La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que la tarde de ayer lunes 31 de agosto, personal a su cargo, en coordinación con la Policía Investigadora de la Ciudad de México, dieron cumplimiento a una orden de aprehensión librada por un Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en la capital de dicha entidad, en contra del abogado Juan Ramón Collado Mocelo, por el presunto peculado agravado por 13.7 millones de pesos, cometido durante el mandato de César Horacio Duarte Jáquez.
El cumplimiento de dicha orden judicial se ejecutó en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México, donde Collado Mocelo permanece interno por otros procesos penales de orden federal. El detenido será presentado en las próximas horas ante el Tribunal de Control que expidió la orden de captura, con el fin de celebrar la audiencia de formulación de cargos.
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Según las investigaciones realizadas por la FGE, el ahora ex litigante, en acuerdo con ex servidores públicos, realizaron el desvío de los millones destinados a fines públicos, entre 2013 y 2014, mediante la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica por conducto de la Secretaría de Hacienda estatal, y en razón de compromisos personales contraídos por el entonces gobernador Duarte Jáquez, con personajes de la vida pública nacional.
FGR LO IMPUTA POR DEFRAUDACIÓN FISCAL, LAVADO DE DINERO Y DELINCUENCIA ORGANIZADA
Durante una audiencia que se realizó en los juzgados de distrito del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, de la capital del país, la Fiscalía General de la República (FGR) imputó el pasado domingo 30 de agosto, al abogado Collado Mocelo, por una presunta defraudación fiscal de 36 millones de pesos, por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes al ejercicio fiscal del 2015.
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Para el abogado Collado Mocelo esta es la tercera causa penal federal en su contra, ya que antes estaba siendo procesado por lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos por los que fue detenido y encarcelado el 9 de julio del 2019.
En el primer proceso le atribuyen haber participado en la presunta compra-venta simulada del edificio de la sociedad financiera popular Caja Libertad, en Querétaro, por una suma de 156 millones de pesos, operación que le habría traído un beneficio personal de 24 millones de pesos.
En el segundo expediente, Collado Mocelo y un ex alto mando de la FGR fueron imputados penalmente, por supuestamente archivar en forma presuntamente ilegal una investigación por lavado, y realizar gestiones indebidas para tratar de descongelar 76.5 millones de euros del abogado en Andorra.
El litigante y Alberto Manuel Alcántara, hasta el año pasado titular de la Coordinación General de Investigación (CGI), área de asuntos relevantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), fueron imputados de tráfico de influencias y delitos contra la administración de la justicia.
En marzo de 2015 todas las cuentas bancarias del Banco Privada d’Andorra (BPA) fueron congeladas, luego de que Estados Unidos acusara que en esa institución financiera las mafias rusa y china lavaban activos. Entre los afectados, estaba Collado Mocelo, a quien le inmovilizaron 76.5 millones de euros.
El litigante presentó una denuncia ante la FGR, como parte de una estrategia para demostrar la licitud de los recursos, argumentando que el dinero congelado procedía de los 84 millones de euros en ingresos que contabilizaron durante 14 años las casas de empeño que fundó su padre. También dijo que provenían de su actividad profesional, con clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares la hora por sus servicios legales.
En marzo del 2017, cuando Raúl Cervantes Andrade estaba al frente de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), fue archivada la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existía el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sin embargo, la ahora FGR señaló que la entonces PGR no notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que la decisión ministerial fuera impugnada por esa dependencia.
A finales de 2018, Arturo Medel Casquera, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la capital del país, resolvió que la orden de archivar esa indagatoria quedaba firme, por lo que Collado Mocelo no podía ser imputado por lavado porque sus recursos eran legales, lo que sirvió para que Andorra desbloqueara el dinero.
Según fuentes consultadas por el diario Reforma, la FGR señaló en su imputación que cuando Collado Mocelo hizo promociones en esta indagatoria, le envió oficios directamente a Alcántara Martínez, y no al agente del Ministerio Público, al mismo tiempo que el entonces funcionario público supuestamente pidió de forma indebida a las autoridades de Andorra, que descongelaran el dinero del abogado.
COLLADO COBRÓ EN ANDORRA 4.4 MDD DE EMPRESAS FANTASMAS CONTRATADAS POR EPN EN EDOMEX
A principios del 2020, una investigación del diario español El País dio a conocer que Collado Mocelo, quien se encuentra preso desde julio del año pasado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, cobró en Adorra, entre 2009 y 2012, 4.4 millones de dólares de dos empresas fantasma que recibieron contratos públicos del Gobierno del Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador.
