“Ya sabemos que en la Suprema Corte no la vamos a ganar porque ahí yo no gano ni una”, expresó el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, como si el problema fueran los ministros de la Corte que deliberan las controversias.
Lo declaró en su transmisión de Facebook del 22 de julio, después de anulado el decreto que eliminaba el cobro de la caseta Tijuana-Playas de Rosarito, para evadir la controversia constitucional que había interpuesto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al invadir el ingeniero competencias de la Federación, violando la Constitución y otras leyes.
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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya le había dejado claro que no puede violar la Constitución -como lo intentó al ampliar su periodo de gobierno de dos a cinco años- y que el poder absoluto no es de él, sino del pueblo. Sin embargo, eso no le ha impedido a Bonilla a perseverar en el intento.
Don Jaime insiste en gobernar sin someterse a la Ley, sin acompañamiento de los grupos organizados y las instituciones, sin socializar ni someter a reflexiones profundas sus propuestas y ocurrencias, cuyas exposiciones de motivos son usualmente medias verdades presentadas de forma artificiosa. Incluso se les ha hecho costumbre argumentar gastos y ahorros sin presentar reportes financieros sólidos que se puedan analizar.
Su búsqueda de poder desmedido ha ido más lejos, al tratar de adjudicarse -indebidamente- las facultades de los poderes Legislativo y Judicial, que existen en autonomía al Poder Ejecutivo y como naturales contrapesos.
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Durante los primeros ocho meses de gobierno, los legisladores morenistas -quienes consideran le deben su cargo al mandatario y no al electorado-, le entregaron sus facultades prácticamente como ofrenda, aprobando y acatando todas las propuestas del Ejecutivo como si fueran órdenes.
Fue el 12 de junio cuando algunas voces autónomas empezaron a surgir: los diputados Juan Meléndrez Espinoza, Rosina del Villar Casas, Araceli Geraldo Núñez y Carmen Leticia Hernández Carmona, de Movimiento Regeneración Nacional, votaron contra la pretensión bonillista de reducir de seis a tres años la próxima gubernatura. Y el mismo día, el Cabildo de Tecate rechazó por mayoría absoluta la reelección de diputados y alcaldes sin separarse de su cargo.
En el caso del Poder Judicial, las embestidas de la administración de Bonilla empezaron el 4 de febrero, cuando intentaron quitarle el Servicio Médico Forense (Semefo) al Tribunal Superior de Justicia y entregarlo a la Fiscalía General del Estado, lo que sometería los dictámenes técnicos a la voluntad del organismo, dándole el monopolio de la investigación.
El personal forense se manifestó en contra, apoyados por el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial en Baja California, donde rechazaron la desincorporación del Semefo. Pero también consideraron la posibilidad de darles respeto y convertirlos en un organismo público autónomo descentralizado, como el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que funciona desde 1998. Esta propuesta no tuvo eco en el gobierno estatal, así que el proyecto de reforma sigue en la congeladora.
Un mes después, el 13 de marzo, llegó la revancha. Al gobernador se le ocurrió desaparecer el Consejo de la Judicatura y presentó la iniciativa para eliminar el consejo estatal que opera desde 1994. El Congreso se lo aprobó el 1 de agosto.
De nuevo, los morenistas Rosina del Villar Casas, Araceli Geraldo Núñez y Carmen Leticia Hernández Carmona votaron en contra, pero igual lo aprobaron con 17 sufragios a favor.
Arrojados y ladinos, gabinete y diputados de Bonilla decidieron también entregarle la facultad de presentar una terna para elegir magistrados, sin convocatoria abierta, sin entrevista, sin análisis y prácticamente por dedazo. Sistema que facilitaría al Ejecutivo tener cómplices que le deban el puesto, en lugar de juzgadores independientes, minando además la autonomía del Poder Judicial.
El siguiente paso antes que dicha reforma entre en vigor, es que esta sea avalada por los ayuntamientos. Los Cabildos tienen hasta el 4 de septiembre para que tres de los cinco la aprueben, lo cual sucederá a menos que los alcaldes de Tijuana, Ensenada y Mexicali, sorprendan y decidan no apoyar a Jaime Bonilla, como lo han hecho de manera sistemática desde que iniciaron sus gestiones en octubre de 2019, incluso antes que el gobernador siquiera tomara posesión.
En ese contexto, los diputados deberán hacer la declaratoria en la sesión del pleno del 9 de septiembre, hasta entonces los magistrados que cambiaron de presidente -para defenderse- podrán votar en el pleno para promover una controversia constitucional.
A la fecha, de los varios intentos que los estados han hecho por suprimir sus Consejos de la Judicatura, la Corte solo ha validado el del Estado de Morelos, que cambió el consejo por una Junta de Administración y Vigilancia, que cumple las mismas funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, lo cual no sucede con la Junta en Baja California.
Hoy por hoy, la búsqueda del monopolio del poder se ha convertido en un patrón de conducta, casi una política de gobierno para el Ejecutivo local, que invariablemente termina con sus reformas ante la SCJN y con los ministros interrumpiendo el monólogo del gobernador, obligándolo a escuchar las voces disidentes para evitar que rompa el equilibrio de poderes, ponga en riesgo la frágil democracia estatal y el maltrecho Estado de Derecho, abriendo más la puerta a la corrupción.
