Según investigaciones y testimonios recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), citados por el diario Reforma este martes 3 de noviembre, al menos cuatro ex gobernadores que eran militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están implicados con la llamada “Estafa Maestra”.
Este era un mecanismo a través del cual durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior de diversos estados, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Según el mismo rotativo, entre los señalados por testigos se encuentran los ex mandatarios estatales del Estado de México, el actual senador Eruviel Ávila Villegas (16 de septiembre de 2011-15 de septiembre de 2017); de Hidalgo, Francisco Olvera Ruiz (1 de abril de 2011-4 de septiembre de 2016).
Así como los ex gobernadores de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes (12 de septiembre de 2010-11 de septiembre de 2016); y, Roberto Borge Ángulo, de Quintana Roo (5 de abril de 2011-24 de septiembre de 2016).
El mismo diario publicó ayer lunes 2 de noviembre, que Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante la titularidad de Rosario Robles Berlanga, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto- ofreció convertirse en testigo protegido de la FGR.
Según el ex funcionario federal, tanto Peña Nieto, como Robles Berlanga orquestaron un plan para desviar recursos a las campañas electorales del PRI en el Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas, entidades en las que se ubican las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social.
Dichas instituciones recibieron los contratos de la llamada “Estafa Maestra”, recursos para las campañas priístas que se operaron durante las dirigencias de Manlio Fabio Beltrones Rivera (20 de agosto de 2015-20 de junio de 2016) y Enrique Ochoa Reza (12 de junio de 2016-2 de mayo de 2018) en el PRI nacional.
Según el mismo rotativo, otro personaje clave en la operación de la llamada “Estafa Maestra” fue Simón Pedro de León Mojarro, cuñado del ex gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y ex coordinador de delegaciones de la SEDESOL durante la titularidad de Robles Berlanga en ambas secretarías.
“Además de Zebadúa, hay otros tres ex colaboradores de Robles que también negociaron el criterio de oportunidad para ser colaboradores de la FGR”, según indicó el diario Reforma.
Se trata de José Antolino Orozco Martínez, ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional; Marcos Salvador Ibarra Infante, ex director general de Coordinación de Delegaciones; y, María del Carmen Gutiérrez Medina, ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en la SEDATU y la desaparecida SEDESOL.
“Horacio Duarte Olivares, cercano colaborador de Andrés Manuel López Obrador, operador electoral de Morena y actual director de Aduanas, adelantó que en la trama de la ‘Estafa Maestra’ surgirán más implicados”, abundó el rotativo.
“Se desmorona el pacto de silencio construido desde el interior de las mafias que gobernaron a México. Peña Nieto, Emilio Zebadúa, Rosario Robles y una lista de más nombres que están por salir.”#UnPeligroParaMexico”, escribió Duarte Olivares en su cuenta de la red social Twitter.
Ayer lunes 2 de noviembre, el diario Reforma, señaló que fuentes del Gobierno Federal “confirmaron que hace apenas unos días el ex funcionario [Zebadúa González] acudió a la Fiscalía General de la República para solicitar el criterio de oportunidad, es decir, colaborar con las investigaciones en curso a cambio de inmunidad penal”.
“En su primer acercamiento para iniciar la negociación de este beneficio, ofreció revelar que fue Robles, vinculada a proceso desde agosto de 2019, quien le dio indicaciones para operar los contratos de las dos dependencias federales, a través de los cuales se desviaron más de 5 mil millones de pesos”, señaló el rotativo.
“También hizo saber que cuenta con información que relaciona al ex Presidente Peña Nieto con la ‘Estafa Maestra’, la cual está dispuesto a exponer en el momento en que le sea requerida por el Ministerio Público Federal.
Zebadúa también está dispuesto a detallar que los recursos desviados de la Sedatu y la Sedesol fueron usados para financiar las campañas del PRI en casi todos los estados de la República durante el sexenio pasado”, abundó Reforma.
Asimismo, el ex oficial mayor de la SEDATU y la SEDESOL Federal también ofrece proporcionar nombres de personajes relacionados con el caso de la llamada “Estafa Maestra”, un mecanismo a través del cual durante el sexenio pasado, las instituciones antes mencionadas, suscribieron convenios y contratos, principalmente con instituciones de educación superior, por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos.
Chiapas, Estado de México, Morelos, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas son las entidades en las que se encuentran las universidades, institutos, sistemas de radio, televisión y comunicación social que recibieron los contratos, recordó el Reforma.
“El Código Nacional del Procedimientos Penales contempla el criterio de oportunidad como una figura que permite a la FGR extinguir o cancelar la acción penal en favor de la persona que aporta información esencial para perseguir un delito más grave al que le imputan. Pero se hace efectivo hasta que el beneficiario comparece a declarar en una audiencia de juicio contra el imputado”, detalló el rotativo.
LA ACUSACIÓN CONTRA EMILIO ZEBADÚA
La Secretaría de la Función Pública (SFP) Federal denunció a Emilio Zebadúa González -Oficial Mayor de la SEDESOL y la SEDATU, durante la titularidad de Robles Berlanga- ante la FGR, por enriquecimiento ilícito, al no poder comprobar el origen de 13.2 millones de pesos, según concluyó en la Verificación Patrimonial VP/026/2018.
