¿Cuál es la esencia del servicio público en una sociedad democrática? El Doctor en Derecho Juan Morales Godo, en su artículo “La función del juez en una sociedad democrática” desarrolla magistralmente la evolución del juez, de ser considerado en el modelo clásico como la boca de la ley, impedido para su interpretación, limitándolo a la aplicación de la ley, la evolución del estado de Derecho, hasta llegar al estado de Derecho constitucional.
Surge un cambio de paradigma: actualmente el juez ejecuta ejercicio de interpretación de la ley, para concluir si es constitucional, impartiendo justicia bajo su amparo o en su defecto realizar ejercicio de interpretación conforme o inclusive llegar a desaplicarla, impartiendo justicia con base a los derechos humanos contenidos en la constitución, los tratados internacionales y principios generales de derecho, buscando la protección más amplia.
Importante que los jueces, tengamos conciencia de la responsabilidad encomendada por el estado, en democracia y bajo el sistema de gobierno sustentado en la división de poderes. El Judicial es el Poder de Poderes, porque se le encomendó la interpretación de la ley bajo los principios constitucionales, con la finalidad de mantener el orden constitucional, evitando el autoritarismo y alteración de la paz social. Elemental fortalecer al Poder Judicial; debemos reconocer humildemente la crisis de los poderes judiciales locales y federal, por la decreciente legitimidad, derivada de la ley en la carrera judicial, obsoleta e inestable, sin correspondencia al perfil de juez en el estado de Derecho constitucional, como el de nuestro modelo de gobierno actual. Indispensable tener un Poder Judicial más robusto y democrático, fundamental fortalecer la carrera judicial y cumpla con sus fines principales en democracia constitucional, impidiendo el uso arbitrario del poder político y garantizar los derechos de los ciudadanos.
México necesita funcionarios judiciales sensibles, capaces de desarrollar lazos de empatía en crisis, como esta pandemia. Constituyen hecho notorio los reclamos incesantes, los ciudadanos reclaman impartición de justicia, porque es esencial, declarado por decreto presidencial; no obstante, a raíz de la pandemia, la impartición de justicia se paralizó, y aunque el 3 de agosto se reactivó, no se han hecho esperar los reclamos por la forma en que se está impartiendo justicia, a partir de “la nueva normalidad”, impidiendo acceso a justicia pronta, expedita, completa e imparcial, tutelada por el 17 constitucional. En justicia, les asiste la razón.
Para salir de esta crisis de legitimidad, se requiere actualizar la carrera judicial: que cumpla con criterios constitucionales y legales; que la normatividad para selección de jueces y magistrados, sea mucho más eficaz, logrando que los ciudadanos designados cumplan con el perfil del juez en congruencia con el estado de Derecho constitucional; teniendo como fundamento los sentimientos y valores de la nación. Siendo indispensable conocer el origen del estado de Derecho, basado en el principio de legalidad, el antecedente de la división de poderes, heredada de la revolución francesa y el lugar ocupado por la justicia, su evolución, llegando hasta el actual estado de derecho constitucional; cómo impacto en el Poder Judicial y en los jueces, no exentos de dicho cambio de paradigma en el orden y lugar que hoy ocupa el poder judicial en el estado democrático.
Ante ello, es que se sostiene la opinión en el sentido de que, debido a lo obsoleto de los procesos de selección de jueces y magistrados frente al nuevo orden constitucional, el resultado es posibles funcionarios judiciales que no responden del todo a las necesidades del pueblo, sobre todo en esta era. Ha resultado evidente que los procesos de selección de funcionarios judiciales no privilegian en los perfiles la empatía, virtud necesaria a fin de cumplir con la esencial encomienda del pueblo a los Poderes de la Unión, que es el servicio a favor de la nación, sin distingo del encargo encomendado; de ahí que, por convicción, antes que juez, soy servidora pública.
En la segunda parte analizaremos la evolución del estado de Derecho, la trascendencia en el Poder Judicial y como, el modelo de selección de jueces y magistrados no corresponde al estado de Derecho constitucional que rige en nuestro orden de gobierno; y su necesidad de adecuación. ¡Porque el buen juez por su casa empieza!
La abogada María de Lourdes Molina es catedrática en Derecho y jueza del Juzgado Décimo Civil de Tijuana. Correo: molina.morales@msn.com
