Unidad de Inteligencia Financiera en B.C.
Más allá de la preocupación de que histórica y sistemáticamente los alcaldes y su círculo de funcionarios (sumisos e incondicionales) y socios empresarios, que como común denominador no tienen escrúpulos ni honorabilidad, sus hechos hunden más a Tijuana en la violencia institucionalizada que viene como cascada de los puestos de mayor poder.
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Este núcleo de delincuencia de cuello blanco, disfrazada de servidores públicos en el poder local y avalado, por supuesto, por autoridades federales, se ha dedicado a negocios lucrativos -y de paso, mutilado- de los predios fundamentales del municipio. Rematar las propiedades de los ciudadanos, predios de cientos o miles de hectáreas a lo largo de los 5 municipios, que servirían para diseñar, construir infraestructura y equipamiento urbano y para planear, organizar, estimular y consolidar la activa e indispensable participación cívica de grupos diversos por naturaleza para alinear y regenerar la positivamente pluralidad a la sociedad desde sus cimientos.
La gravísima carencia de clínicas, escuelas, extensiones de universitarias, áreas verdes, bosques, lagos, unidades deportivas funcionales, parques, casas de cultura, centros comunitarios, escuelas de oficios; es una de las grandes mutilaciones.
Cada vez que conozco más el tema, me convenzo que es deliberadamente planeada desde la clase económica y política. Esto es una carencia del país; y BC no es la excepción.
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Estas ausencias de estructura y servicios sociales no son accidente casual. Traicionan la esperanza de cambio verdadero de régimen. Hay peores administraciones, sin respeto a la ley, al sentido común y a la ética política de los partidos que lanzan a delincuentes a los puestos Públicos de elección. Este Poder Judicial tranza y tolera cuando hay de por medio millones de dólares de sobornos disfrazados, pero nunca legítimos. La historia de hechos escandalosos lo prueba.
Si bien los diputados intentan un “SAT” local, lo que falta realmente en los Estados es un gobernador rodeado de personalidades honradas, inteligentes, capaces y justifique guaruras:
Servidores públicos que vayan a limpiar de corrupción las oficinas de empresas paraestatales, municipales y del estado. Que fiscalicen como Santiago Nieto en la Federación. Investigar los casos sospechosos, de oficio, y aclarar la riqueza inexplicable de funcionarios y “empresarios connotados”, que son viejos coyotes de tráfico de influencia. Urge parar el saqueo.
“Kiko” Vega remató terrenos de importante valor comercial a su socio. Al salir el ex alcalde, sin el menor recato se los apropió. Y el ex gobernador Vega de Lamadrid -que cínicamente declaró que “conmigo el pueblo manda”- camina libre, con estos delitos en la espalda. El conflicto de intereses abunda en los pasillos públicos.
Prueba que los diputados son obedientes al grado de ignominia. Saben de esos negocios; si no participan directamente, su silencio y omisiones son recompensados con privilegios, que tarde o temprano salen a relucir en propiedades, negocios, concesiones, etc.
Ejemplo es Bernardo Padilla, ex diputado, que se le vendió un bien público a precio de ganga. ¿A cambio de qué? Una manzana completa, con ubicación privilegiada frente a Plaza Río con un valor comercial extraordinario. El caso de robo “legal” es impune. ¿La fiscalía financiera? Un sueño de los ciudadanos. Pero no de diputados ni gobernador.
Necesitamos funcionarios y diputados que dignifiquen al pueblo.
En el Fraccionamiento Rioja, donde el cabildo mutila los servicios y sus responsabilidades de servicios comunitarios, tranza con la complicidad del cabildo varios predios de la ciudad, de pueblo, de los colonos; son casi ocho mil metros cuadrados para guarderías, escuelas, salud, deportivos, tan necesarias. Ya los remataron. La ciudad se hunde en más violencia cada vez que la castran de sus espacios públicos.
Otro caso es el predio de 57 hectáreas en la cuarta etapa del Parque Industrial Pacifico, que es un crimen social.
Porque ahí deben construirse los servicios sociales de las desvalidas y abandonadas comunidades obreras de maquiladoras, una de las más marginadas, con alta criminalidad, violencia, de la zona industrial; pero se la venden para naves industriales y más contaminación. ¿Y cuándo concretamos el desarrollo social, la educación y cultura?
Los jugosos negocios en municipios, motivan la disputa del poder, así como la selección de funcionarios, que los jefes políticos les leen la cartilla de la ignominia. Por eso apuestan y son asquerosamente ricos y demagogos. Manchan sus ideales… si los tuvieron. La 4T desaparece sin inteligencia social, honestidad ni transparencia.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana.
Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
