La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó ayer viernes 16 de octubre, que como parte de la “política de austeridad republicana”, recortó la plaza de subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad, misma que estaba a cargo de Luis Gutiérrez Reyes, quien, a su vez, fue designado como nuevo director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
“La cancelación de la plaza de Subsecretario de Responsabilidades y Combate a la Impunidad no implica ninguna afectación a las atribuciones, facultades y trabajos que la Función Pública lleva a cabo. Todas las áreas adscritas a dicha subsecretaría seguirán desarrollando sus funciones con total normalidad”, indicó la institución Federal en un comunicado.
Según la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, el ahora ex subsecretario impulsó acciones, programas y políticas en materia de ética, integridad pública, prevención de conflictos de intereses e investigaciones sobre faltas administrativas que cometan las personas servidoras públicas.
Función Pública anuncia cambios en la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad
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— SFP México 🇲🇽 (@SFP_mx) October 16, 2020
El pasado 15 de octubre, la Secretaría de la Función Pública Federal dio a conocer un proyecto de protocolo para que los particulares que participen en compras públicas, manifiesten posibles conflictos de interés y otros vínculos de tipo laboral, familiar y personal.
El proyecto contempla que se lleve un registro de todos los contactos telefónicos, virtuales y presenciales que tengan los particulares con los funcionarios públicos durante todo el proceso de contratación y que, a partir de cierto monto, se videograben dichos actos.
El documento fue presentado por Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción -llevada a cabo de forma virtual-, cuyo órgano colegiado deberá analizarlo y en su caso aprobarlo.
“El protocolo que hoy presentamos prevé la entrega obligatoria de un manifiesto a través del cual los particulares declararán los posibles o probables conflictos de intereses, así como los vínculos y las relaciones, no solamente las evidentes que tienen que estar declarando, que son las relaciones de negocios, las relaciones laborales, personales, familiares, sino cualquier tipo de vínculo que pueda generar alguna alerta que tengamos que conocer”, informó Sandoval Ballesteros.
“En este protocolo que estamos presentando estamos incorporando las mejores prácticas internacionales para detectar situaciones de alerta y estamos integrando reglas que permitirán registrar las comunicaciones telefónicas previas, las reuniones virtuales o presenciales que se realicen alrededor de estos procedimientos y, evidentemente, las visitas o los actos públicos derivados de estos procedimientos, a los cuales se les aplicará inclusive la obligatoriedad para los diferentes entes públicos de videograbar reuniones y visitas y actos públicos cuando el proceso de contratación correspondiente rebase cierto monto”, detalló la titular de la SFP.
