La transparencia no es algo que caracterice a los gobiernos de la Cuarta Transformación en Baja California. Reporteros de DICHOZ Y HECHOZ confirmaron una vez más que con los temas que pueden comprometer a la actual administración, prefieren voltear para otro lado o “bloquear” cualquier dato al respecto. El caso más reciente se dio a raíz de una solicitud de transparencia realizada el 21 de agosto para conocer información relativa al expediente 0202-2019-44071 de la Fiscalía General del Estado, mejor conocido como el caso de los moches donde se vieron involucrados tres funcionarios del primer círculo del gobernador, de los cuales dos fueron removidos del cargo. Se trata del ex oficial mayor Jesús Núñez; la ex secretaria de Bienestar, Cynthia Gissel García Soberanes (ambos despedidos); y el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, los cuales fueron exhibidos en conversaciones de WhatsApp y algunos audios, evidenciando la solicitud de varios millones de pesos a cambio de recibir licitaciones de gobierno. Debido a que el expediente ya fue cerrado -según el fiscal Guillermo Ruiz Hernández, por falta de pruebas-, la FGE respondió que dichos datos no pueden ser públicos, asegún porque el caso no fue cerrado totalmente, sino que fue enviado al archivo temporal, limbo donde permanecerá por tres años para fingir que se sigue investigando. Pero en realidad, es para que nadie pueda tener acceso. Si realmente hubiera transparencia y un verdadero interés en acabar con la corrupción, un caso tan sonado habría sido público para consulta, con el objetivo de demostrar que no hay nada que ocultar. Al final, como no llegó ante un Juzgado, no se sabe si son culpables o inocentes, solo que la FGE no quiso brindar más resultados en la investigación.
Publicidad
