El sector quedó a la deriva tras las restricciones sanitarias por COVID-19, aunado a que el regreso a la actividad se ha complicado porque las embarcaciones quedaron paralizadas por varios meses y el mercado de pescado y mariscos se dispersó. Colectivo de abogados promovió amparos para que los apoyos federales lleguen a todos
Pescadores libres o ribereños de Ensenada emprendieron acciones legales y de gestión gubernamental para salir de la crisis económica tras la caída del 100% de sus ingresos por la contingencia derivada del coronavirus.
En los meses de abril a julio, la autoridad portuaria levantó una restricción para la navegación con fines recreativos y limitó la comercialización en el puerto, y aunque hubo un incremento el consumo de pescado y marisco entre las familias de Baja California, los precios por kilogramo bajaron hasta en un 70%.
“Nuestra gente casi estaba regalando el producto con tal de que saliera algo de dinero porque tenían que llevar comida a sus casas”, comentó a ZETA Martín, dirigente de pescadores ribereños en el Muelle 4 en el poblado de Manchuria, Delegación El Sauzal.
Los principales compradores son los supermercados, restaurantes y organizadores de eventos sociales que por meses trabajaron a la mitad de su capacidad o paralizaron actividades.
Hoy viernes 11 de septiembre se cumple un mes y una semana de que el sector ribereño en Ensenada se activó en sus respectivos muelles con protocolos de salud y operando al 30% de su capacidad, por lo que, considerando las secuelas económicas generadas por la pandemia, Guillermo Rivera y René Álvarez, abogados de la firma DLPRA, afiliada al Colectivo Justicia Covid – integrado por abogados de diversos despachos jurídicos de México- tramitaron recursos legales para ellos. En los meses de julio y agosto promovieron diversos juicios de amparo indirecto ante Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación con residencia en las ciudades de Ensenada (290-2020) y en Boca del Río, Coatzacoalcos y Tuxpan, Veracruz.
El objetivo de los referidos amparos es reclamar la omisión por parte de distintas autoridades a nivel federal y local, de medidas preventivas que garanticen ingresos a los pescadores. Y si bien hay programas federales, muchos de los probables beneficiarios no se inscriben porque desconocen la existencia de los mismos.
De acuerdo con el abogado Guillermo Rivera, hay más de mil 005 pobladores distribuidos en ocho zonas pesqueras del país con marginación en la costa de Baja California y en el Golfo de México, los más afectados por la pandemia.
APOYOS NO LLEGAN A TODOS
En palabras del colectivo, las prácticas de abandono gubernamental trastocan los derechos humanos tanto en la Constitución como en Tratados Internacionales, los cuales México está obligado a respetar.
“Exigimos a la autoridad que en periodo de pandemia les garantice un programa o ingreso mínimo vital que significa ayudarles con lo básico como costos de despensas, pago de luz o agua”, indicó el abogado Rivera.
La intención es terminar con la limitante de pesca de los últimos siete meses, como es la complicación para la comercialización del producto y obtener insumos para poner en operación las lanchas.
Como resultado del amparo indirecto, en las localidades del puerto de Ensenada y El Sauzal en Baja California se han inscrito 15 y 43 pescadores, respectivamente. En Veracruz, en las localidades de Alvarado son 206 pescadores, en La Barrilla y Zona Tonalá 220, mientras que, en Tuxpan, Tamiahia y Pueblo Viejo fueron 521.
Un ejemplo de los programas existentes que en ocasiones no llegan a todos candidatos, es el de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) a través de la Secretaría de Bienestar, el cual para mayor del apoyo económico adelantó 7 mil 200 pesos de Bienpesca, que por lo general se entrega en septiembre y octubre.
DURA RECUPERACIÓN
Para los permisionarios de paseos en barco, pesca deportiva y comercial, los meses más complicados de la pandemia fueron de marzo a junio, cuando sus ingresos se redujeron a nada.
Martín Ramírez, presidente de la Asociación de Armadores Unidos de Pesca Deportiva Ensenada, recordó cómo en diciembre de 2019, durante un evento organizado por ellos, la Administración Portuaria Integral (API) y el Ayuntamiento de Ensenada tuvieron un accidente en el puente para ingresar al muelle, colapso que dejó a varias personas con lesiones.