Según el diario Reforma, la investigación de la SFP inició el 1 de julio del año pasado, pero antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) detuvo la denuncia alegando fallas legales.
Después, el 3 de julio del 2018, el entonces funcionario federal fue citado para hacer sus aclaraciones sobre las presuntas incongruencias determinadas en su patrimonio y ofrecer las pruebas correspondientes.
En principio, la SFP indicó que debía aclarar una suma de 13 millones 485 mil 156 pesos con 74 centavos, correspondientes a los ejercicios de 2012, 2013 y 2015, de los cuales no justificó el importe de 13 millones 259 mil 271 pesos con 75 centavos, según las conclusiones de la Función Pública.
El 30 de julio, el 8 y 17 de agosto Zebadúa González presentó a la SFP escritos con sus aclaraciones, pero el 30 de octubre siguiente, Jéssica Rodríguez Mora, entonces directora Contable de Verificación Patrimonial de la SFP, concluyó que sólo aclaró 225 mil 884 pesos con 99 centavos.
Después de siete meses de litigios, el actual Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador reactivó la acusación contra Zebadúa González, y, el 24 de junio pasado, la SFP obtuvo un amparo para que la FGR retome la denuncia.
El rotativo recordó que a inicios del sexenio de López Obrador, la FGR rechazó la denuncia por un presunto enriquecimiento ilícito contra el ex funcionario federal, de 58 años de edad, al argumentar que el denunciante, Alejandro Gonzalo Aurelio Ríos Puente, subdirector de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos en la SFP, carecía de legitimación.
El 15 de noviembre, Ríos Puente presentó la denuncia ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la FGR, por el procedimiento de verificación patrimonial, que concluyó que Zebadúa González no había justificado 13.2 millones de pesos.
Según documentos judiciales citados por Reforma, el 6 de diciembre pasado, la SIEDF estableció que el Reglamento como el Manual Organizacional de la SFP, delegaban al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales.
Por ser subdirector, para la FGR, Ríos Puente no podía ser denunciante, y tampoco era procedente su petición de reconocer a la SFP como coadyuvante del Ministerio Público, ni como víctima u ofendido, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0001647/2018, indicó el rotativo.
Esta decisión implicó un retraso en la investigación de por lo menos siete meses, porque la SFP recurrió a los tribunales para reclamar que fuera aceptada la denuncia contra Zebadúa González en la FGR.
Fue hasta diciembre pasado, la que la SFP presentó un amparo contra la decisión de la FGR. Sin embargo, Julio Veredín Sena Velázquez, juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, desechó la demanda.
La SFP impugnó dicha determinación judicial y fue el pasado 4 de abril que consiguió que el Tercer Tribunal Colegiado Penal ordenara al juez Veredín Sena Velázquez aceptar el amparo que presentó contra la decisión de la FGR.
El pasado 24 de junio, Veredín Sena Velázquez finalmente le otorgó el amparo a la SFP, precisando que la FGR no advirtió que el último párrafo de la fracción X del artículo 25 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública también facultaba a los subdirectores para presentar querellas.
El fallo judicial obligaba a la FGR a cancelar su acuerdo con el que invalidó al denunciante Ríos Puente, y, al mismo tiempo, a emitir uno nuevo en el que argumentara sobre la procedencia de la misma.
Zebadúa González fue consejero ciudadano del ahora exinto Instituto Federal Electoral (IFE) durante los comicios federales del año 2000. Después, de 2001 a 2003 se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado de Chiapas. También fue presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
En 2003 fue postulado y electo diputado federal del Partido de la Revolución Democrática. Luego, en 2006, manifestó públicamente su intención de ser candidato a gobernador de Chiapas, y aseguraba ser el favorito en las encuestas para el cargo, sin embargo, el PRD postuló al ex alcade de Tuxtla Gutiérrez, Juan Sabines Guerrero.
Zebadúa González protestó ante el hecho y renunció al PRD, para luego aceptar la candidatura por el Partido Nueva Alianza (PANAL). No obstante, el 10 de agosto de 2006 declinó en favor de José Antonio Aguilar Bodegas, candidato de la Alianza por Chiapas, quien perdió ante Sabines Guerrero.
El pasado 4 de agosto se conoció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de María del Rosario Robles Berlanga y de Emilio Zebadúa González, por el posible desvío de recursos públicos durante su gestión como titular y oficial mayor, respectivamente, de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Una semana antes, Santiago Nieto Castillo, el titular de la UIF, dio a conocer que ya habían sido bloqueadas las cuentas de seis ex funcionarios presuntamente involucrados en este presunto desvío de recursos públicos, que según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mismo que podría ascender a 7 mil 670 millones de pesos.
El pasado 26 de octubre, María del Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, acusó a la Fiscalía General de la República (FGR), mantenerla como rehén debido a que, según aseguró, no ha aceptado colaborar.
