La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión contra Luis Videgaray Caso, ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Relaciones Exteriores (SRE), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, por cinco delitos federales relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas, cohecho y traición a la patria.
Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la FGR, señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña, así como de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
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Según informaron este martes 3 de noviembre, el diario Reforma y el medio digital LatinUS, con informes del Gobierno federal, con base en las declaraciones de Lozoya Austin, la FGR solicitó la captura de Videgaray Caso por un delito electoral, dos delitos de cohecho, uno de asociación delictuosa y uno de traición a la patria.
“El mandamiento judicial fue pedido en dos ocasiones a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, pero se devolvió el expediente para subsanar deficiencias”, señaló el Reforma. “El planteamiento para obtener la orden de aprehensión contra Videgaray podrá ser reformulado por la Unidad Especializada en Delitos Federales, de la FGR”, agregó el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez, en su medio digital LatinUS.
Ambos medios indicaron que la Coordinación General de Investigación de la FGR se disponía a pedir por tercera vez la aprehensión del ex funcionario federal, quien actualmente se desempeña como académico del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés)
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La imputación contra Videgaray Caso se basa en dos testimonios de Lozoya Austin. El primero, señalado en su denuncia de hechos realizada el pasado 11 de agosto, y el otro, en una ampliación que el ex director general de PEMEX rindió en octubre pasado.
La traición a la patria, un delito que se castiga con 5 a 40 años de prisión, es atribuido a Videgaray Caso porque supuestamente fue el responsable principal del financiamiento de Odebrecht a las campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ello desde la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.
La FGR considera que el ex funcionario federal colaboró en un acto contra la integridad de la Nación, porque el financiamiento electoral implicaba someter a una parte del Gobierno de México a una entidad extranjera como Odebrecht.
Según el alegato del Ministerio Público, Videgaray Caso habría realizado “actos contra la integridad territorial de la nación al gestionar e impulsar en agosto de 2014, Reformas Estructurales con la finalidad de someter a la nación a personas extranjeras brindándoles contratos para la exploración y extracción de petróleo e hidrocarburos”.
“Entre Peña Nieto y Videgaray existió un acuerdo para implementar un aparato organizado de poder que -desde las altas esferas del régimen- instrumentó lo necesario para obtener beneficios que afectan la soberanía de México, sometiéndola a personas y grupos, nacionales y extranjeros”, declaró Lozoya Austin ante la FGR, en su momento.
En su petición para el libramiento de la orden de aprehensión, la FGR consideró que Videgaray Caso cometió delito electoral al entregar recursos por un millón 664 mil dólares a Peña Nieto, durante su campaña por la Presidencia de 2012, gestionados con la empresa brasileña Odebrecht y que provenían de sobornos en el extranjero.
Sobre un primer delito de cohecho, se señala a Videgaray Caso de prestar ayuda a Peña Nieto para que, durante su periodo presidencial de 2012 a 2018, recibiera de las empresas Odebrecht y Braskem una cantidad aproximada de 5 millones 850 mil dólares y 84 millones de pesos, “para realizar actos injustos relacionados con sus funciones”.
Dichos recursos beneficiarían a Odebrecht con la adjudicación de un contrato para el proyecto de aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo (TULA I), así como para poder influenciar al presidente de la República para hacer realidad la Reforma Constitucional en Materia Energética.
En un segundo señalamiento por cohecho, se acusa a Videgaray Caso de entregar entre septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, la cantidad de 121 millones 500 mil pesos a los legisladores Ernesto Javier Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortés, entre otros, a fin de que emitieran su voto a favor de la Reforma Constitucional en Materia Energética.
En lo que se refiere al delito de asociación delictuosa, la FGR afirma que Videgaray Caso realizó sobornos a legisladores en acuerdo con el entonces presidente Peña Nieto y directivos de las empresas brasileñas Odebrecht y Braskem, por lo que presume un entramado de un grupo de personas para cometer ilícitos y obtener beneficio personal de ellos.
“El proyecto para procesar a Videgaray Caso fue presentado para consulta del Poder Judicial [de la Federación] y podrá ser replanteado para proceder en un futuro en contra del ex funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto”, agregó LatinUS.
A principios de septiembre pasado, estudiantes y ex alumnos del MIT exigieron la salida de Videgaray Caso de dicha institución educativa estadounidense, en donde destacaron las diversas acusaciones por corrupción del funcionario federal en la Administración de Peña Nieto.
“No sabemos si Videgaray será declarado culpable por un juez por cometer los crímenes él mismo. Sin embargo, la amplitud y profundidad de las acusaciones creíbles contra él plantean serias dudas sobre su autoridad moral para liderar proyectos de investigación”, subrayaron los estudiantes y ex alumnos del Instituto en su misiva.
Sin embargo, Martin A. Schmidt, rector del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), y los decanos David C. Schmittlein y Daniel Huttenlocher, aseguraron en una misiva, que Luis Videgaray Caso, es bienvenido en dicha comunidad académica.
Videgaray Caso respondió el pasado 20 de agosto a las acusaciones de corrupción realizadas por Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en su denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Lozoya Austin señaló a Videgaray Caso como uno artífices de un esquema para el enriquecimiento ilícito a su favor y el de Peña Nieto, además de ser receptor de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht y de dar dinero a legisladores para la aprobación de la reforma energética.
“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, apuntó el ex titular de la SHCP en una carta difundida en su cuenta de la red social Twitter.
“No sorprende que Lozoya intente ahora culpar a otros para salvarse. Es una actitud que corresponde con su personalidad. Tampoco sorprende que intente culparme precisamente a mí de sus actos indebidos: desde aquellos años es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la reforma energética, y de su conducta como servidor público”, añadió Videgaray Caso en otro tuit.
El también ex canciller indicó que está listo para atender algún llamado de la autoridad competente y contribuir así al esclarecimiento de la verdad. Asimismo, Videgaray Caso dijo que tras el fin del sexenio pasado decidió estar lejos de cualquier proceso y de decisión de política pública, y por ello se ha reservado sus opiniones sobre el caso Lozoya.
“Sin embargo, no voy a permitir que por una venganza política se me difame, y por ello habré de dirimir estos temas y defender mi honorabilidad a través de las instancias jurídicas correspondientes”, escribió Videgaray Caso, quien no tuiteaba desde noviembre del 2018.
