Alrededor del 20% de lo que representa el presupuesto del Poder Judicial en un año, es lo que el Gobierno del Estado adeuda a la institución encargada de administrar justicia en Baja California, la cual ha sido una de las menos beneficiadas en materia de recursos en los últimos 10 años. A casi once meses del inicio de la administración del gobernador Jaime Bonilla Valdez, no ha podido cubrir nada del adeudo que le heredó su antecesor Francisco Vega de Lamadrid, y pese a que la recaudación del Estado ha incrementado -según los dichos del propio Bonilla-, no existen planes próximos para que se cubra este compromiso. Por su parte, el TSJE ya recurrió a la SCJN a través de una controversia constitucional, para exigir el pago pendiente, pero el caso permanece en revisión
Una de las instituciones públicas más golpeadas financieramente hablando, es el Poder Judicial. En los últimos 10 años, su presupuesto anual ronda los mil millones de pesos, pese a que las condiciones de inflación y tipo de cambio, han depreciado de manera sustancial el poder adquisitivo en general.
En los últimos dos años de administración de Francisco Vega de Lamadrid, sus carencias llegaron al límite cuando la entonces Secretaría de Planeación y Finanzas comenzó a retenerles el recurso económico que les correspondía de manera quincenal; la situación fue tan grave que la nómina y el pago de servicios básicos resultaron afectados.
Jaime Bonilla, gobernador de BC
Los pocos ahorros de la institución y los pagos intermitentes e incompletos los ayudaron a salir del bache, pero el adeudo fue incrementando mes con mes hasta que finalmente alcanzó la cifra de 214 millones de pesos.
Con el cambio de gobierno, los pagos se regularizaron pero la deuda permanece intacta, y pese a que han transcurrido once meses de la administración morenista, no existe un plan o promesa de pago a corto plazo.
En medio de esta situación, una propuesta del gobernador Jaime Bonilla Valdez para solucionar sus problemas financieros -que más bien parece un acto de intimidación y empoderamiento- fue disolver el Consejo de la Judicatura del Estado, ente encargado de la administración de recursos materiales y humanos, además de la vigilancia del actuar de los funcionarios y de la carrera judicial.
Según estimaciones del propio Bonilla, con dicha medida se ahorrarían 50 millones de pesos, dato que no ha sido confirmado por nadie.
El 20 de septiembre, el secretario de Hacienda, Rodolfo Castro, estuvo en la presentación dominical del mandatario, en la que fue cuestionado por los adeudos a los entes públicos, a lo que respondió que reconocen los mil 700 millones de pesos con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y aproximadamente 350 millones del resto de los entes de gobierno.
Asimismo, comentó que se está trabajando en el mejoramiento de la recaudación para solventar las carencias económicas y una de las principales apuestas es la creación del “SAT Estatal”, con el que estiman recaudar hasta mil millones de pesos. Sin embargo, todo ese dinero se destinará en su mayoría a programas sociales
En tanto, el Poder Judicial ha recurrido a diversas acciones en busca de recuperar el dinero, al grado de interponer una controversia constitucional contra el Poder Ejecutivo, con el objetivo de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la que obligue a que se cubra el adeudo. El tema fue desechado en primera instancia y permanece en revisión de los ministros.
DIFERENCIAS EN EL ADEUDO
La situación es tan dispersa que ni siquiera se han puesto de acuerdo en el adeudo real, pues mientras el Subsistema de Egreso de la Tesorería de Egreso de la Secretaría de Hacienda del Estado reconoce un adeudo de 214 millones 735 mil 384.85 de pesos, según la respuesta a una solicitud de transparencia con recurso de revisión REV/244/2020, sellado el 19 de agosto de 2020 y firmado por el procurador fiscal José Fabián Guardado Reynaga, el Poder Judicial solo identifica 134 millones, relativos al impago del ejercicio fiscal 2019.