Las empresas que enviaron el citado dinero a Collado Mocelo a través de 12 transferencias, son: Enterprisse Gamki, S. A. de C.V. y Varys Comercial, S. A. de C.V. Los fondos llegaron a dos cuentas del abogado en la Banca Privada d’Andorra (BPA), que ofrecía a sus clientes la confidencialidad del país europeo que permaneció hasta blindado por el secreto bancario hasta el 2017.
Collado Mocelo llegó a manejar 24 cuentas bancarias, que movieron 120 millones de dólares, para cobrar comisiones de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México, según un informe confidencial de la Policía de Andorra, de marzo del 2017, citado por la investigación periodística.
Una de estas compañías fue Varys Comercial, S. A. de C.V., empresa que obtuvo al menos un contrato en septiembre de 2011 de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN), que depende del Estado de México, para adquirir 53 computadoras marca Acer, con un monto de adjudicación de 846 mil 985 pesos.
El contrato firmado con Varys Comercial aparece en la web de Transparencia del Estado de México. En el documento, la empresa aseguraba tener como domicilio fiscal la oficina 27 en Montecito 38, dentro del edificio del World Trade Center de la capital mexicana.
La compañía compartía el espacio con otras cuatro compañías hasta que abandonó la oficina hace dos o tres años. No existen más rastros de Varys Comercial en el Registro Público y de Comercio de la Ciudad de México, ya que la sociedad, al parecer, había sido liquidada, según una búsqueda realizada por el rotativo español.
Por otra parte, la empresa Enterprisse Gamki, S.A. de C.V. obtuvo un contrato en 2011 con la misma universidad. El monto de la adjudicación, para surtir al centro de estudios de equipo electrónico, fue de 973 mil 863 pesos. La empresa fue creada en junio de 2009, tuvo una corta vida de menos de 5 años. A pesar de esto, envió recursos a las cuentas de Collado Mocelo en Andorra.
La investigación del diario español, firmada por los periodistas Joaquín Gil, José María Irujo y Luis Pablo Beauregard, indicó que el esquema que utilizaron ambas empresas, es similar al que se usó en la llamada “Estafa Maestra”. Asimismo, el rotativo recordó que en octubre pasado, la Justicia de Andorra ordenó embargar 76.5 millones de euros (83.1 millones de dólares) a Collado Mocelo, depositados en el banco Vallbanc.
La Fiscalía andorrana determinó que la detención del abogado mexicano renovaba la “sospecha lógica y razonable” de que los fondos depositados en el principado tienen un origen delictivo, y existe el riesgo de sean transferidos al extranjero.
Como soporte a esa presunción, la justicia de Andorra citó que el pasado 3 de julio, seis días antes de ser detenido, hubo una transferencia de 11.6 millones de dólares (10.5 millones de euros) desde el principado a una cuenta de BBVA en Madrid.
“De la misma manera podrían ser transferidos todos los activos si no se toman medidas urgentes de inmediato”, alertó la fiscalía de Andorra, según citó El País, que indicó que la detención de Collado Mocelo en México, reactivó la investigación en el principado europeo.
Además, la juez andorrana Maria Àngels Moreno emitió una comisión rogatoria, o petición de auxilio judicial, a las autoridades mexicanas, donde pidió la información sobre la causa que se sigue a Collado Mocelo y su presunta vinculación con actividades criminales.
Según El País, la detención del abogado mexicano hizo que las autoridades de Andorra se sintieran engañadas por sus similares de México, que el año pasado, aún durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, les habían dicho que los fondos de Collado Mocelo eran lícitos.
A finales de agosto pasado, Ricardo Paredes Calderón, magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, confirmó el auto a vinculación para Collado Mocelo, quien ante ello deberá continuar en prisión preventiva oficiosa, acusado de los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita.
Ello con base en lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Nacional de Procedimientos Penales, luego de que el abogado presentara un recurso de apelación ante Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, contra la privación de su libertad.
