Desde el pasado mes de marzo, distintos despachos de abogados en toda la República Mexicana se sumaron en un colectivo que bautizaron como “Justicia COVID”, con la intención de apoyar con recursos legales a los pacientes de otras enfermedades con dificultan para acceder a los servicios de salud durante la pandemia.
En el caso de Baja California el despacho De la Peña Rivera, en colaboración con otros tres despachos que se sumaron al colectivo nacional, han interpuesto 34 amparos en los últimos siete meses, todos de manera gratuita y con el enfoque de favorecer a enfermos con padecimientos graves.
“En todos los casos no habría necesidad de que un abogado asista a un paciente, porque la salud es un derecho humano y una responsabilidad del estado cubrir de manera inmediata todos los servicios médicos a través de sus instituciones”, declaró el abogado Guillermo Rivera.
Rivera señaló que el objetivo de la abogacía no es sustituir la política pública, sin embargo, la pandemia por el COVID-19 empujó a que surgiera esta necesidad debido a que se agravaron las fallas en el sistema de salud púbica. Casos aislados de falta de medicamentos y reprogramación de cirugías se convirtieron en algo común.
Aunque también se han atendido casos de otros temas, como reconexión del agua potable y apoyo para personas internadas en centros penitenciarios, en la parte de los servicios relacionados a la salud han ayudado por falta de medicamentos (dando prioridad a los enfermos con algún tipo de cáncer) y autorizaciones para que personal médico en riesgo pueda hacer resguardo domiciliario.
También han atendido casos de malos o tratos o discriminación en la prestación del servicio médico, atención para pacientes confirmados con coronavirus y cirugías pospuestas; en este último caso, Rivera destacó el caso de un paciente en espera de un trasplante de riñón que requería una cirugía previa por una hernia.
Los argumentos que mayormente brinda la autoridad es la falta de insumos, personal o equipo médico para prestar los servicios, pero este no debería ser un problema que deba solucionar el paciente afectado.
“En esta parte judicial los jueces si han puesto de su parte, y un amparo es maravillo en el sentido de que obliga a la autoridad a cumplir y dejar de lado cualquier justificación. El juez llega y le dice que tiene 24 horas para resolver el problema y pueda brindar el servicio que se le demanda”, explicó.
Una parte de los casos atendidos han llegado “de voz en voz”, personas que fueron beneficiados por un amparo recomiendan a otros que apliquen la misma acción para obtener la atención; también los despachos realizan su propio monitoreo para identificar casos que requieran esta ayuda.
De los amparos que se han interpuesto en la entidad, no hay una que tenga mayor incidencia que otra, todas por igual han fallado en la atención médica. Imss, Issste, Issstecali, Insabi e Isesalud han tenido que responder a distintos amparos durante la pandemia.
Rivera comentó que se encuentra abierta la convocatoria para otros despachos que tengan disposición para realizar labor social y se quieran sumar al colectivo nacional; los casos atendidos en Baja California han sido distribuidos de acuerdo con la disponibilidad de cada despacho. En caso de querer participar, pueden contactarlos a través de las redes sociales de “Justicia COVID”.