Francisco Javier Mercado Flores
En entrevista para ZETA, el consejero e integrante de la Comisión de Administración, Francisco Javier Mercado Flores, abrió reconociendo que los adeudos se originaron de la pasada administración y que el actual gobierno no les ha retenido un solo peso de los mil millones que le corresponden.
En un desglose otorgado por el propio integrante del Consejo de la Judicatura -que se encuentra a días de disolverse-, reconoció únicamente los adeudos relativos al ejercicio fiscal 2019, cuando el presupuesto fue de mil 039 millones 472 mil 034.39 pesos, los cuales se dividen de la siguiente manera:
* 13 millones 773 mil 479.66 pesos correspondientes a pago de nóminas.
* 13 millones 389 mil 580.28 pesos para pago de proveedores.
* 56 millones 694 mil 889.52 pesos de retenciones y contribuciones por pagar.
Según el análisis de los estudios financieros de la institución, a ello se podrían sumar los rendimientos bancarios que perdió ante la falta de recursos en las cuentas de la institución.
En el transcurso de este año, el Poder Judicial ha obtenido poco más de 28 millones de pesos por ese concepto entre las cuentas bancarias de la institución y lo relativo al fondo auxiliar, por lo que no solo se cortó el flujo financiero, sino que además se perdió una importante cantidad de recursos por este concepto que pudieron ser utilizados para cubrir con contratiempos, o bien, cubrir el mismo gasto corriente.
El funcionario reconoció que sus cuentas solo alcanzan el año 2019, por lo que dejó abierta la posibilidad de que se estuvieran reteniendo pagos durante los años anteriores.
En un reportaje publicado por esta casa editorial el viernes 4 de enero de 2019, se hicieron públicos los adeudos que se arrastraban. El entonces magistrado presidente, Salvador Ortiz Morales -quien el pasado 4 de agosto dimitió de la titularidad del Tribunal Superior de Justicia del Estado- refería un impago de 100 millones de pesos a proveedores del Poder Judicial, lo que confirma que antes de 2019 ya se registraban deudas importantes que nunca se cubrieron.
Estas carencias ocasionaron intensas movilizaciones por parte de empleados de la burocracia y de maestros, al grado de tomar oficinas públicas en aquellos tormentosos cierres de año del ex gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, quien durante ese tiempo responsabilizó al Gobierno Federal de no dotarlos de recursos extraordinarios.
Cuestionado sobre el apartado de “retenciones” que no se han cubierto, Mercado Flores dijo desconocer específicamente a qué se refería, pero aseguró que no se trata de cuestiones relacionadas con los servicios sociales, es decir, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali).
Sobre las afectaciones que han padecido a raíz de los adeudos, Mercado Flores -quien fue electo por la actual Legislatura- dijo que no son muchas, toda vez que han logrado resarcir las carencias con ahorros sustanciales. Sin embargo, reconoce un importante rezago en el tema de proveedores, a quienes se ha pagado por el recurso obtenido gracias al subejercicio del gasto público.
LLEVAN EL CASO A LA SJCN
Aunque el consejero comentó que hace tres semanas sostuvieron la última reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para acordar pagos, el Tribunal Superior de Justicia del Estado tomó otro tipo de acciones, como la controversia constitucional.
En marzo de este año, el entonces magistrado presidente, Salvador Ortiz Morales, presentó el recurso legal 37/2020 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir al Poder Ejecutivo el pago del recurso pendiente en el ejercicio fiscal 2019.
Dicha información se puede constatar en el buscador de la página de internet de la SCJN, en el cual el Poder Judicial reclama “la omisión por parte del Poder Ejecutivo del Estado de entregar materialmente en su totalidad los recursos financieros que establece el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2019 de conformidad con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 60 Sección VIII Tomo CXXV de fecha 31 de diciembre de 2018”.
