Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta ciudadana en la que se vote si se está de acuerdo en un juicio para los ex presidentes, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, planteó un proyecto, que será presentado al pleno de la Corte para su votación, en el que declara inconstitucional la petición para juzgar a los ex mandatarios.
“La consulta popular solicitada se considera inconstitucional porque su realización llevaría a condicionar el ejercicio y protección de los derechos humanos a la voluntad de las mayorías, lo cual, como se señaló es contrario a la Constitución, pues los derechos humanos no son disponibles ni pueden estar sujetos a lo que la mayoría de la ciudadanía decida”, argumenta en la página 42 y 43 del documento presentado por María Aguilar.
También expuso que cada uno de los motivos presentados por el presidente, son suficientes para declarar la inconstitucionalidad de la consulta popular, “se trata de un concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia, la persecución de los delitos y el Estado de Derecho mismo”.
Finalmente, el ministro agregó en su proyecto de resolución que “no es legalmente posible emitir pronunciamiento alguno con relación a la calificación de la trascendencia de la consulta ni en torno a la legalidad y contenido de la pregunta propuesta”, que la pregunta “no tiene un sustento legal” y resulta improcedente.
“Con base en las consideraciones anteriores, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, RESUELVE: ÚNICO. Es inconstitucional la materia de consulta popular a que este expediente se refiere. Notifíquese al Senado de la República y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido”, dicta el proyecto.
Ante esta noticia, el presidente de México fue cuestionado sobre qué opinión tenía del proyecto del ministro Mario Aguilar, de declarar inconstitucional la consulta popular, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional este jueves 24 de septiembre, el titular del ejecutivo respondió que los ministros deberán trabajar con apego a la ley, sin intimidaciones.
“Hay que esperarnos porque también debe de explicarse que no sólo interviene un ministro, es la propuesta. Yo no sabía. Eso es lo que manejó desde el principio Felipe Calderón. Yo opino distinto pero mejor vamos a esperar a que el pleno de la corte resuelva. A los ministros les diría que trabajen con apego a la ley, que no se dejen intimidar”, respondió López.
Al enterarse que el proyecto será discutido el próximo jueves 1 de octubre en el pleno de la SCJN, el político tabasqueño comentó que “hay proyectos que se aprueben, hay proyectos que no se aprueban y tiene que decidirse por la mayoría y hay que esperar, y tener confianza en la Suprema Corte”.
Finalmente, cabe destacar que en la petición de consulta popular de López Obrador a La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el jefe del ejecutivo planteó el cuestionario de la consulta, el cual consta de una pregunta:
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, se lee cómo propuesta de pregunta en la petición de López Obrador a la SCJN.
Al inicio de su exposición de motivos el presidente expuso a la SCJN que entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 “México vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
