Recursos de fideicomisos podrían ser para Tren Maya y Dos Bocas

Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.com
 
Edición Impresa lunes, 12 octubre, 2020 01:00 PM

Si el Senado de la República vota a favor del dictamen, más de 68 mil millones pasarán a la Tesorería Federal, sin que haya certeza de que el recurso se reasignará a los beneficiarios de ciencia, cultura, deportes y víctimas, entre otros. El dinero podrá ser utilizado para los proyectos presidenciales

Al tercer intento, en medio de protestas y en una sesión maratónica, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular la desaparición de 109 fideicomisos y fondos de México.

De ser aprobado el dictamen que reforma 18 leyes en el Senado de la República, el monto de los fideicomisos y fondos (estimado en 68.4 mil millones de pesos) será transferido a la Tesorería Federal. Una vez ahí, no existe certeza de que la Secretaría de Hacienda destinará los recursos a las dependencias, ni que estas los asignarán a los beneficiarios y programas que atendían en específico los fideicomisos y fondos que se extinguirán.

Para Eliseo Díaz González, investigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), la extinción de los fideicomisos y fondos se debe a que este gobierno “no quiere enfrentar los costos del mal manejo que ha hecho de la economía y de la mala respuesta que ha tenido por la pandemia de coronavirus, entonces lo más sencillo es ‘saquemos los fondos que tenemos guardados’. Eso es patear el bote para adelante, si lo hacen de esta manera a lo mejor llega a 2024 y la economía en lugar de haber caído 2% en el acumulado de los seis años, a lo mejor caerá 1%, entonces esa va a ser la ganancia que va a tener, pero al que sigue le va a dejar un problemón enorme y la contracción económica va a continuar en el siguiente gobierno, entonces será un empobrecimiento generacional”, advirtió el doctor en economía, quien resaltó que la actual administración ya se acabó los fondos transexenales.

Ante el difícil escenario que enfrenta el país, el Gobierno de México tendría que hacer un plan de austeridad “en serio”, pero hasta ahora la austeridad se ha utilizado para recortar fondos a áreas que no son del agrado de la actual administración, dijo el también integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II.

En una austeridad real tendrían que recortarse también los recursos a los “proyectos favoritos” (Tren Maya, refinería Dos Bocas, Aeropuerto Felipe Ángeles, etcétera). Esto no ha sido planteado por Hacienda, que, por el contrario, les destinó más recursos en el Presupuesto de Egresos de 2021.

En opinión de la abogada Érika Mendoza Bergmans, no está claro por qué están extinguiendo los fideicomisos: “La exposición de motivos de la iniciativa que votó la Cámara de Diputados empieza diciendo que se necesitan recursos para enfrentar la pandemia y para hacer una reactivación económica, pero tres párrafos después, se dice que los fideicomisos son opacos, no sirven y son mecanismos de corrupción”.

Es decir, “si se necesitan recursos la discusión tendría que ser de dónde podríamos sacar ese dinero, cuánto se requiere y para qué se necesita, y eso no implicaría extinguir los fideicomisos”.

La especialista aseguró que es una falacia señalar que los fideicomisos no son auditables, dado que el Artículo 6 de la Constitución federal establece que los recursos públicos de un fideicomiso (patrimonio afecto al fideicomiso) están sujetos a transparencia y rendición de cuentas. Tan es así que son auditados por la Secretaría de la Función Pública.

Aunque reconoció que los fideicomisos necesitaban revisión y ver cuáles funcionan bien, cuáles pueden mejorarse y cuáles extinguirse, eso debió hacerse conforme a “un análisis de caso por caso, porque cada fideicomiso es un mundo, tiene sus reglas y su objetivo, y funciona de diferente forma, entonces es un error decir si los fideicomisos de manera general sirven o no”, argumentó Mendoza Bergmans.

De manera que la desaparición de los 109 fideicomisos y fondos generará una mayor discrecionalidad en cuanto al manejo de los recursos que regresarán a la Tesorería en coincidencia con el año electoral (2021).

“El gran riesgo” al extinguir los fideicomisos es que el dinero destinado a un fin específico (ciencia, cultura, deporte, cambio climático, entre otros) podrá ser utilizado para el Tren Maya, el aeropuerto o para cualquier otra cosa, menos para el objetivo previsto. “Nadie está siendo claro en cuánto al dinero (que obtendrá el Gobierno Federal) y para qué lo va a destinar”, expuso la entrevistada.

 

MÉXICO, EN RIESGO ANTE DESASTRES NATURALES

Entre los fideicomisos y fondos que desaparecerán, se encuentra el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), cuyos recursos suman 15 mil 566 millones 748 mil pesos, según el diputado Héctor Cruz Aparicio, quien destacó que su desaparición podría dejar al país en “una condición muy vulnerable”, puesto que no se contarían con recursos para apoyar a la población ante fenómenos naturales.

