Muy rápido se olvidaron los panistas de las malas prácticas en que incurrían cuando estaban en el poder. Hoy profesan una doctrina de pureza y de participación ciudadana, pero cuando estuvieron en los gobiernos, poca fue la oposición a los actos de corrupción que se cometieron durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, e incluso de Gustavo Sánchez Vázquez, ex alcalde de Mexicali que ahora pretende buscar -nuevamente- la presidencia municipal e incluso buscar la gubernatura.
Hoy emprenden -junto con algunos empresarios y líderes sociales- el referéndum contra la “Ley Gandalla”, la cual pretende echar abajo una reforma constitucional que permite a diputados y munícipes mantenerse en el cargo cuando se lleven a cabo las campañas.
El argumento que han proporcionado personajes como Héctor Ibarra Calvo, es que con esta reforma se beneficiaría con el poder de las estructuras y el del recurso público a los candidatos. Pero, ¿qué no los panistas han sido expertos en desviar recursos con fines electorales en los últimos 30 años? La respuesta es sí.
De hecho, uno de los impulsores del referéndum es -cínicamente- el ex coordinador de Comunicación Social de Gustavo Sánchez Vázquez, Alfredo Vega, sentenciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como autor del desvío de recursos públicos para promover la imagen de su ex jefe. En otras palabras, quiere evitar lo que hacía cuando estaba en el poder.
No conforme con ello, la Dirección de Auditoría Gubernamental del Ayuntamiento de Mexicali descubrió una serie de irregularidades relativas a pagos por concepto de publicidad y producción multimedia por parte de la dependencia a su cargo, justo durante el último año del ex alcalde panista, entre estas destacan 38 pagos a medios de comunicación y periodistas por concepto de publicidad, pero en ninguno hubo contrato para regular el cumplimiento de ambas partes, lo que dio un total de 7 millones 295 mil 007.86 pesos.
Además, sobresalen erogaciones como siete pagos de 131 mil 270 pesos en total -solo en 2019- al conductor de música grupera en la cadena Audiorama, Manuel Saíd Octavio Calderón Montellano y el medio consentido de Gustavo Sánchez, Intermedia de Mexicali, SA de CV, el cual recibió siete pagos -sin contrato- de un total de 3 millones 114 mil 400 pesos. Su conductor estelar, Gustavo Macalpín Ceniceros, se encuentra en su lista de manera independiente, con un pago de 17 mil pesos
Otra empresa es Televisora de Mexicali, SA de CV por dos pagos de 325 mil 273 pesos cada uno. Sin embargo, las principales irregularidades recaen en tres empresas llamadas Market Design AYL, SA de CV; GB Marketing Total y Gabriel Mendoza Enríquez. Las dos primeras fueron contratadas para la producción multimedia y gestión para la promoción del Ayuntamiento de Mexicali, y la última para estudios de opinión pública.
Según el análisis de la Auditoría, las empresas recibieron fuertes sumas de dinero y no se pudo comprobar si realmente brindaron algún servicio al Ayuntamiento.
Market Design, propiedad de Liliana Camba Sánchez y Aitor Humberto García López, este último compositor de origen español, recibió 309 mil 256 pesos por todo tipo de producción multimedia, pero no dejó evidencia de su trabajo.
La segunda, GB Marketing Total, tienes sede en Gómez Palacio, Durango y fue fundada el 31 de enero de 2018, según el Registro Público de Comercio. Fue contratada para el arrendamiento de espectaculares, por lo cual se pagarían poco más de 112 mil pesos. No obstante, el área a cargo de Alfredo Vega pagó ese concepto en tres ocasiones, es decir, dos veces más de lo esperado, generando un pago superior a 300 mil pesos que no formaban parte del acuerdo.
La empresa tiene una conformación curiosa, puesto que sus propietarios son un joven de 23 años de edad, llamado Brayan Enrique Puente Beltrán -originario de Durango-, quien un año antes de “fundar” la empresa, estaba recibiendo apoyos del Instituto Municipal de la Juventud de la alcaldía de Gómez Palacio. Su socia es Hilda Isabel Lozano Reyes, originaria de Torreón, Coahuila y de 53 años de edad, con quien no tiene relación familiar y recibió una despensa en 2018 por parte del gobierno municipal.
Posteriormente se les unió Víctor Manuel Gallegos López, quien recibió otra despensa por parte del gobierno de Campeche. Tal parece que los socios de dicha empresa que maneja varios cientos de miles de pesos en sus negocios, requieren de despensas para vivir.
Curiosamente, el representante legal de la firma se llama Jorge Quintero Aguilera, exhibido en varios medios de comunicación de Coahuila por representar a empresas -aparentemente fantasma. Una de estas, Merfra, SA de CV, la cual brindó servicios de entrega de apoyos extraordinarios a residentes de Tecate, por lo cual se le pagaron casi 100 mil pesos.
La última empresa lleva por nombre Gabriel Mendoza Henríquez, contratada para desarrollar estudios de mercado y opinión pública, pero tampoco se tiene evidencia de su trabajo, pese a que se le pagaron 712 mil pesos solo en 2019. Toda su vida, el empresario ha trabajado en proyectos en materia inmobiliaria junto con su familia en Ensenada, pero de forma sorpresiva se volvió experto en estudios de opinión pública y fue contratado por el gobierno de Gustavo Sánchez.
En total hay una fuerte suma de dinero que se erogó durante el año electoral, cuyo pago es irregular y su destino desconocido. Vega ha logrado salirse con la suya gracias a la venia del síndico procurador Héctor Ceceña, quien sostiene una cercana relación con el ex alcalde panista.
Pero bueno, en esa época no se consideraban gandallas.
