Como una acción “sin precedente en nuestro estado”, el gobernador de Baja California Sur dejó en manos de la SCJN una controversia constitucional por las acciones de la mayoría morenista contra los legisladores de oposición en el Congreso. “Nulo” el juicio político, por haberse realizado dentro de la suspensión de amparo: Abogado Arturo Rubio Ruiz
En una sesión extraordinaria virtual, llevada a cabo el 22 de agosto, con 13 votos de diputados de Morena y Partido del Trabajo (PT) destituyeron a cinco legisladores de oposición y sancionaron a otros tres.
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Tras haber iniciado una controversia constitucional por estas acciones, las cuales considera un antecedente “peligrosísimo para democracia mexicana, sin precedente en nuestro Estado”, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, informó en un mensaje publicado en sus redes sociales que, para publicar decretos y leyes del Congreso en el Boletín Oficial del Estado, esperará a que la SCJN se pronuncie al respecto y precisó que ampliará la demanda, para que sea la SCJN la que defina la legalidad del juicio político y la destitución.
Subrayó que, si la SCJN determina que la integración del Congreso es ilegal por no participar los 21 diputados que fueron elegidos mediante el voto, la autorización de la planta desaladora y de cualquier otro proyecto o decreto quedarán sin efecto.
Además, el Ejecutivo estatal señaló que este conflicto en el Poder Legislativo retrasará proyectos como la planta desaladora de Los Cabos. Detalló que el Congreso debe autorizar al Gobierno del Estado y al ayuntamiento que comprometan como garantía sus participaciones de ley.
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Sobre esta reciente controversia, en un Congreso marcado por el jaloneo constante de los legisladores de Morena, el abogado Arturo Rubio Ruiz explicó que la suspensión de amparo -otorgada a los diputados de oposición destituidos- está firme. Con respecto al juicio político que llevó a cabo la mayoría del Congreso, el litigante subrayó que es nulo porque se realizó dentro del amparo otorgado por la SCJN.
“El juicio político pudiera o no ser procedente, si se hubiera hecho fuera de la suspensión”, indicó. “Los diputados de Morena-PT dicen que a ellos no les notificaron la suspensión y que no les obliga; es un criterio equivocado. Hay una jurisprudencia firme de la Primera Sala; la suspensión procede cuando se publica, no cuando se notifica”.
Recalcó que si el juez federal emite una suspensión, basta con que sea publicada para que surta efecto, independientemente de la publicidad de la misma.
Aseveró que en caso de haber ignorado la suspensión de amparo, se otorga un período de 24 horas para restituir los derechos de las víctimas.
Agregó que de no proceder con la revocación al violar la suspensión de amparo, los legisladores de Morena-PT entrarán en desacato lo cual es un delito federal.
LEGISLADORES DE OPOSICIÓN REACCIONAN
Como conclusión del juicio político con el número 002/2020 iniciado por la denuncia de un ciudadano, los diputados del Partido Encuentro Social (PES), Perla Flores, Rigoberto Murillo y Lorenia Montaño; así como las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Humanista, Elizabeth Rocha y Daniela Rubio, fueron destituidas de sus cargos.
En la lectura de motivos que propiciaron el juicio político, el diputado Héctor Pillado señaló a la legisladora Perla Flores por la compra de boletos de avión a París para su familia, con cargo al erario del Congreso del Estado.
Asimismo, atribuyó al diputado Rigoberto Murillo, responsabilidad en la desaparición de 337 mil pesos; recurso que debía ser destinado para pagar los gastos de los foros de movilidad realizados en 2019.
A los diputados Daniela Rubio y Elizabeth Rocha se les señaló por suspender sesiones del Congreso sin tener facultades para realizar dichas acciones.
Un enfrentamiento a mordidas entre diputadas de Morena y el PES, uso de la fuerza pública y propiciar la intervención del Ejecutivo de Baja California Sur en la vida del Congreso, son otros de los señalamientos en el juicio político.
Por otra parte los diputados, José Luis Perpuli (PRS), Maricela Pineda (PRD) y Anita Beltrán (PRI) resultaron amonestados como conclusión de este proceso.
Los ocho legisladores de oposición acusaron que el juicio político en su contra es ilegal, ya que viola la protección que les otorgó un juez federal por medio de una suspensión provisional.
Agregaron que el juicio político fue promovido por un militante de Morena que desconocía el contenido del documento, por lo que aseguran que este proceso tiene “tintes políticos”.
El conflicto no quedó ahí. Los ocho legisladores de oposición interpusieron una denuncia por violación de la suspensión temporal que les otorgó un juez federal, por lo que ahora queda esperar las resoluciones de las autoridades correspondientes.
Tras la destitución, en conferencia de prensa, la diputada Lorenia Montaño manifestó que la mayoría de Morena-PT no tiene pruebas para demostrar actos de corrupción que legitimen un juicio político en contra de la oposición.
Recordó que se les concedió una suspensión de amparo por parte de la jueza del Segundo Distrito Federal, que determinó que no se avanzara con el juicio político hasta que se resuelva de fondo el asunto.
La diputada, Daniela Rubio aseguró que la petición es que los legisladores revoquen por sí solos las destituciones y amonestaciones aprobadas en la sesión extraordinaria. De negarse, también recalcó que estarán cayendo en desacato.
Precisó que cualquier reforma que sea aprobada mientras no se resuelva este conflicto, será desechada. Detalló que para ser publicados los decretos y leyes del Congreso del Estado en el Boletín Oficial, debe de existir certeza jurídica.
Para el 18 de septiembre está programada una audiencia por la suspensión de amparo. Los diputados de oposición recuerdan que hasta ese día gozan de protección ante cualquier proceso que busque revocarlos de sus cargos.