“La situación presenta un panorama particularmente grave para Baja California, pues al ubicarse en zona sísmica, necesitaría de recursos extraordinarios en caso de volver a afrontar un terremoto como el de 2010 o peor”, destacó el legislador de Encuentro Social.

Esta semana, al comparecer en el Senado, el propio secretario de Hacienda federal, Arturo Herrera Gutiérrez, señaló que lo se tenía que determinar “con mucho cuidado es cómo vamos a estar fondeando las contingencias que ocurren en un país que está expuesto de manera muy clara a huracanes, en la Península de Yucatán y a terremotos en la zona que va de Guerrero, Oaxaca, Puebla, y CDMX”.

Dijo que el Fonden tiene 6 mil millones de pesos, pero también pasivos por 21 mil millones. “Cuando se cierre no se repartirán los recursos del Fonden, sino las deudas que tiene el Fonden”, ello pese a que la dependencia a su cargo y la Secretaría de Seguridad Ciudadana son quienes lo administraban.

La aprobación de la extinción del Fonden sucedió cuando el huracán “Delta”, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, tocó tierra en la Península de Yucatán y dejó alrededor de 7 mil damnificados.

 

MORENA IGNORA LLAMADO DE COMUNIDAD CIENTÍFICA

El dictamen aprobado en lo general y particular el jueves 8 de octubre modifica la Ley de Ciencia y Tecnología para extinguir 91 fideicomisos destinados a esa materia, de los cuales 26 corresponden a centros públicos de investigación.

Antes, durante y después de que la mayoría de Morena y partidos afines (PT y PVEM) aprobaran en lo general (con 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones) la desaparición de los fideicomisos y fondos, la comunidad científica hizo un llamado a que no se extinguieran los del sector, puesto que en la mayoría de ellos el recurso no proviene del Gobierno Federal, sino que es autogenerado.

Foto: Jorge Dueñes

Entre los fideicomisos que desaparecen se encuentra el del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (Cicese), por 71 millones 602 mil 610 pesos, y el de El Colef por 62 millones 297 mil 917 pesos.

El Cicese expresó su rechazo por la desaparición de su fideicomiso, e indicó a ZETA que el recurso de este está constituido “exclusivamente” por recursos que la institución genera.

Los fondos “provienen principalmente de contratos con Pemex y overhead (gastos generales) por la administración para la realización de proyectos de investigación con otras instituciones (no proyectos Conacyt)”.

En 2020, el fideicomiso destinó poco más de 4 millones de pesos al proyecto de Medición y Análisis Metocéanico en aguas profundas del Golfo de México, y 519 mil 517 pesos para el fortalecimiento de infraestructura de diversas áreas (información disponible en la plataforma de transparencia nacional).

En cuanto al fideicomiso de El Colef, Eliseo Díaz González (catedrático de la institución) comentó que este fue creado con fondos extranjeros en los primeros años de la creación del Colegio y que existe transparencia en el manejo de los recursos.

Díaz González compartió que los fideicomisos proporcionan una mayor flexibilidad a las instituciones de contar con recursos para solventar necesidades (cuya gestión presupuestal tardaría años ante Hacienda). En ese sentido, consideró que no debería ser un problema utilizar recursos propios de los fideicomisos para solventar las necesidades, siempre que su ejecución sea en apego a la Ley.

En suma, estos fideicomisos se forman con el esfuerzo de las comunidades, gracias al ahorro interno que se hace de los propios ingresos de las instituciones y no de recursos presupuestales, por lo que “no tiene ninguna lógica” que el Gobierno Federal se lleve esos recursos que no le pertenecen.

En la sesión de San Lázaro, el morenista Iván Arturo Pérez Negrón presentó una reforma al Artículo 54 de la Ley de Ciencia y Tecnología para que los fideicomisos con recursos propios o en colaboración con otras entidades públicas o privadas sean destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de gobierno.

Sin embargo, esto no resuelve dónde se depositarán los recursos propios de los centros públicos al desparecer los fideicomisos, observó Díaz González. “La gran pregunta es cómo van a operar los centros de investigación, si hay alguna persona que quiera hacer un donativo, dónde se va a depositar ese dinero, o se meterá a gasto corriente”, interrogó.

Y reflexionó que es “un golpe muy fuerte” a la ciencia el que desaparezcan los fondos mixtos y sectoriales (como el de Conacyt-Gobierno de Baja California): “No pueden decir que los van a sustituir, que va a continuar dándose ese recurso, porque de dónde van a sacar. Se llevan el dinero y luego te lo van a regresar, eso no tiene sentido”.

