Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República, afirmó ayer lunes 14 de septiembre, que recibió de la Fiscalía General de la República (FGR), una comunicación del no ejercicio de la acción penal en su contra, derivada de la investigación sobre su situación patrimonial que también indaga la Secretaría de Función Pública (SFP) del Gobierno Federal.
Entrevistado por diversos representantes de medios en la sede del Senado, el ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), aseveró que está a la espera de que la SFP resuelva en un plazo no mayor a un mes y medio, sus propias indagatorias al respecto.
Publicidad
Además, Osorio Chong señaló que la semana pasada recibió la notificación del no ejercicio de la acción penal, que emitió a su favor la FGR, luego de haberse consultado a una institución bancaria y probarse que, en efecto, la operación de compra-venta de una propiedad que se le atribuye se canceló.
El senador priista aseguró a los periodistas que presentó pruebas, ante la FGR y la SFP, y la propia Fiscalía General de la República llevó a cabo sus indagatorias, por lo que después de ello “a mí se me entregó el no ejercicio de la acción penal”.
El ex titular de la SEGOB afirmó que caso de que la SFP insistiera en el caso, “hay otra instancia para acreditar la información que he entregado”. En la FGR “mandaron pedir al banco si es cierto que hubo devolución y que no hubo el tener ese recurso y la ocupación [de un inmueble] y eso se lo confirmaron”. Por tanto, “la Fiscalía General de la República ha determinado que ante evidencias presentadas e investigadas no da lugar a ningún ejercicio de la acción penal”, abundó.
Publicidad
El pasado 17 de julio, Osorio Chong confirmó al diario Reforma -que había informado del hecho- que la Función Pública del Gobierno Federal investiga supuestas “inconsistencias” en su patrimonio y el de su esposa, Laura Ibernia Vargas Carrillo.
El rotativo indicó que la Función Pública Federal coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue gobernador de Hidalgo. En respuesta, Osorio Chong y su esposa presentaron, una semana antes, demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.
Reforma recordó que en mayo de 2014, Vargas Carrillo dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del entonces Distrito Federal.
En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con el banco Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso. Sin embargo, Osorio Chong le aseguró al Reforma, que él y su esposa pagaban una renta por habitar en dicha casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario para la eventual compra, éste fue cancelado.
El ahora senador cuestionó que la SFP está considerando el crédito hipotecario como un ingreso no justificado, por lo que explicó que presentaron los amparos, debido a que la Función Pública no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.
“La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto”, dijo Osrio Chong al rotativo, que recordó que al final del sexenio de Enrique Peña Niego, el ex gobernador hidalguense declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007, por un millón 120 mil 315 pesos, y otro con valor de 53 mil 272 pesos.
Además, el ahora senador dijo tener un palco que compró en 2001, por 30 mil pesos, y también reportó una cuenta de separación individualizada, con un saldo de 2 millones 993 mil pesos, así como un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.
El diario abundó que la esposa de Osorio Chong, presentó el pasado 9 de julio, el amparo 620/2020, ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa, donde reclama el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio, por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.
Vargas Carrillo, ex directora del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Federal, alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos, los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.
Osorio Chong, de 54 años de edad, fungió como gobernador del estado de Hidalgo del 2005 al 2011. Fue diputado federal en la LIX Legislatura del 2003 al 2005. Asimismo, dentro del Gobierno estatal de Hidalgo ocupó los cargos de Secretario de Gobierno, Secretario de Desarrollo Social y Secretario de Desarrollo Regional. Asimismo, estuvo a cargo de la SEGOB, desde el inicio del mandato de Peña Nieto, hasta el 10 de enero del 2018.
A finales de agosto del 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó una denuncia por lavado de dinero en contra de Juan Manuel Flores Athié, ex titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la SEGOB, cuando Osorio Chong estuvo al frente de dicha institución.
Así lo informó Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, quien indicó que a Flores Athié -que se mantuvo en la actual Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador durante poco más de un mes-, primero se le congelaron sus cuentas bancarias junto con una red de personas físicas y morales con las que estaba relacionado.
“Efectivamente, se generó un caso a partir de una denuncia relacionada con el señor Athié y esto llevó al congelamiento de cuentas […] Hay algunas empresas relacionadas con este caso y ahí, por protección de los derechos de los trabajadores, se descongelaron las cuentas en donde se pagaban los sueldos y salarios de los trabajadores, por lo demás seguimos operando en el caso y se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía General de la República”, dijo Nieto Castillo.
“Es un tema de lavado de dinero relacionado con un tema de corrupción”, indicó el funcionario federal, quien fue entrevistado por diversos medios al término de su participación en el “Foro Sistemas Anticorrupción. Retos+Perspectivas+Experiencias”, donde detalló que en total son 17 personas físicas y morales las involucradas en este caso.
