En Baja California, como en otros estados, los ciudadanos han hecho de las marchas, bloqueos, plantones y manifestaciones públicas, la principal muestra de participación ciudadana, acciones políticas que buscan incidir en la esfera pública.
Los maestros protestan para que les paguen sueldos atrasados, los padres de niños con cáncer por falta de medicamentos o por la reapertura de negocios en medio de la pandemia. Pero la mayoría de estos movimientos comunitarios están motivados en la escalada de inseguridad y la falta de acciones, capturas y sentencias en homicidios, feminicidios y desapariciones sin resolver, ya que las autoridades no han sido capaces de garantizar la integridad física de los ciudadanos, reducir los índices de impunidad y la mejora en la incidencia de la violencia que tanto pregonan y, hasta ahora, la percepción ciudadana ha sido marginal y relativa.
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En los primeros nueve meses de 2020, la Fiscalía General del Estado ha ejecutado más de 3 mil órdenes de aprehensión, más de 300 asesinos fueron judicializados y más de 2 mil 500 narcomenudistas procesados. Pero comparado con el año pasado, solo lograron reducir la incidencia de homicidios en 39 muertes violentas y solo ocho asesinatos de mujeres han sido clasificados como feminicidios.
Respecto a las personas ausentes, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Baja California contabilizó 2 mil 700 víctimas en 2019 y 982 hasta el 2 de octubre de 2020 solo en Tijuana.
Las manifestaciones son cada vez más constantes, voces que se unen en un eco solidario, que toman las calles para reclamar a gritos justicia para sus muertos, para demostrar que están hartos, que no van a permitir que los gobiernos volteen a otro lado y los olviden, que no se van a quedar callados y no están solos.
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Comparten su dolor en voz alta: “Ya basta, ya basta… ya basta de tanta sangre y las autoridades no hacen nada, a mí ya me mataron a mi hijo, lo encontramos, pero no han detenido a los asesinos; yo continuaré exigiendo justicia”.
“¡Justicia, justicia! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, “¡Únete, únete, que tu hijo puede ser!”, son los gritos de desesperación ante la corrupción, incompetencia o ineficiencia de las autoridades.
“Ni una más”, “Gobierno machista, protestan contra la violencia de género”, “Estamos aquí porque estamos hartos de la injusticia, estamos hartos de la impunidad”, “No tenemos respuesta del gobierno, estamos hartos de no poder caminar en paz”, son los gritos de desesperación ante la corrupción, incompetencia o ineficiencia de las autoridades.
Proactivos, no se conforman. A partir de la llegada del internet, crearon decenas de páginas para compartir información de todo el país, buscando a su gente. Ya no se atienen a los tiempos de las autoridades, ahora toman las redes sociales para generar alertas y pedir información a la ciudadanía respecto alguna muerte o para buscar a sus desaparecidos, y lo hacen por lo menos tres días antes que las autoridades, 72 horas que son clave tras la comisión de un delito.
De esta manera, exponen a las autoridades y las obligan a hacer su trabajo, a buscar y rendir cuentas. Ciertamente, la medida los pone a merced de depredadores y oportunistas que buscan dinero fácil, pero quedarse inmóvil como los gobiernos no es opción.
“No hacen nada porque ellos -las autoridades- no han pasado por lo que nosotros hemos pasado, que se imaginen que les arrebatan sus hijos y entonces nos entenderían, solamente estamos pidiendo que hagan su trabajo”, es una consigna que se repite.
Otros familiares de víctimas han sido orillados a ir más lejos y someterse a mayores riesgos. Sin preparación y sin protección, se transforman en policías ciudadanos, pidiendo información y compasión, escudriñan las calles y su bajo mundo para dar con el paradero de sus desaparecidos. Así se convierten en receptores de la información que los investigadores de las fiscalías especiales debían estar descubriendo en sus carpetas.
En el límite de la desesperación, padres y hermanos han terminado buscando fosas, haciendo el trabajo de las fiscalías, escarbando en los cañones y veredas de las colonias y rancherías más inseguras en los municipios más violentos.
Todos dejan de respirar mientras el corazón se les ahoga de angustia cada vez que encuentran un nuevo cuerpo enterrado, deseando y repeliendo la idea de que ese cadáver en descomposición, pertenezca a su ser amado.
En fechas recientes, en Baja California los colectivos han localizado veinte cuerpos, hecho que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, tuvo la osadía de presentar como un resultado del gobierno estatal el 1 de octubre en la glosa del Informe.
Pero es el dolor lo que los mantiene en pie de lucha a las familias de personas asesinadas y desaparecidas. Y es el amor lo que los obliga a salir a las calles cada vez que los jueces y fiscalías incumplen con su obligación constitucional de brindar seguridad y paz, cada vez que la autoridad decide por opción fácil estigmatizar y desacreditar a las víctimas para evadir su responsabilidad y disfrazar su incapacidad en la resolución de los casos.
Más allá de los diferentes gritos y consignas, la exigencia de fondo es siempre la misma, investigadores y juzgadores confiables, eficientes y competentes que les brinden justicia expedita, pronta, gratuita, completa e imparcial. Un derecho humano y constitucional que nadie les ha podido garantizar.
