Los más de 60 mil ciudadanos que firmaron contra la reforma constitucional que permite a alcaldes y munícipes aspirar a la reelección sin separarse del cargo, terminará en las manos del Congreso del Estado en última instancia, toda vez que sería el ente encargado de autorizar la ampliación presupuestal para llevar a cabo el proceso. Los dos regidores que impulsaron el referéndum, Héctor Ibarra y Fernando Rosales, del PAN y PRD, lo consideran ya una victoria ciudadana, pero para el abogado electoral Joel Blas Ramos, es imposible que pueda realizarse antes de que inicie el periodo electoral de 2021, por lo que los diputados que la aprobaron podrán gozar de esta figura. La única vía, dijo, es la acción de inconstitucionalidad ya presentada por los partidos políticos ante la SCJN
Pese al motivado discurso de colectivos de las Resistencias de Baja California, de regidores y cámaras empresariales, es prácticamente imposible que el referéndum que pretende derrocar la conocida como “Ley Gandalla” -reforma constitucional que permite a diputados y munícipes buscar la reelección a su cargo sin la necesidad de separarse del mismo- pueda llevarse a cabo antes del inicio del proceso electoral. En el mejor de los escenarios, se realizaría el día de la elección en 2021.
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La larga travesía que se avecina para los interesados en someter la reforma constitucional a voto popular, cuenta todavía con varios filtros que van desde la validación, la procedencia y el respaldo de tres cuartas partes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), para llegar a la última instancia en la que el Congreso del Estado otorgue la ampliación presupuestal necesaria para ejecutar el referéndum. Es decir, los diputados que aprobaron la reforma tendrán la última palabra para decidir si se lleva a cabo por cuestiones presupuestales.
El lunes 11 de mayo, el Poder Legislativo aprobó con 18 votos a favor y 6 en contra, la reforma constitucional a los artículos 16, 78 y 80, que permite a legisladores y munícipes buscar la reelección sin separarse del cargo.
Tras ser turnada a los ayuntamientos, tres de los cinco municipios -Mexicali, Tijuana y Ensenada- otorgaron la positiva ficta -se aprobó por la omisión del Cabildo de votarla-, mientras que Rosarito la avaló por mayoría y Tecate la rechazó de manera unánime.
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El 16 de junio se emitió la declaratoria de procedencia y se publicó en el Periódico Oficial del Estado para causar ejecutoria.
Los regidores de Mexicali, Fernando Rosales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Héctor Ibarra Calvo, del Partido Acción Nacional (PAN), presionaron por medio de escritos y protestas simbólicas para que el gobierno municipal votara la “Ley Gandalla”, y al no encontrar respuesta, optaron por llevar el tema a la votación popular, que de concretarse sería el primer ejercicio de participación ciudadana de este tipo que se ejecuta en Baja California, y según su dicho, a nivel nacional.
Luego de dos meses que análisis, se emitió la solicitud y se inició con la recolección de firmas -que terminaron el 18 de agosto-, cuando representantes populares, empresariales y colectivos de las Resistencias de Baja California, presentaron 404 cajas con 60 mil 812 signaturas ciudadanas, de las 43 mil que requerían para solicitarlo, es decir, el 1.5% del listado nominal.
El empresario Francisco Fiorentini Cañedo, quien el día de la entrega se encontraba en las instalaciones del IEEBC, comentó que se llevó a cabo una labor titánica por parte de los participantes, pero en algún momento se tuvo hasta a 250 personas recolectando firmas en un solo día.
LO QUE VIENE DEL REFERÉNDUM
El secretario ejecutivo del IEEBC, Raúl Guzmán, comentó en entrevista que aún falta un proceso extenso para llevar a cabo el referéndum, si es que se cumple con todos los requisitos para ejecutarlo.
Referendum
El proceso inició el martes 18 de agosto, cuando se entregó la justificación jurídica y la prueba documental donde constan las más de 60 mil firmas ciudadanas. El miércoles 19 se llevó a cabo el conteo oficial para confirmar el número de interesados en realizar el referéndum y se le asignó el número de registro IEEBC/CG/REF-001/18-08-2020. Todo esto se hizo frente a cinco representantes ciudadanos encabezados por el empresario Eduardo Javier Guerrero Maymes, además de funcionarios electorales que hicieron constar que la documentación no fue manipulada.
