Un informe de una misión de investigación que trabaja para el Consejo de Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegura que el Gobierno de Venezuela ha cometido “violaciones atroces” (asesinatos, torturas, agresiones sexuales y desapariciones) durante los últimos años, que equivalen a crímenes de lesa humanidad.
Según el equipo de investigadores, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y otros miembros de su Gobierno están implicados en los hechos. El año pasado, Jorge Valero Briceno, embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, criticó la investigación, calificándola como una “iniciativa hostil”, y dijo que su país no tenía intención de cooperar con dicha misión.
El equipo de la ONU, que no pudo entrar en el país sudamericano, dice que las fuerzas de seguridad de Venezuela han estado involucradas en un uso sistemático de la violencia desde el año 2014, con el fin de reprimir a la oposición política y aterrorizar a la población. Sin embargo, la mayoría de ejecuciones ilegales por parte de agentes estatales no han sido procesadas en Venezuela, donde el Estado de Derecho y las instituciones democráticas han colapsado, agregaron.
Según el informe, Maduro Moros y sus ministros del Interior y Defensa no solo estaban al tanto de los crímenes, sino que dieron órdenes, coordinaron operaciones y suministraron recursos. Ante ello, la ONU exhortó a Venezuela a que responsabilice a los culpables de los hechos y evite que estos se repitan.
“La misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe […] Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes”, concluyó la investigación.
“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, dijo en un comunicado, la jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la comisión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los investigadores llegaron a dichas conclusiones después de analizar 223 casos y revisar casi 3 mil, para corroborar patrones de violaciones y crímenes cometidos en Venezuela. Sin embargo, el Gobierno de Maduro Moros todavía no se ha pronunciado sobre las conclusiones de la investigación.
“Tenemos base razonable para creer que el presidente Maduro dio órdenes al director del SEBIN [Servicio Bolivariano de Inteligencia] de a quién señalar […] Después de que estas personas fueran vigiladas, se reunió la información, se interceptaron sus comunicaciones y finalmente fueran detenidos sin orden judicial, solo por orden del presidente”, dijo, por su parte, el abogado chileno Francisco Cox, uno de los tres miembros de la misión de la ONU.
“Así que tenemos intervención y contribución al crimen por parte del señor Maduro, ya sea directamente o a través de la cadena de mando, y en ocasiones evadiendo la cadena de mando y dando la orden directa”, agregó el miembro de la misión del Consejo de DD.HH. de la ONU, a los cuales no se les permitió viajar a Venezuela para realizar este informe.
Los investigadores de la ONU tienen una lista de 45 nombres que habrían estado directamente involucrados. Asimismo, el informe determina responsabilidades individuales y cadenas de mando por acción u omisión, además de que sus recomendaciones son de carácter penal y jurisdiccional, por lo que se podría enjuiciar a los autores de estos crímenes de lesa humanidad en un tribunal internacional.
La misión de la ONU dijo que otras jurisdicciones nacionales y la Corte Penal Internacional (CPI), que abrieron un examen preliminar de Venezuela en 2018, deberían estudiar las acusaciones. Ante ello, se ofrecieron a compartir su base de datos con los nombres de los agentes identificados por las víctimas.
El reporte está basado en más de 270 entrevistas con víctimas, testigos, ex oficiales y abogados, así como documentos confidenciales. Entre los testimonios estuvo el del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, ex jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
El equipo de la ONU dijo que tiene motivos razonables para creer que el servicio de inteligencia falsificó o plantó evidencias en las víctimas, y que sus agentes torturaron a los detenidos. Entre ellos está el legislador opositor Fernando Alberto Albán Salazar, que según el Gobierno de Maduro Moros se suicidó en 2018 dentro de las instalaciones del SEBIN, aunque su partido asegura que fue asesinado.
-Con información de CNN y BBC.
