigación en su contra.

Contrario a otros casos de sospecha de nexos con la delincuencia organizada, a Cienfuegos no le arraigaron, ni le fijaron alguna otra medida cautelar. Simplemente se le dio la bienvenida, se verificó su estado de salud y se le pidió que esté localizable en caso de ser llamado por el Ministerio Público de la Federación. Ni siquiera un apercibimiento para que no salga de la ciudad o nuevamente del país.

México es uno de los países con mayores índices de impunidad en el mundo, solo debajo de Guatemala, y ahora, Estados Unidos le pasa la responsabilidad de indagar y, de ser el caso, procesar al alto ex funcionario militar y político, con pruebas recabadas por agentes de la DEA, quienes ahora se sienten burlados tras recabar evidencias en la llamada “Operación Padrino”, que estaría relacionada con el juicio al ex fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, actualmente preso en la Unión Americana.

Desde el caso de Humberto Moreira, ex gobernador de Coahuila, detenido en España en 2016 por presunto blanqueo de dinero, no se recuerda la intervención del gobierno mexicano para salvar a un mexicano caído en desgracia en otro país. Y menos en EU.

En el asunto del General Cienfuegos, desde el 11 de noviembre último, la cancillería mexicana recibió la investigación y pruebas por valija diplomática, en un asunto que ya estaba pactado.

Se estima que en México será difícil encontrar puntos de imputación al mando castrense debido a que los cargos de narcotráfico se habrían cometido contra los intereses estadounidenses, al menos esa es la perspectiva de su investigación. Quizá en este país se pudiesen probar maniobras de lavado de dinero, en caso de que esas pudiesen ser las conclusiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),  una de las dependencias que actúa de motu proprio cuando de buscar operaciones inusuales o relevantes se trata.

Para Jesús Pérez Caballero, doctor en Derecho Internacional, la aparente victoria mexicana “puede convertirse en algo muy costoso políticamente, en caso de que no se realicen acciones claras en la línea de lo que Estados Unidos ya ha sugerido con esta detención, y más con una administración como la de Joe Biden, que de momento no sabemos muy bien qué posición va a tener respecto al gobierno de México, que ya conocía a Trump”.

 

“CIUDADANO EN LIBERTAD”

Sobre  la llegada de Cienfuegos, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, externó: “Es un ciudadano en libertad, no viene como un detenido. El procedimiento de extradición se lleva a cabo cuando hay una orden de aprehensión en México. No viene detenido a México”.

Abundó: “Tiene que definir la Fiscalía el camino procesal que va a seguir, pero el señor General Cienfuegos viene a México como un ciudadano repatriado por la autoridad norteamericana, y se va a poner a disposición de la Fiscalía General de la República en libertad, no está detenido en ese viaje, es un ciudadano en libertad, y en esa condición va a llegar a México”.

Ebrard explicó que aunque Cienfuegos es miembro de las Fuerzas Armadas, la investigación está a cargo del Ministerio Público federal y el procedimiento a seguir será también determinado por las autoridades federales.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya existido una negociación para que las autoridades estadounidenses decidieran dar marcha atrás en las acusaciones penales contra el divisionario, asegurando que “no hay nada oculto”.

“Nosotros actuamos a partir de principios y lo que se hizo en este caso fue intervenir en materia política, diplomática, para expresar nuestra inconformidad. No podemos nosotros permitir, sin elementos, que se socaven nuestras instituciones fundamentales. Además México es un país, que no se olvide, libre, independiente, soberano. Eso lo han entendido muy bien en Estados Unidos”, indicó.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM – Marcelo Ebrard

SIN EFECTO

Los cargos que quedaron sin efecto tras la resolución de desechamiento por parte de la juzgadora federal de Brooklyn, son los que imputaban a Salvador Cienfuegos por su presunta vinculación con organizaciones criminales del narcotráfico, delitos que habría cometido entre diciembre de 2015 y febrero de 2017, cuando aún era titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en México que obran en el caso 1:19-CR—00366-CBA y consistían en:

Cargo 1. Conspiración internacional para la fabricación y distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana

Cargo 2. Conspiración para importación de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Cargo 3. Conspiración para distribución de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana.

Cargo 4. Conspiración por lavado de dinero de ganancias de narcóticos.

En la acusación formulada por la Fiscalía de Nueva York, se señaló al militar mexicano de haber abusado, desde su posición en un alto nivel del gobierno, para ayudar a la célula de “El H2”, grupo violento del Cártel Beltrán Leyva que operaba en Nayarit y Sinaloa, y que fue encabezado en su momento por el extinto narcotraficante Juan Francisco Patrón Sánchez “El H2”, abatido en 2017 por la Secretaría de Marina en Tepic, durante una balacera que trascendió las fronteras por su virulencia.

Según las autoridades estadounidenses, el ex funcionario mexicano fue identificado por integrantes de la facción criminal como “El Padrino” o “Zepeda” y habría presentado a algunos de los miembros del cártel con otros funcionarios mexicanos, sin que hasta el momento se conozca a quiénes se refiere la investigación, cuáles eran sus cargos en el gobierno mexicano y cuál su participación con la red delictiva.