Al terminar se inicia el proceso de digitalización de la evidencia y se turna al Instituto Nacional Electoral (INE), donde se validan las firmas y claves de elector; esto duraría entre dos y tres semanas.
Posteriormente se envía la documentación necesaria a la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, para que lleve a cabo un estudio del tema y en cinco días -con posibilidad de ampliación- se determine la procedencia del referéndum.
Raúl Guzmán comentó que, pese a que el Consejo General del IEEBC otorgó una ampliación del plazo para la entrega de firmas, este se suspendió tras entregar la documentación correspondiente.
De declararse procedente, el Secretario Ejecutivo del Consejo General del IEEBC, aseguró que se solicitaría una ampliación presupuestal al Congreso del Estado, con el fin de que dote del recurso necesario para ejecutar el referéndum, el cual tendrá que garantizar la votación de alrededor de 3 millones de empadronados en el Estado.
“Es muy similar al ejercicio (a una elección). Es un referéndum a todo el Estado, es muy similar a una cuestión estatal, tanto en organización y desarrollo, como en documentación para llevar a cabo este ejercicio”, refirió.
Cabe recordar que en la pasada elección de 2019, Baja California requirió 4 mil 805 casillas para garantizar que toda la población pudiera participar, lo que evidentemente representaría una logística y gasto enorme.
Guzmán Gómez comentó que la primera semana de octubre es la fecha límite para que se pueda solicitar una ampliación presupuestal de cualquier tipo al Congreso del Estado, por lo que esta sería la fecha límite. De no recibir respuesta para esa fecha, el referéndum se enviaría a 2021.
Regidor del PAN, Héctor Ibarra
Además de ello, el abogado electoral Joel Abraham Blas Ramos, agregó otro problema para los interesados, como el hecho que la Ley de Participación Ciudadana del Estado no otorga plazos para que el Poder Legislativo emita una respuesta para la procedencia del mismo ni el otorgamiento de recursos, por lo que seguramente tendrían que presentar impugnaciones ante tribunales federales, con el objetivo de presionar a los diputados.
A su juicio es imposible que se lleve a cabo el referéndum este, pues tanto la Ley Estatal de Participación Ciudadana les juega en contra por los enormes vacíos legales, como por el costo que representa.
No conforme con este escenario, confirmó que toda reforma de carácter electoral tendría que realizarse 90 días antes del inicio de los comicios, es decir, el 6 de diciembre. Por ende, el plazo para modificar la Constitución en temas electorales sería el 6 de septiembre (en dos semanas).
Blas Ramos señaló que aunque apoya los mecanismos de participación ciudadana, la única esperanza real para “tumbar” la reforma constitucional antes de iniciar el proceso electoral es la acción de inconstitucionalidad que presentaron los partidos de oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual debe resolverse en próximas semanas.
CONGRESO NO PUEDE IR CONTRA UN INSTRUMENTO CIUDADANO: ROSALES
Los dos cerebros detrás del referéndum son el regidor Héctor Ibarra Calvo y Fernando Rosales, del PAN y PRD, respectivamente, quienes ya consideran una victoria haber recolectado más de 60 mil firmas contra la “Ley Gandalla”.
Para el edil perredista, el segundo filtro es la validación de firmas, pero reconoce que el principal contrincante será el Poder Legislativo, el cual consideró que bajo ninguna circunstancia debería atentar contra un instrumento ciudadano.
“Sería una gran irresponsabilidad con los ciudadanos, estoy seguro que la ciudadanía no lo toleraría, sería atentar contra un instrumento ciudadano, democrático y participativo, sería un error si eso hiciera el Congreso. Al contrario, el gobernador debería impulsar este referéndum porque es el primer referéndum estatal y nacional. Baja California es un referente”, comentó el regidor, además de revelar que se requeriría de la participación del 20% del padrón electoral para que el referéndum sea vinculante (más de 400 mil votos).
