El gobernador Jaime Bonilla Valdez sustenta sus ataques al Poder Judicial, argumentando que la mayoría tienen origen panista. Con esa premisa, asegura que sí en estos momentos lleva ante la justicia al su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, estos lo dejarían en libertad.
Es más que evidente que muchos magistrados, consejeros, funcionarios e incluso empleados de base, no habrían tenido las oportunidades si no se hubieran alineado con el panismo, pero una aseveración de esa naturaleza en verdad que está fuera de proporción.
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Sin embargo, los máximos juristas del Estado no siempre son muy sutiles en sus movimientos, y en días pasados dejaron claras sus afinidades al remover como juez consejero del Consejo de la Judicatura a Luis Javier Baleón Zambrano, y ubicar en su lugar a su compañero mexicalense Ramiro Ferrer Rodríguez, Juez de Primera Instancia en materia civil, quien no tiene tapujos en evidenciar su militancia panista desde el 27 de mayo de 2002. Fecha en que se unió al partido, según el padrón de militantes del partido conservador, disponible en su página de internet.
Evidentemente, el movimiento fue realizado por el magistrado presidente Jorge Ignacio Pérez Castañeda, quien se volvió titular de Tribunal Superior de Justicia del Estado a raíz de la dimisión de Salvador Ortiz Morales -otro que ha trabajado y se ha beneficiado de su cercanía con el panismo-, cuyo periodo concluye en noviembre.
Cabe recordar que el nombramiento se da a escasos días que quede desintegrado el Consejo de la Judicatura del Estado, a propuesta del Poder Ejecutivo y con el respaldo del Legislativo y los ayuntamientos, por medio de una reforma constitucional que será efectiva en un plazo de 60 días a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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Es por ello que Pérez Castañeda aprovechó los pocos días que tiene el Consejo de la Judicatura, para instalar al juez panista como su representante.
Parece ser que estos son los últimos movimientos del panismo dentro del Poder Judicial, porque a partir de que sea efectiva la reforma constitucional, el gobernador tendrá la facultad de imponer a tres amigos o allegados a la lista de la cual los diputados del Congreso del Estado elegirán a magistrados del Tribunal durante el poco más de un año que le queda de gobierno) para cubrir las vacantes que dejaron Félix Herrera, Marco Antonio Jiménez Carrillo y Víctor Vázquez. Y para el mes de diciembre, cuando se retire la magistrada María Esther Rentería Ibarra -el más grande alfil del panismo dentro del Poder Judicial- tendrá un espacio más, lo que representa prácticamente una cuarta parte del máximo órgano jurisdiccional de Baja California.
VIOLENCIA DE GÉNERO
De cumplirse con la instrucción del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California podría tener una segunda sanción por violencia política de género sobre la queja interpuesta por la diputada Rosina del Villar Casas, la cual fue removida de la Comisión de Hacienda y Presupuesto aparentemente por un tema político, pues es claro que ya no es un personaje afín a los proyectos del gobernador Jaime Bonilla Valdez, sobre todo a la gestión de Montserrat Caballero como coordinadora de la bancada de Morena.
El 15 de septiembre, el Tribunal determinó que existen indicios para considerar un posible ataque de violencia política de género al retirarla de la Comisión y otorgó medidas cautelares para que dejen de cometer actos de intimidación en su contra, además de que se le notifique de todas las diligencias inherentes a la Comisión y las sesiones con el debido tiempo necesario para su estudio y análisis.
Por otro lado, se giraron instrucciones al Instituto Estatal Electoral para que inicie una investigación sobre sí se cometió violencia política de género. De confirmarse, sería la segunda sentencia en contra de un actor político de Baja California, pues justamente el año pasado se sancionó a un alfil de Morena, Julio Rodríguez Villarreal, por realizar comentarios despectivos contra entonces la candidata por el PBC, Elvira Luna Pineda.
