El jueves 22 de octubre de 2020 por la mañana, en su espectáculo de redes sociales, en el cual suele tener invitados a sus colaboradores para que “den cuentas” de los programas y proyectos que realizan a nombre del Gobierno del Estado, Jaime Bonilla Valdez, llevó al fiscal central de la Fiscalía General del Estado, Hiram Sánchez, y al comisionado estatal de Seguridad e Investigación, Carlos Alberto Flores.
Ambos acudieron al llamado del gobernador, para, en su tiempo, en su espacio y en su plataforma, dar un “informe” sobre lo sucedido un día antes en Tecate, cuando pretendieron detener a la alcaldesa Zulema Adams Pereira.
Como cualquier subordinado del Gobierno del Estado, de hecho como si aún integraran la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y no la autónoma Fiscalía General del Estado, tanto Sánchez como Flores concedieron a Bonilla el tiempo para satisfacer sus necesidades de “informar” para justificar el llamativo operativo que llevaron a cabo para aprehender a la alcaldesa.
No dijeron nada de profundidad, pero sí revelaron que actuaron conforme a la petición de un juez, de cumplimentar una orden de arresto ante el incumplimiento de pago por parte de la titular del Ayuntamiento de Tecate. Los dos funcionarios cuasi estatales permanecieron de pie con gesto adusto, pero al servicio del titular del Poder Ejecutivo estatal.
La realidad es que Bonilla pretendió justificar el abuso del poder por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) contra quien él ha hecho una guerra política-personal, la alcaldesa de Tecate, quien lo responsabilizó del hecho y de lo que pudiera sucederle a ella o a su familia. Luego que, efectivamente, más de 30 agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI) comandada por Flores, llegaran a las inmediaciones del Ayuntamiento, acompañados además de los medios de comunicación de su preferencia, para exhibir el momento en que detenían a la presidente municipal.
Ante tal despliegue de poder, los pick-ups de la FGE, de la GESI y la treintena de agentes, el Ayuntamiento respondió igual. Policías municipales acudieron a resguardar las instalaciones donde se encontraba Zulema.
Bonilla inició una guerra mediática y en redes sociales contra la alcaldesa, después de que esta se negara a aprobar a ciegas y en su Cabildo, una reforma de Ley que ni siquiera llegó, aquella para acortar el periodo de gobierno de la siguiente administración a tres años en lugar de seis, y porque el cabildo de Tecate fue el único que votó en contra la Ley Gandalla, la misma que permite a diputados y alcaldes hacer campaña de reelección sin separarse del cargo.
Luego de la negativa de Adams a votar bajo las órdenes de Bonilla, fue amenazada y de ahí se desataron una serie de eventos en su contra. Le disminuyeron la entrega de recursos económicos, el gobernador dejó de acudir al Pueblo Mágico, la acusó en un ataque de misoginia llamándola “Lady Salón de Belleza”, de no trabajar, intentó denostarla con ataques políticos y personales entre la población de Tecate, e incluso pretendió, a través de terceros, de inmiscuirse en su vida privada, haciendo públicos hechos falsos.
De todo ha hecho el gobernador para demostrar públicamente su enojo con Zulema Adams, de todo. Hasta llevar a los nada autónomos fiscal central y comisionado estatal de Seguridad, el aparatoso operativo para detenerla, a su presentación en redes sociales. Fue un exceso de poder político enviar más de 30 agentes a detenerla, cuando las decenas de órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de criminales, se las sortean entre los agentes para que las lleven en grupos de dos oficiales.
Pero la FGE no está actuando en autonomía, sino en contubernio con el Gobierno del Estado. Si el juez ordenó el arresto de la edil tecatense, lo pudieron haber llevado a cabo sin tantos elementos y sin sus medios de comunicación, pero hacerlo de esa forma solo encaja con el afán de Bonilla de exhibir a quien desprecia públicamente por haberle llevado la contra.
No es gratuita la complacencia entre la FGE y el Gobierno del Estado. Para empezar, los titulares son compadres: Guillermo Ruiz Hernández, fiscal, lo es de Jaime Bonilla, el gobernador.
El Lector recordará aquel video cuando en la toma de posesión de Bonilla, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que la “Ley Bonilla” iba a pervivir (por cierto, no fue así), y que en el preámbulo de la plática, el gobernador llama “compadre” a Ruiz y se sorprende porque él no le tomará la protesta como fiscal, de hecho le tienen que explicar que esa facultad corresponde al Congreso del Estado.
Es evidente que no hay una línea que separe el compadrazgo de la actividad pública. Tan no lo es, que frecuentes visitantes a las jornadas del Gobierno del Estado, son los miembros de la FGE que en lugar de estar investigando para disminuir por ejemplo los asesinatos, que ya superan los 2 mil 300 casos en Baja California, cumplen el capricho del mandatario para que le acompañen.
Lo que sucedió en Tecate fue resultado de no tener una fiscalía autónoma, pero sí al servicio del gobernador y sus vendettas políticas. Sin tanto aparato, sin tanto espectáculo, pudieron aprehender a Zulema Adams como se los solicitó un juez, el mismo que ante el despliegue de elementos y de notas informativas y presión política, hubo de girar un desistimiento sobre la orden de arresto para no detener a la funcionaria.
Al final, el espectáculo mediático montado por la Fiscalía General del Estado y justificado por el gobernador de Baja California en su guerra personal contra Adams, se frustró. No pudieron detenerla, lo cual no significa que ahí terminará el conflicto.
Por lo pronto, el hecho sirvió para confirmar -otra vez- que la FGE, de autónoma no tiene nada. Será por el compadrazgo o porque no han sido desincorporadas sus finanzas de las del gobierno y no quieren ser objeto de la ira del Ejecutivo estatal, pero continúa respondiendo a las exigencias y caprichos del gobernador.