Ante esta situación, estimó que se verá “una cancelación muy grande de proyectos de investigación” y existe incertidumbre sobre lo que sucederá con aquellos proyectos que son multianuales y están empezados.

La abogada Érika Mendoza Bergmans afirmó que “la extinción de fideicomisos sí rompe con la multianualidad de proyectos científicos”, y con ello se deja la ejecución de proyectos de ciencia en terreno político, “lo que no conviene para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México”.

Cabe destacar que el Fonden, el Fondo de Ciencia y Tecnología y el de micro, pequeñas y medianas empresas, desaparecerán hasta el 30 de junio de 2021, en lugar de extinguirse 30 días después de que entre en vigor el decreto, luego de que se aprobara una reserva para ello.

DESAPARECE FIDEICOMISO PARA VÍCTIMAS

Después de 18 horas ininterrumpidas de sesión en San Lázaro, en las que se presentaron más de 398 reservas, pero solo se avalaron 12, el diputado por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, se pronunció en contra de que desaparecieran 35 fideicomisos y fondos, entre estos el de ayuda, asistencia y reparación integral que apoya a víctimas, así como el fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

“Los compañeros que dicen que estos apoyos están y que se van a entregar de manera directa, incluido el Presidente y el secretario de Hacienda, tienen la obligación de decirnos dónde están, de qué tamaño son esos montos, cómo se van a entregar, cuáles serán las condiciones para que esto se haga, si no está siendo así, estamos siendo profundamente irresponsables”, espetó.

El objetivo de un fideicomiso

La abogada Érika Mendoza Bergmans explicó que un fideicomiso es un vehículo jurídico de cumplimiento de fines y objetivos específicos. Es decir, un contrato público o privado con un fin específico, reglas para que se logre el objetivo y conformado por tres partes:

  1. Fideicomitente. Es quien pone los fondos o recursos federales, que generalmente es la Secretaría de Hacienda u otra entidad federal que puede aportar recursos autogenerados.
  2. Fiduciario. Quien administra lo aportado, generalmente se trata de un banco y se encarga de que este cumpla su objeto; para ello se establecen reglas claras.
  3. Fideicomisario. Quien recibe el beneficio o patrimonio del fideicomiso.

La diputada panista Lizbeth Mata Lozano, indicó a ZETA que se analiza cómo se están eliminando el Fonden, el Fortaseg, el Fondo Metropolitano y el Fondo Migrante (que cuentan con reglas de operación), sin que esos recursos “vengan direccionados en ninguna otra forma” en el Presupuesto de Egresos de 2021.

La legisladora recriminó que en parlamento abierto se haya “simulado que escucharon a deportistas y a artistas”, pero al final se elimine el Fodepar de cara al ciclo olímpico. Lo cual afecta a Baja California, toda vez que es la tercera entidad con más apoyos en el país, y ya no se contarían con esos recursos.

En la sesión en San Lázaro, el diputado morenista Érick Morales presentó una reserva que le fue admitida para que se cambiara el verbo “podrá” por “deberá” en tres artículos de la Ley Federal de Cultura y Deporte para que la Comisión Nacional del Deporte esté obligada a proporcionar los recursos. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 la institución trae una reducción mayor a 107 millones de pesos respecto al monto asignado en 2020.

 

FRENA OPOSICIÓN EXTINCIÓN DEL FONDO DE SALUD

Luego que el 6 de octubre legisladores de la oposición tomaran la tribuna y obligaran a un receso, el morenista Iván Pérez Negrón retiró la reserva que había presentado para extinguir el Fondo de Protección contra Gastos Catastrófico y obligar al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a reintegrar a la Tesorería alrededor de 100 mil millones de pesos.

Dicho fondo, también conocido como Fondo Salud, destina recursos a la atención de pacientes con VIH/Sida, cáncer, hemofilia, entre otras enfermedades tratadas en el Seguro Popular (ahora Insabi).

La abogada Érika Mendoza Bergmans indicó que lo visto esta semana en la Cámara de Diputados es la continuación de lo sucedido en abril pasado, cuando el Presidente decretó la desaparición de los fideicomisos con excepción de aquellos que fueron creados por decreto legislativo.

Al no tener facultades para extinguir esos fideicomisos, es necesario que el Congreso de la Unión avale la desaparición de estos. Agregó que las personas que sean afectadas por la extinción de fideicomisos tendrán medios de impugnación disponibles como un juicio de amparo, para combatir judicialmente lo avalado por el Poder Legislativo, por lo que anticipó un proceso difícil la extinción de los fideicomisos.

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