A través de una carta escrita a mano, la ex funcionaria federal señaló que no optará por recurrir a lo que llamó la “falsa delación disfrazada de testigo colaborador”.
“Llevo más de un año privada arbitrariamente de mi libertad. La prueba más contundente es la confesión pública del propio Fiscal General de que prácticamente me tienen como rehén -porque no he querido colaborar- para que obtengan la información que ellos quieren (no importa que no sea verdad) y completar así el guion que han fabricado y que nada tiene que ver con la justicia”, afirmó Robles Berlanga.
La ex titular de la SEDESOL y la SEDATU Federal agregó que tiene información de la misma Fiscalía, que ofrecen impunidad a otros implicado en la llamada “Estafa Maestra”, a cambio de declarar “lo que ellos necesitan”.
Asimismo, Robles Berlanga destacó que la FGR pretende darle su libertad a cambio de que “señale como responsables excolegas míos, de mayor jerarquía en el gabinete del sexenio pasado, con el objetivo de dirigir hacia ahí sus baterías. Su teoría, sus hipótesis, nada tienen que ver con la verdad. Yo no mentiré para obtener mi libertad”.
El pasado 23 de septiembre, Robles Berlanga se declaró formalmente inocente del presunto delito que le imputó la FGR, institución a la que acusó de presionarla para que repare las presuntas omisiones por haber causado un daño a la hacienda pública por 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 025 centavos, en la llamada “Estafa Maestra”.
En la respuesta oficial a la acusación formal que realizó en su contra la FGR el pasado 26 de agosto, Robles Berlanga indicó que la petición de parte de la Fiscalía que se le condene el pago de la reparación del daño por dicha cantidad “es completamente violatoria a los principios de exacta aplicación de la ley, certeza jurídica, legalidad, seguridad jurídica y reglas del debido proceso”.
“Se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el Estado, dejando entrever que para obtener mi libertad debo delatar a otros funcionarios”, agregó Robles Berlanga.
La respuesta fue entregada a Ganther Alejandro Villar Ceballos, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, a quien la ex funcionaria federal solicitó cite a declarar a 15 testigos, entre ellos, al ex oficial mayor de la SEDESOL, Emilio Zebadúa González, además de Juan Carlos Lastiri Quiroz, ex Subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social, y, a David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Asimismo, dentro de la carpeta judicial 314/2019, Robles Berlanga pidió al juez federal citar a declarar a Alberto Javier Sánchez Rojas, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, Vicente Agustín Mercado Zúñiga, Jaime Aranda Castillo, Javier Ortiz Moreno, Emilio Zebadúa, Javier Guerrero García, Víctor Manuel Tapia Castañeda, Armando Saldaña Flores, José Antonio Orozco Martínez, y a Marcos Salvador Ibarra Infante.
La ex funcionaria federal ofreció como medio de prueba las testimoniales de Juan Francisco Martínez Lavin, quien se desempeñó como enlace entre la Sedesol y la ASF; así como los de Aldo Pavón Segura, quien prestaba sus servicios para la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), un órgano descentralizado de la SEDATU, y quien fuera designado de manera provisional para atender las determinaciones y los pliegos de observaciones indicados por la Auditoría Superior de la Federación en el periodo comprendido entre el 2013 y el 2016.
Por otra parte, la ex titular de la SEDATU y SEDESOL Federal negó de manera categórica las acusaciones de la FGR, porque dijo que se apartan de la verdad y pretenden atribuirle la responsabilidad de hechos en los que nunca ha participado, ante lo que ofreció dictámenes periciales en materia de administración pública y contable tratar de desvirtuar la acusación de la Fiscalía.
“Siempre me he conducido con lealtad y honestidad en el desempeño de mis funciones, prueba de ello es que nunca se me atribuyó en su momento por ninguna autoridad superior, conducta reprochable, ni en la vía administrativa, ni en la vía penal”, afirmó Robles Berlanga en su respuesta
“[…] como tampoco lo hizo la Auditoría Superior de la Federación al momento de emitir el resultado de las auditorías forenses, tampoco lo hizo al momento de presentar los pliegos de observaciones a la cuenta pública, ni al momento de presentar los dictámenes técnicos”, detalló la ex funcionaria federal.
Robles Berlanga destacó que la acusación de la FGR es meramente de carácter político, y no jurídico, “lo cual consideró completamente injusto, pues los procesos penales no tendrían que servir para combatir a los adversarios políticos ni tampoco para cobrar afrentas del pasado, tampoco se tendría que utilizar la prisión preventiva para cobrar venganza, ni doblegar voluntades”.
“Hacerlo de esta forma ciudadano juez de enjuiciamiento, se traduce en una detención arbitraria, por injustificada, excesiva y desproporcional, pues en palabras del propio Fiscal General de la República [Alejandro Gertz Manero], se me exhibe ante la opinión pública y en los medios de comunicación, como un trofeo a la lucha de la corrupción del gobierno anterior, y se me mantiene en prisión, por no ser solidaria con el estado, dejando entrever que para obtener mi libertad ´debo delatar a otros funcionarios”, puntualizó.