Cabe recordar que en la elección en la cual Jaime Bonilla Valdez resultó ganador, la votación fue del 29%, de los cuales aproximadamente la mitad votó por el entonces candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia por Baja California”.
Por su parte, el regidor Héctor Ibarra Calvo, comentó que independientemente del próximo conflicto político o social que se presente para avanzar con el referéndum, la “Ley Gandalla” ya feneció, máxime porque la ciudadanía ya tiene identificado el acto de abuso de autoridad cometido por el Poder Legislativo.
Ibarra Calvo coincidió en que muy posiblemente pueda enviarse hasta el próximo año, lo que permitiría a los actuales diputados beneficiarse de las reformas que ellos mismos aprobaron, pero aún así continuarán con la lucha que -según dijo- debe ir más allá de partidos, agrupaciones y sectores sociales y empresariales contrarios.
El regidor panista exclamó que con este referéndum, los ayuntamientos van a pagar el error político que cometieron al respaldar la reforma constitucional a través de la “positiva ficta”.
Uno de los hechos más curiosos de este movimiento fue que integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana y el PAN, sostenían reuniones de trabajo en torno al referéndum, con integrantes de las Resistencias Unidas de Baja California, cuando el año pasado peleaban y se descalificaban por el plebiscito contra la instalación de la planta cervecera Constellation Brands.
Raúl Guzmán, secretario ejecutivo del IEE
Entre los representantes populares se encontraba la profesora Aracely Piña, quien compartió espacio con Francisco Fiorentini y Ernesto Elorduy Blackaller, la cual comentó en entrevista que el gobierno morenista de BC ha llevado a cabo muchos actos lamentables y abusivos contra la ciudadanía.
Todavía portando bolsas y camisetas contra la planta cervecera, criticaron las intenciones de los actuales diputados de beneficiarse con sus propias reformas.
“Este momento era unirnos para demostrar a este gobierno y Legislatura, que ha abusado, se puede y por supuesto que tenemos que hacer a un ladito esas cosas que nos contraponen, pero en democracia todos tenemos derechos: el tuyo, el mío y el de ellos, porque queremos que todo mundo participe, que esta Ley de Participación Ciudadana no esté de adorno”, refirió la profesora, quien observa en el gobernador y el Poder Legislativo, un desinterés por apoyar a la ciudadanía.
SI EL REFERÉNDUM SE LOGRA LO RESPETAREMOS: CABALLERO
La coordinadora de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Montserrat Caballero, comentó que cualquier herramienta de participación ciudadana es bienvenida y, si el referéndum se logra, será aceptado por el Poder Legislativo.
Sin embargo, criticó que el movimiento ha sido impulsado principalmente por partidos políticos y no tanto por ciudadanos, lo que les genera cierta duda de su legitimidad.
Caballero Ramírez comentó que, en caso de solicitarse, estarían en la disposición de dotar el recurso necesario para ejecutar el referéndum, siempre y cuando se den las condiciones de tiempo y económicas para hacerlo.
La legisladora aseveró que los grupos opositores se inconforman por todo, aunque se cumpla con sus exigencias: “En un principio nos manifestaron que lo que no les gustaba esta Ley, era que no nos separábamos del cargo e íbamos a seguir recibiendo las partidas económicas. Nosotros aclaramos que no vamos a recibir esas partidas, se les da respuesta, continúan con el mismo discurso a sabiendas que les dimos gusto”.
Agregó que con la reforma sería más fácil imputar sanciones contra candidatos que utilicen recursos públicos para beneficiarse en su campaña, “te pongo el ejemplo, la presidenta municipal Marina del Pilar dice que vamos a hacer campaña, todos sabemos el horario de la presidenta, que es de ocho a cuatro; si hace campaña en esa hora, todos lo sabremos y habría manera de imputar responsabilidades”.
Sobre esto, el abogado Joel Blas Ramos reconoció estos “candados” a la reforma, pero aseguró, hay áreas no reguladas como llevar a cabo una sobreexposición de su imagen en redes sociales, de entrevistas, fotografías, notas y hasta reportajes, a los cuales tendría acceso por ser representante popular, pero un candidato no. Ahí -dice- es donde se afecta el principio de equidad.
