Choferes de la línea Azul y Blanco se pusieron en huelga desde la 04:00 horas de este jueves 20 de agosto en las oficinas de la empresa, para exigir que se respete el contrato colectivo de trabajo y restituyan a los trabajadores que han sido despedidos.
En entrevista con ZETA, Antonio Camarillo Miranda, secretario general de la liga de choferes Roberto Luévano, destacó que la empresa ha estado violando sus derechos como trabajadores, también sus prestaciones y que ha habido despidos injustificados.
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A las oficinas de la empresa, ubicadas sobre la avenida Francisco I. Madero, en la Zona Centro, les pusieron cadenas en sus puertas, cuando nueve personas se encontraban en el interior, entre ellas cinco mujeres, y cuatro hombres.
Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía General del Estado, para obligar a los huelguistas a quitar las cadenas y candados y dejar salir a los que estaban adentro, que por su propia seguridad, también habían cerrado con llave desde el interior.
“Ellos (la empresa) mañosamente, junto con el secretario anterior (Sergio Mejía Atolín) hicieron malos manejos del contrato colectivo, mutilaron el contrato, el cual, según la Ley Federal del Trabajo dice que un contrato colectivo se puede modificar para beneficio del trabajador, no para el perjuicio”, dijo Camarillo Miranda.
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Agregó que de pagarles el 23 por ciento de salario, ahora quieren pagar el 17 por ciento, que es alrededor de 203 pesos, que los deja en desventaja si quieren cotizar en Infonavit o bien, recibir una jubilación digna.
Héctor Márquez Adame, secretario de Transportes Azul y Blanco, comentó a ZETA que la huelga se convocó desde inicios de 2020, ya que la empresa desconoce al sindicato, puesto que su contrato colectivo finalizó el 12 de diciembre de 2019.
“Nosotros los desconocemos porque hay un contrato colectivo, en donde se termina la relación sindical con la empresa, el 12 diciembre de 2019, sólo que dieron entrada a un aplazamiento en la Junta de Conciliación –y Arbitraje- que se ha venido prorrogando por la pandemia”, detalló.
Asimismo mencionó que los protestantes quieren reactivar un contrato de 2016, que de hacerlo, tendrían que pagar 5 millones de pesos, en lugar de 2, por lo que interpusieron una demanda de naturaleza económica ante la Junta de Conciliación, para llegar a un acuerdo, en donde el mismo líder sindical, Antonio Camarillo, firmó.
“No sé qué pasó, hubo un error, que ahora desconoce ese acuerdo. En ese momento, nosotros le solicitamos a la junta de conciliación las modificaciones que se hicieron a las cláusulas, que se adhirieran al contrato nuevo, y no sé qué pasó, que le dieron entrada a un contrato de ellos”, dijo.
Mientras tanto, señaló que solicitaron un amparo al Juzgado Quinto de Distrito, desde febrero de 2020, pero por la pandemia todo se suspendió, no así los derechos de los empleados.
Por otro lado, precisó que muchos de los manifestantes no eran empleados de Azul y Blanco, e incluso estaban incluidos taxistas, seguidores de Baltazar Gómez Ruiz, secretario general de la CTM, y que también estuvo presente, en apoyo a los huelguistas.
