Vecinos de Vista al Mar y sus representantes mantienen una pugna con al menos 13 empresas transportistas y pesqueras asentadas en la delegación -con usos de suelo habitacional, industrial y turístico mezclados-, derivando en una convivencia conflictiva recientemente acentuada
La convergencia de al menos tres usos de suelo en superficies contiguas, falta de una visión integral de desarrollo ciudad-puerto-industria, carencia de permisos por parte de empresas, intereses económicos, contaminación, permisividad de autoridades y el intento de regulación por parte de las mismas, ha generado un conflicto en la zona de Fondeport y la colonia Vista al Mar en El Sauzal de Rodríguez.
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El conflicto escaló en semanas recientes, concretamente el 30 de septiembre, tras el intento de clausura por parte del Ayuntamiento de Ensenada contra la empresa TP Intermodal, dedicada al almacenamiento de equipo de transporte (principalmente contenedores utilizados para el traslado de mercancías en barcos) en un terreno que desde 2014 le renta Administración Portuaria Integral (API) con vigencia a 2024.
Dicha acción provocó una manifestación de transportistas y empleados de empresas sobre la carretera Ensenada-Tecate (Ruta del Vino) hasta plantarse frente al Museo del Vino, donde el alcalde Armando Ayala Robles rindió su Primer Informe de Gobierno el sábado 3 de octubre.
Empresarios de la zona acusan dilación y hostigamiento por parte de la autoridad municipal, en tanto vecinos se quejan de ruido y tránsito de camiones en zona habitacional, así como de contaminación de las pesqueras y harineras.
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El Ayuntamiento amaga con clausuras y, a cambio de no hacerlo, ha exigido donaciones. Por su parte, el gobierno estatal ha anunciado más mesas de trabajo para tratar de dar certidumbre a las partes y la API programó una entrevista con ZETA para el martes 13 de octubre.
El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCPE) 2008-2030 establece que el uso industrial de la ciudad se concentra en la delegación El Sauzal, en un corredor previamente planificado, con una superficie de 119.51 hectáreas (según datos de 2007) de un total de 692.16 hectáreas en dicha delegación.
El mismo documento indica que el sector Sauzal demanda principalmente uso de suelo habitacional. Hasta 2007 se tenían contabilizadas 344.15 hectáreas con ese tipo de uso de suelo.
El PDUCPE también da cuenta de las prioridades para el Puerto de El Sauzal: las tres primeras son infraestructura, conectividad y desarrollo logístico, así como uso de suelo y ordenamiento territorial.
EMPRESAS SEÑALADAS POR VECINOS Y SUS REPRESENTANTES
En un escrito dirigido al alcalde Armando Ayala Robles con fecha 10 de septiembre de 2020, vecinos de la colonia Vista al Mar enlistan 13 empresas asentadas en la zona, nueve pesqueras, tres de transportes y una de almacenamiento de contenedores, todas estas por problemas de control urbano y contaminación.
Nakato Fresh Fish Food, Empacadora San Miguel, Mar Viviente del Pacífico, Procesadora Mar de Ensenada, Pesquera México, California Bahías, Pesquera Han Young, Aene Produce y la pesquera en construcción de Aarón Manuel Rochín, son señaladas como no compatibles para desarrollar sus actividades en la zona, contaminar las calles y el aire, no contar con uso de suelo o haberlo obtenido de manera ilegal, entre otras faltas.
Respecto a las empresas transportistas, acusan a Transportes de Carga Santa Lucía, Comandos Shuttles y Transporte Lara. La primera, por no contar con dictamen de uso de suelo y el predio donde se ubica no es compatible con la actividad que realiza; la segunda, por infringir la matriz de compatibilidad y la carta urbana del PDUCP; mientras que la tercera violenta la matriz de compatibilidad y la carta urbana del PDUCP.
De TP Intermodal, sostienen que no cuenta con dictamen de uso de suelo y que el predio donde se ubica no es compatible con la actividad que realiza (pensión de tracto camiones y contenedores de carga marítima), toda vez que violenta la matriz de compatibilidad y la carta urbana del PDUCP.
Asimismo, las calles de la colonia Vista al Mar son incompatibles con las actividades de estacionamiento de vehículos de carga pesada.
El propio alcalde dio la razón a los vecinos al emitir un comunicado en el que adelantaba la continuación de acciones de ordenamiento en la zona, tras “denuncias contra empresas asentadas de manera irregular en El Sauzal”.
Recalcó que la indicación es clara: “No se va a permitir más desorden, porque no tenemos compromisos con nadie. Tampoco queremos afectar a nadie, simplemente otros gobiernos dejaron crecer el desarrollo urbano sin control y hoy estamos pagando las consecuencias”.
Por su parte, Héctor Villalobos Buelna, director de Administración Urbana, Ecología y Medio Ambiente, subrayó que el representante legal de TP Intermodal, SA de CV se negó a la diligencia a cargo del personal de la dirección que encabeza. Incluso colocaron un contenedor al ingreso de sus instalaciones para evitar la clausura.
Precisó que la actuación consiste en clausura temporal por falta de licencias de operación y no se encontró evidencia de que la empresa cuente con dictamen de uso de suelo, como tampoco licencia de construcción, operando hasta el momento fuera del marco legal que establecen la Ley de Edificaciones del Estado de Baja California y el Reglamento de la Ley de Edificaciones para el Municipio de Ensenada, Baja California.
