Héctor Rafael Martínez Moller es un hombre de 81 años de edad que padece hipertensión, es prediabético y se somete a estudios semestrales para descartar que regrese el cáncer en la vejiga que casi le quita la vida en el año 2014.
Durante los últimos 20 años ha entregado su vida a las labores de la Auditoría Superior del Estado, donde hasta el 27 de agosto se desempeñaba como Supervisor de Auditoría, en la Capital del Estado.
Sin importar todos estos antecedentes, fue despedido por el departamento de Capital Humano de la Auditoría Superior del Estado; tampoco consideraron que se trata de un adulto mayor en medio de una pandemia, dejándolo en una indefensión total.
Contador público de profesión, Héctor narra cómo fue víctima de un abuso cometido por parte de funcionarios recién nombrados por el Congreso del Estado y la propia Auditoría; además de la propia diputada Eva Griselda Rodríguez, presidenta de la Comisión de Fiscalización, la cual le dijo -a través de su subordinado, de nombre Carlos- que no podía hacer nada por él.
Desde el pasado mes de marzo, Martínez Moller fue enviado a su casa como parte de las acciones preventivas para la contención de la COVID-19, por ser parte del sector vulnerable.
Durante todo este tiempo permaneció en su vivienda, y debido a que ninguna de las diligencias puede hacerlas en su vivienda, se le permitió gozar de vacaciones obligadas.
En la última semana de agosto dejó de recibir su sueldo y tuvo que acudir a las instalaciones de la Auditoría Superior del Estado, donde la directora de Asuntos Jurídicos Adriana González Sánchez, y el jefe de Departamento de Capital Humano, Pedro Alberto Contreras Moreno, le notificaron que sería removido del cargo.
Sin proporcionar mayores detalles, le indicaron que tenía que firmar su renuncia porque así eran las instrucciones superiores, y que revisarían su situación para saber cuánto le correspondería por ley (con la reserva de que si era mucho dinero, se lo pagarían en abonos).
“Tengo 81 años y 20 años de servicio, estoy en confinamiento; como adulto mayor estoy en tratamiento de previsión para evitar cáncer de próstata y vejiga, de la que fui operado en 2014. En el mes de mayo me tenía que hacer varios estudios de laboratorio, rayos X, ultrasonido y una valoración en cardiología, en medicina interna y con anestesista, para hacerme un mapeo de vejiga; y todo se suspendió hasta septiembre por la pandemia”, reclamó Héctor Rafael, quien aseguró que se siente preocupado porque el tratamiento que recibía de Issstecali evitaba que realizara pagos exorbitantes.
Desde ese momento, Héctor Rafael ha vivido del sueldo de su esposa, quien también trabaja, pero cuyo ingreso no es muy oneroso, además de sobregirar todas sus tarjetas de crédito para cubrir gastos esenciales.
Al verse desprotegido acudió en busca de apoyo con la diputada Eva Gricelda Rodríguez, quien solo le dio largas, para al final decirle que nada podía hacer para ayudarlo, pese a que como presidenta de la Comisión de Fiscalización tiene capacidad para intervenir en las decisiones del titular Jesús García Castro, quien sería el principal responsable de su despido.