Sin embargo, la controversia fue desechada bajo el argumento de que la afectación presupuestal era considerada del tipo “simple” y no debía atenderse vía controversia; de igual forma, refiere que los recursos legales de este tipo deben circunscribirse al año en el cual tiene su vigencia el presupuesto de egresos; y finalmente, que dicha controversia debió presentarse en junio de 2019, por lo que era extemporánea.
Al recibir esta respuesta, la decisión fue impugnada por el Poder Judicial y permanece bajo el análisis del pleno.
Rodolfo Castro Valdez, secretario de hacienda de BC
RECAUDACIÓN SERÁ PARA GASTO SOCIAL Y OBRA: HACIENDA
El secretario de Hacienda, Rodolfo Castro Valdez, reconoció que existe un adeudo por parte del Poder Ejecutivo hacia los entes públicos, y además de los mil 700 millones de la Máxima Casa de Estudios -el cual asegura el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se pagará el 1 de noviembre-, reconoce que falta cubrir 350 millones al resto de las instituciones.
A diferencia de los gobiernos municipales donde sí se han registrado abonos, según reconoce la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar Ávila, al Poder Judicial no se le ha liberado un peso para cubrir sus responsabilidades.
Castro Valdez señaló que a través del Bono Cupón 0 -apoyo del Gobierno de México- se están cubriendo las deudas con los municipios y esperan que para octubre queden completamente saldadas.
En el mismo sentido, expuso que existe un adeudo importante con el Issstecali, al cual ya se abonaron 200 millones de pesos, además de los pagos mensuales que se realizan por concepto de aportaciones.
En lo que respecta a los poderes autónomos y las paraestatales, no existe un proyecto o programa para cubrir los pendientes, toda vez que las aportaciones que se obtengan por el Convenio de Coordinación Fiscal a través del SAT de Baja California, no serán utilizadas para ese concepto. “Esto viene a reforzar los programas sociales del gobernador, créditos empresariales y obra; es decir, reforzaremos el tema, no va a aplicarse al gasto operativo”, recalcó el funcionario.
ZETA solicitó datos específicos sobre los adeudos y compromisos de pago a Castro Valdez, quien convino entregarlos, pero al cierre de esta edición -jueves 24 de septiembre- no se recibió respuesta.
SIN DENUNCIA, ESTADO INCURRIRÍA EN RESPONSABILIDADES: EXPERTO
Aunque el gobierno de Jaime Bonilla Valdez ha presentado denuncias contra su antecesor Francisco Vega de Lamadrid y sus ex funcionarios por el probable desvío de recursos a empresas fantasma por más de mil 200 millones de pesos, no lo ha hecho por los adeudos generados por las retenciones irregulares de su administración.
Y es que hay que entender que dichos adeudos no se generaron de manera espontánea, sino que la administración de “Kiko” Vega retuvo dinero que le correspondía a otros entes públicos y a la fecha se desconoce el destino de tales recursos.
El abogado Benjamín Almanza comentó a ZETA que si no existe denuncia sobre esto, los actuales funcionarios estarían incurriendo en un acto de probable responsabilidad penal y administrativa, pues pese a que están enterados de un probable hecho delictivo, no se enquerellaron.
Lo anterior se establece en el Artículo 222 del Código de Procedimientos Penales, que dice lo siguiente:
“Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Público, proporcionándole todos los datos que tuviere, poniendo a su disposición a los imputados, si hubieren sido detenidos en flagrancia. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes”.
Acorde con el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, los actos como la falta de pago a la UABC o al Poder Judicial pueden encuadrarse en varios delitos, como abuso de autoridad.
El Artículo 293, en su Sección V, establece que comete el delito de abuso de autoridad el funcionario que “… teniendo a su cargo caudales del erario les dé una aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinado, o hiciere un pago ilegal”.
A juicio de Benjamín Almanza, la postura del gobierno actual es desgastar la imagen de los panistas con fines políticos, y no buscan realmente castigar a los responsables por el daño patrimonial cometido en la pasada administración.