Cienfuegos fue detenido por agentes de la DEA en Los Ángeles la noche del jueves 15 de octubre. La tarde del día siguiente compareció en audiencia, donde le fueron leídos los cargos. El martes 20 del mismo mes, la defensa del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional solicitó a un juez federal californiano la libertad bajo fianza de su cliente a cambio de un pago de 750 mil dólares, pero la moción fue denegada ante el riesgo de fuga que representaba el imputado. Finalmente le trasladaron a Nueva York.

El gobierno mexicano se expresó en desacuerdo por la forma de proceder de Estados Unidos. Una de ellas fue el 29 de octubre, cuando el Presidente López Obrador aseguró que esperaría al término de las elecciones estadounidenses para emitir una postura sobre el caso Cienfuegos. Sin embargo, un día después, el canciller Ebrard fue claro al expresar su “profundo descontento” al vecino país del Norte por no haber compartido información sobre la detención del ex funcionario federal.

El 5 de noviembre, Cienfuegos se declaró inocente de los cargos imputados en una audiencia interrumpida por los ruidos provocados por presuntos reporteros. Pasadas las elecciones en Norteamérica, el Gobierno de la República se reunió con sus homólogas estadounidenses para abordar el tema y llegar a la resolución de repatriar al militar para que se le investigue en México.

Al respecto, el diario Washington Post publicó que el repliegue de la acusación contra el personaje de la milicia por parte de la fiscalía estadounidense obedeció a amenazas del gobierno mexicano de restringir las acciones de los agentes de la DEA en territorio nacional, versión que también replicó horas después el New York Times, en el sentido que México advirtió que se contemplaría la posibilidad de expulsar del país a los referidos elementos extranjeros en caso de que no se reconsiderara el Caso Cienfuegos.

 

LA DIPLOMACIA

El doctor Jesús Pérez Caballero, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), destacó que desde que se produjo la detención del divisionario “la maquinaria de la diplomacia mexicana se movió para ver qué es lo que tenían los americanos sobre una figura clave, por las continuidades que hay en la Sedena todavía. Clave por los nombramientos que ha dejado en cuestiones de seguridad interior, y por tanto, al margen de que pudiera haber cualquier tipo de pruebas e investigaciones, no deja de ser un individuo que es mejor que esté dentro del entramado procesal mexicano que dentro del entramado procesal estadounidense”.

El académico reconoció que “teniendo ese carácter de figura pública, de figura sistémica, (Cienfuegos), en la institucionalidad oficial mexicana militar, creo que se ha movido la maquinaria mexicana, aprovechando las buenas relaciones de Trump con López Obrador, para conseguir este acuerdo que se venía madurando desde octubre, según dijo Ebrard. Más que una hipótesis personalista, podemos ver cómo se mueven o bailan dos maquinarias, la institucional estadounidense y la institucional mexicana.

“Una detención a ese nivel, por más pruebas que se tengan, sean endebles, sean sólidas, siempre es un toque de atención. Tiene un aspecto tan material como simbólico. Entonces, esa detención, con las malas formas que se produjo, sin compartir información previa con México, deteniéndolo en Los Ángeles ante su familia; es decir, un maltrato que se dio al Estado mexicano, porque al final, Cienfuegos era parte del Estado mexicano, como ex secretario de la Defensa Nacional y militar que aún lo es”, consideró Pérez Caballero.

Según el entrevistado, hubo un vapuleo a la Secretaría de la Defensa Nacional y también a la imagen de México: “La imagen exterior del país, podría verse también como un toque de atención. Quizás una manera de demostrar que la cooperación debe de ir por determinado canal. Una manera de dejar hacer a la DEA para mostrar desde los entramados institucionales que se está en desacuerdo con algunas acciones que está realizando el Estado mexicano respecto a la guerra contra el narcotráfico.

“En este tipo de negociaciones, a veces transparentes, a veces soterradas, que en ocasiones salen bien, en otras salen mal, la cuestión es que tenemos de regreso al general Cienfuegos. Se han compartido las pruebas que tenían los estadounidenses. Ahora hay que ver, el Estado mexicano no es del todo reticente a procesar a militares, porque sabemos que ya se investiga al menos a un militar implicado en el Caso Ayotzinapa, y ha habido otros casos de desapariciones en otros  ámbitos no tan mediáticos, pero si se investiga ahora a ese nivel, habrá que verlo”.

Para concluir, el investigador reflexionó:

“Puede parecer una victoria de AMLO, pero es de doble óptica. Puede decir, si, trajimos de vuelta a Cienfuegos, puede entenderse como un discurso de que las instituciones mexicanas son sólidas, pero recordemos que si no hubiera sido por Estados Unidos no habría habido ningún proceso contra Cienfuegos, y ni siquiera estaríamos hablando de esto. No había ninguna investigación abierta”.

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