El Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó este jueves 22 de octubre, la minuta con lo que se considera procedente la petición de consulta popular que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar si se debe investigar o no a los ex mandatarios nacionales.
El dictamen, recibió 272 votos a favor de Morena, PT, PES y Verde, así como 116 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, por lo que se ordenó publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para expedir la convocatoria en la que los ciudadanos emitirán su opinión en el proceso de consulta popular.
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Dicho ejercicio ciudadano se llevará a cabo el primero de agosto de 2021, para conocer “las acciones de emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.
El pasado 7 de octubre, con Con 65 votos a favor, 49 en contra y 1 abstención, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, el dictamen que expide la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar si se debe investigar o no a los ex mandatarios nacionales.
Según lo establecido por la Ley de Consulta Popular, tras la declaración de constitucionalidad de parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) -lo que ocurrió el pasado 1 de octubre-, correspondía a la cámara de origen, en este caso el Senado, determinar si es procedente y trascendente.
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El artículo 26 de la Ley de la Consulta Popular se establece que el dictamen debía ser aprobado por la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión, mismo que expedirá la convocatoria mediante un decreto y se le notificará al Instituto Nacional Electoral (INE) para su organización, organización, desarrollo y conteo de los resultados de la consulta popular.
Dicho ejercicio se realizará de las 08:00 a las 16:00 horas del primer domingo de agosto del 2021, para lo cual instalarán casillas en lugares de fácil acceso, en las que se deberán procurar la accesibilidad a personas adultos mayores y con discapacidad.
El pasado 2 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la decisión de la SCJN, de declarar constitucional la consulta popular que él promovió para que se pregunte a los ciudadanos si los expresidentes deben ser investigados y juzgados o no.
Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal también se quejó de que los ministros de la SCJN cambiaran la pregunta original, ya que el mandatario nacional consideró que el nuevo cuestionamiento es “genérico y abstracto”.
“Por primera vez se va a llevar a cabo una consulta constitucional para decidir si se inician procesos garantizando derechos humanos en contra de los expresidentes de la República, esa fue la decisión de ayer, de la Suprema Corte de Justicia, se aprobó que se lleve a cabo esta consulta […] se cambió la pregunta, es otra, pero ya se va a ir descifrando, porque es un poco genérica”, dijo el político tabasqueño.
Incluso, López Obrador dijo que él plantearía cambiarla, lo que por ley ya no es posible. Sin embargo, confió en que, con el paso de los meses, los ciudadanos irán comprendiendo y aclarando el sentido de la pregunta, lo que fomentará la participación en la consulta.
“Fue un avance importantísimo lo de ayer, esa es mi reflexión, y también que nadie se preocupe más de la cuenta, nuestro pueblo es inteligente, es un pueblo sabio, un pueblo que sabe tomar decisiones y va a votar por lo que considere más importante para el país, para la nación, son ciudadanos de verdad, no imaginarios como era antes”, dijo el mandatario nacional.
“Están muy enojados los intelectuales orgánicos, ¿pero entonces en qué quedamos?, ¿somos demócratas o no?, ¿la política es asunto de todos o es nada más asunto de los políticos y de los expertos, y de los del llamado círculo rojo?, ¿no cuenta la opinión de los campesinos, de los obreros, de la mayoría de los mexicanos?”, cuestionó López Obrador.
El pasado 1 de octubre, con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes, que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sin embargo, los ministros aprobaron otra pregunta específica que se presentará a la población que participe en dicho ejercicio. Por ley, la nueva pregunta ya no puede ser modificada en ningún momento del proceso, además de que la SCJN enviará al Senado de la República el cuestionamiento aprobado, con objeto de seguir el trámite para la consulta popular.
Tras un receso en la sesión virtual, la nueva pregunta alcanzó un respaldo mayoritario, según lo explicó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta original, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
SUPUESTO COSTO DE LA CONSULTA A EX PRESIDENTES
El presidente López Obrador apoyó esta 7 de octubre la iniciativa que sería presentada por Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, para que la consulta popular respecto a los ex presidentes se realice el mismo día de las elecciones intermedias del 2021.
“Pues está muy bien porque lo que no quieren la consulta dicen que vamos a gastar 8 mil millones de pesos. Para empezar, si se queda en manos del INE, pues claro que va a costar 8 mil millones de pesos”, dijo el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
Monreal Ávila, también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara alta, informó ayer martes 6 de octubre, que presentaría una iniciativa para reducir el supuesto costo de la consulta ciudadana, que rondaría entre los 6 mil millones y los 8 mil millones de pesos.