La API repuso la infraestructura el 29 de febrero, pero el 24 de marzo, el Gobierno de México publicó el acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas para la mitigación y control de los riesgos por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). De ahí se nos ha venido una situación económica más aguda, son cinco meses batallando. Muy complicado ha sido”, mencionó en entrevista el dirigente de los armadores, además de destacar, e hizo un recuento del gasto fijo de cada uno de los permisionarios, por lo menos en el área de armadores.
Una embarcación que queda estática, como sucedió durante la pandemia, se llena de salitre y genera problemas en el motor. Para reactivar las unidades ha sido necesaria una inversión.
“Estamos metidos en una problemática muy complicada y difícil, lo rescatable es que ya tenemos un mes y dos semanas que comenzamos a laborar”, señaló el también capitán de barcos, con más de 60 años trabajando en el mar.
Según sus estimaciones, por mes un barco con capacidad para diez personas necesita de 10 mil a 20 mil pesos. En el área del malecón, cada mes los propietarios de estas unidades pagan a la API hasta 50 mil pesos. Mantener una embarcación pequeña con capacidad para diez o doce personas tiene un costo de entre 6 mil y 15 mil pesos, en tanto que las grandes, para más de 20 personas, representan un gasto de 15 mil a 30 mil pesos mensuales.
Además, cada permisionario tiene entre dos o hasta cinco trabajadores.
“Tan solo mi grupo, desde el muelle Todo Santos, en armadores tienen 55 barcos que en total generan alrededor de mil 500 empleos directos e indirectos”, relató Martín.
Aunque la demanda de paseos y pesca deportiva va en aumento, la Asociación de Armadores de Ensenada se ha negado a realizar recorridos a la bahía de manera colectiva, como lo ha hecho por más de dos décadas.
La manera de trabajar ha cambiado y solo prestan servicio a familias como parte del protocolo. Antes de entrar al muelle les toman la temperatura, les ofrecen gel antibacterial y, previo al abordaje, deben limpiar el calzado y desinfectar las cañas.
El marinero es el responsable de mantener a los pasajeros con distanciamiento, recibirlos con gel y trabajar cada quien en sus posiciones.
VAN POR TERRITORIO A FAVOR
Tras el desastre económico derivado de la pandemia, pescadores de El Sauzal exigieron extender su zona de dominio.
Martín Zambrano Lomelí, representante de diecisiete pescadores del Muelle 4, los cuales desembarcan en el puerto de Manchuria en El Sauzal, habló sobre la necesidad de mejorar los ingresos, e indicó que como ellos hay otros cien compañeros en situación precaria no solo por la contingencia, sino porque están rezagados en sus áreas de captura.
Además, hay empresas pesqueras foráneas con permisos exclusivos para capturar en cierto perímetro, muy cerca de la zona de El Sauzal. Los pescadores han considerado disputar permisos para ampliar su zona de captura y de entrada iniciaron con la conformación de una sociedad cooperativa.
En un documento, los trabajadores del mar piden al Gobierno de México se les otorgue un lugar digno dentro de Manchuria con agua e instalaciones para limpiar su herramienta. Cada una de las familias debe lavar sus redes y pangas en sus casas o en la vía pública. Los peces y mariscos capturados los procesan en la vía pública o en sus viviendas, lo que devalúa el valor real del producto.
Cada año el grupo paga alrededor de 200 mil pesos al Gobierno Federal a través de la API para el uso del muelle y oficinas para la operatividad administrativa.
GOBIERNO SIN PLAN
Un 95% de los servidores recibió el apoyo de Bienpesca por 7 mil 200 pesos en el año, sin embargo, no han sido tomados en cuenta por el Gobierno del Estado.
Los armadores informaron que desde julio están esperando una respuesta por parte de la administración estatal, a la que solicitaron una línea de crédito para un financiamiento blando de entre 25 mil y 50 mil pesos para hacer frente a los pagos del arrendamiento y otros problemas mecánicos.
Los barcos pagan hasta 50 mil pesos anuales y los grandes 80 mil pesos, pero dependen de las dimensiones a la API para los derechos del muelle. Lo mismo necesitan para la compra de diésel marino.
Por ahora, están a la espera que en diciembre puedan iniciar con el avistamiento de la ballena gris, una de las épocas más importantes de la pesca recreativa que se perdió en 2020.