Según el magistrado, las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante el juez de control sugieren, hasta este momento procesal, la participación de Collado Mocelo en una organización que, a través de una simulación de actos jurídicos, logró la venta ilícita de un inmueble para después dispersar los recursos entre diversas empresas y el imputado, vía transacciones electrónicas SPEI.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) indicó, por su parte, a través de un comunicado, que con base en las reglas del Sistema Penal Acusatorio, la vinculación a proceso del abogado no prejuzga sobre su culpabilidad, ya que en el desarrollo de la investigación complementaria se ofrecerán, en su caso, medios de prueba para esclarecer los hechos, por lo que se respeta en todo momento la presunción de inocencia de Collado Mocelo.
Según lo informó el diario Milenio, en el recurso de apelación, el abogado señaló que el delito de delincuencia organizada que se le imputa no existe y mucho menos se configura un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por una simple recepción de dinero a través de SPEI. Asimismo, que mucho menos se cumple el contenido de los artículos 2 de la Ley de Delincuencia Organizada y 400 del Código Penal Federal.
La defensa de Collado Mocelo alegó, también, que tampoco existe prueba de que el litigante haya sido miembro del consejo de administración de la empresa Libertad Sociedad Financiera, cuando se dice que recibió un pago de 24 millones de pesos, por la venta que supuestamente realizó Operadora Inmuebles del Centro, de un terreno en Querétaro.
En la apelación, también se detalló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se ha pronunciado sobre los conceptos, así como sobre las consecuencias de la prueba ilícita y la imperfecta. “Sus diferencias son nítidas. La prueba ilícita no es susceptible de convalidarse o sanearse”, indicó la defensa, que citó el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, mismo que no permite ni autoriza la recalificación de los hechos.
Asimismo, los defensores de Collado Mocelo indicaron que durante el debate en la audiencia inicial y de vinculación, la Representación Social de la Federación no se hizo cargo de múltiples argumentos expuestos por los abogados del litigante, y que el juez de control soslayó “justipreciar” la totalidad de los argumentos, “e ignoró el dato de prueba” presentado.
El empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamante Figueroa denunció a Collado Mocelo ante la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado 7 de junio, por supuestamente haber recibido en el año 2015, 24 mdp, de un total de 156 millones de pesos, producto de la venta de un terreno de su propiedad, ubicado en Querétaro.
Bustamente Figueroa acusó que la Caja Libertad –de la que Collado Mocelo es socio– es “una Institución financiera que, al amparo de la oscuridad de las leyes financieras del país, realiza actividades ilícitas como blanqueo y/o lavado de dinero”, a través de empresas fantasma, y que los “verdaderos propietarios” son los políticos Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Francisco Domínguez Servién y Mauricio Kuri González.
Collado Mocelo fue detenido el martes 9 de julio, por agentes de la FGR, al interior de un restaurante ubicado en Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“El Ministerio Público Federal (MPF) solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento que fue ejecutado por policías federales ministeriales (PFM)”, indicó la FGR en un comunicado, a través del cual señaló que el abogado sería puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.
Entre los clientes del litigante Collado Mocelo se encontraban el ex presidente Enrique Peña Nieto, a quien divorció de Angélica Rivera Hurtado; además del ex senador y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, con quien, según testigos, el abogado comía esta tarde.
Otros de sus clientes fueron ex el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid; además de Raúl Salinas de Gortari, cuando el hermano del ex presidente de la República fue acusado de asesinar a su cuñado Francisco Ruiz Massieu, y del delito de lavado de dinero.
Además, ha defendido a Edgardo Codesal Méndez, ex dirigente de los árbitros mexicanos, implicado en grabaciones telefónicas ilegales del también silbante Felipe Ramos Rizzo; así como al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz; y al ex candidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos; entre otros.
Semanas antes de su detención, figuras relevantes de la política nacional, entre los que destacaron el ex presidente Peña Nieto, legisladores, funcionarios, y hasta ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se reunieron en la boda de la hija del abogado, egresado de la Universidad Panamericana y actual esposo de la actriz Yadhira Carrillo Villalobos.
Los tres ministros de la SCJN que acudieron al enlace matrimonial de la hija de Collado Mocelo fueron: Luis María Aguilar Morales, Eduardo Medina Mora y Alfredo Gutiérrez Ortiz; además del ex encargado de despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán.
El litigante, quien también fue abogado de Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) -acusado de lavado de dinero y de tener cuentas bancarias en Suiza-, dirigía la firma de abogados: Collado & Asociados, y ha estado casado en otras dos ocasiones, entre ellas con la actriz Leticia Calderón León, con quien procreó dos hijos.