PESQUERAS SE DEFIENDEN ANTE CCEE
El lunes 5 de octubre, diversas empresas ubicadas en la zona de El Sauzal estuvieron presentes en la sesión semanal del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE) para abordar su problemática con la autoridad municipal y los vecinos de Vista al Mar.
Jaime Cabrales, representantes de Harinera Live Beay, recordó que el problema inició en diciembre de 2019, cuando tras una reunión de vecinos, el gobernador Jaime Bonilla Valdez ordenó las clausuras.
“Hemos ingresado documentos que avalan nuestra actividad, sabemos que ya está para ser firmado, pero no lo emite el Ayuntamiento, tenemos dictámenes de uso de suelo, pero nos están negando la factibilidad”, expuso Cabrales.
Por su parte, Óscar Salgado, representante de Empacadora San Miguel, reclamó que hace 15 días el Ayuntamiento intentó cerrar la planta bajo el argumento de tener mil 800 metros de impacto ambiental autorizados, cuando la superficie es de 3 mil 800 metros, todos para uso industrial. Acusa que, desde la llegada de Villalobos a Control Urbano, a finales de mayo, se les ha insinuado la clausura de la empresa.
Finalmente, Servando Valenzuela, representante de Nakato, afirmó contar con uso de suelo, no así con licencia de operación. Hace un mes un inspector del Ayuntamiento llegó a clausurar por la falta de licencia, misma que -sostuvo- está en trámite.
NIEGA TP INFRINGIR MATRIZ, ACUSA A INVERSIONISTA Y ABOGADO
Jorge Medina, de TP Intermodal, negó que su actividad se contraponga con la matriz de compatibilidad del PDUCPE, además de reconocer la preocupación legítima de algunos vecinos, aunque acusa intereses detrás por parte del inversionista Enrique Ibarra -quien compró la casa del General Abelardo L. Rodríguez con uso de suelo turístico- y el abogado Jaime Palafox.
Junto con su abogado Félix Ojeda, explicó que el principal argumento de sus detractores es que, si bien está asentado en uso de suelo industrial, la actividad de terminal intermodal no es compatible con dicha matriz.
Sin embargo, lo intermodal es solamente el nombre, ya que su empresa almacena equipo de transporte, no convergen dos medios de transporte, no es un lugar de destino ni transferencia y no se toca la carga, como sí ocurre en una terminal intermodal regulada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Debido al crecimiento del puerto, la API decidió retirar el almacenamiento de contenedores del puerto y destinó un terreno en El Sauzal para tal fin, mismo que opera TP. De acuerdo con Medina, se gestionaron los permisos “y no lo hicimos por muchas razones, no voy a justificarme”, hasta que en octubre de 2019 se terminó de integrar el expediente y el Ayuntamiento procedió a multar.
En diciembre de 2019, cinco años después de estar operando, ingresaron los trámites al municipio y en enero del año en curso vino más presión de los vecinos y sus representantes, pero llegaría la primera clausura.
Tras esa primera clausura se hicieron varios acuerdos entre vecinos y la empresa, además de que el Ayuntamiento exigió la donación de un camión recolector de basura. Entre esos compromisos figuraba la posibilidad de que TP se reubicara, a lo que Medina aceptó estudiarlo, con la precisión de que contaba con un contrato hasta 2024 con la API. Fue entonces que le ofrecieron terrenos de Jaime Palafox a pie de carretera en El Sauzal.
En marzo, dijo, se obtuvo la factibilidad por parte del Ayuntamiento, pero la autoridad comenzó a solicitar estudios complementarios para obtener la licencia, trámite detenido en Control Urbano.
Ojeda y Medina lamentaron que el alcalde solamente esté oyendo la parte de los vecinos y no dé audiencia a los empresarios; tuvo que ser el gobernador quien los atendiera el sábado 3 de octubre afuera del Museo del Vino.
TP, insistieron, representa solamente el 1.8% del total del tránsito por la zona y el 28% del total de camiones que transitan por Vista al Mar.
“Ya conviven en una misma zona lo industrial y lo comercial, estamos a tiempo de definir cómo y hasta dónde crece el sector, logrando armonía sin aniquilar fuente de trabajo”, reflexionó Jorge Medina.
Sugirió determinar a largo plazo las zonas adecuadas por el desarrollo de la actividad industrial, ya que efectivamente hay gente con derechos en esa zona, mientras que a corto plazo la autoridad debe dar certidumbre a quienes ya están ahí con factibilidad y uso de suelo. “Si el puerto crece, avasalla y no pregunta, además forma parte de una planeación federal por encima del Estado y Municipio”, remató.
ORDEN, CERTIDUMBRE Y ESTADO DE DERECHO: ESCOBEDO
Cuestionado sobre el conflicto, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, declaró que la autoridad está conminando al cumplimiento del Estado de Derecho, como en El Sauzal, donde se asientan empresas con impacto ambiental en perjuicio de los ensenadenses.
Escobedo, quien fue designado por el gobernador para encabezar nuevas mesas de trabajo, se pronunció porque las actividades se desarrollen conforme el uso de suelo; si tienen actividad no compatible, habrá que trabajar para reubicarlos, posiblemente en terrenos que el gobierno estatal tiene cerca.
“No podemos apostarle a que el puerto de El Sauzal no crezca, pero que lo haga con orden, darles certidumbre a los inversionistas”, finalizó el funcionario estatal.
