Con 16 votos a favor, 5 en contra y cero abstenciones, el pleno del Congreso de Baja California aprobó el dictamen que modificará al decreto 88 para que el Ejecutivo comprometa la recaudación total por el servicio de agua, de 4 impuestos locales y de las participaciones federales para pagar 44 mil 318 millones 843 mil 775 pesos por un contrato de 30 años.
El cual fue suscrito entre el gobierno estatal y Next Energy. Empresa que construirá y operará una planta solar que suministrará electricidad para el Acueducto Río Colorado-Tijuana y dependencias estatales, según el resultado de la licitación pública LPN-CIE-001-2020.
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En la sesión extraordinaria de este viernes, 27 de noviembre de 2020, la mayoría de los legisladores de Morena y partidos afines aprobaron el dictamen 2 de las Comisiones Unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, que previamente había sido avalado dos días antes.
Los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Eva María Vásquez Hernández y del Partido por Baja California (PBC), Rodrigo Otáñez, que con la iniciativa presentada por el gobernador Jaime Bonilla se afectaría hasta 45% de las participaciones federales, así como el 100% de la recaudación por el servicio de agua durante 15 años.
Reprochó que las sesiones de las Comisiones no se transmitieron en vivo, lo cual, dijo resta transparencia al proceso, y consideró que la aprobación de la iniciativa que envió el gobernador Jaime Bonilla es “un cheque en blanco”. Por ende adelantó que su voto sería en contra.
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La legisladora panista argumentó que la Auditoría Superior del Estado señaló que el decreto 88 –aprobado por el Congreso local el 15 de julio- violentaba el artículo 117 de la Constitución federal, y el 16 de la Ley de Disciplina financiera.
Según el organismo fiscalizador la modificación del decreto 88 no está generando una nueva obligación por lo que se requiere una autorización diferente, y pudiera encuadran en una Asociación Pública Privada, sujeta a la ley en la materia del estado, agregó.
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En su oportunidad, el legislador del PBC, Rodrigo Otáñez, dijo que la iniciativa en discusión representaría una desestabilización de las finanzas estatales en los próximos 30 años.
Aseguró que el costo de la planta solar –que calculó en 81 mil mdp- es 47 veces la deuda que se pagó a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) “El dictamen habla de producir 300 MW el Acueducto consumo 80 MW. Se están poniendo como garantía las participaciones federales”, pese a que al cabo de dos, tres o diez años se desarrolle una nueva tecnología que sea más barata, pero se tendría que seguir con el contrato plurianual.
David Ruvalcaba del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que al dictamen de este contrato plurianual se le aplica la crítica que otros contratos han tenido. “No considero correcto que se comprometan las participaciones federales”.
En defensa del dictamen que modifica el decreto 88 hablaron el diputado de Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Energía, Elí Topete Robles, quien aseguró que el objetivo y fin de este decreto “es noble” y se requiere para disminuir el déficit energía eléctrico con lo que se podrá mejorar el suministro de agua a la Costa.
El morenista Juan Manuel Molina García dijo que para poder llevar el agua a Tijuana se necesitan las plantas de bombeo, las cuales funcionan con energía eléctrica.
“Yo les pregunto si alguien me puede contestar ahorita, sobre todo quienes se manifiestan en contra, a quién le pagan la luz ahorita?. Se le paga a la Comisión Federal de Electricidad, y mi pregunta sería por cuántos años estaría pagándose. Por cuánto tiempo va a estar endeudado Baja California con la CFE si no se hace este documento?. No hay límite”, afirmó.
No obstante, la administración estatal no le compra la energía a CFE sino a un suministrador calificado, que es la empresa ORCA Energy.
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