Cerca de 70 locatarios de pequeños negocios ubicados en las zonas Centro y Norte de la ciudad, acudieron este martes 11 de agosto a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Zona Río para entregar la petición formal de la reapertura de sus negocios que fueron clausurados por la autoridad judicial.
Ricardo García, representante jurídico de la Asociación de Locatarios Unidos de Tijuana, comentó a este Semanario que los negocios que representan son en su mayoría pequeñas tiendas de abarrotes que fueron clausuradas por la FGE, tras decomisarles máquinas tragamonedas.
El argumento que ha sostenido la autoridad es que estos negocios se encuentran bajo investigación por el delito de corrupción de menores, con este delito se busca combatir la operación de máquinas tragamonedas o “mini casinos”, como también se les conoce, ya que su funcionamiento pudiera poner en riesgo la integridad de los niños que viven cerca de estos negocios.
García comentó que hasta el momento a ninguno de los locatarios afectados se les ha vinculado por este delito ni se les ha encontrado antecedentes de delinquir, muchos habrían adquirido estos artefactos desconociendo que su operación se considera un delito. También comentó que tuvieron la oportunidad de acercarse con el Fiscal General, Guillermo Ruiz Hernández para exponer su problemática, mismo que giró la instrucción de liberar los negocios para su reapertura pero solo ocurrió con 15 de los representados.
“La clausura de estos negocios representa una pérdida muy grave para sus dueños, creemos que mucho de los productos que se quedaron dentro ya se caducaron y eso puede ser también un problema para la salud. Queremos el piso parejo, que a todos se nos permita seguir operando, mientras ellos realizan sus investigaciones”, expresó el representante.
Cabe destacar que la mayoría de los afectados respetan el proceder de la autoridad, por esto se muestran colaborativos, pero ante la difícil situación económica provocada por la contingencia sanitaria, les urge reabrir sus negocios que en algunos casos es el único sustento para sus familias.
El representante legal añadió que los mismos elementos ministeriales han cometido abuso de autoridad, robando mercancía y destruyendo parte del inmobiliario de algunos lugares. Aunque, por tratarse de la misma autoridad que los clausura y los investiga, no han querido denunciar estos actos por temor a represalias.
“Todos tenemos miedo, pero no por eso vamos a dejar que se nos siga tratando de esta manera. Hay negocios que han permanecido cerrados por meses, cuando otros abren al día siguiente que se les decomisa las maquinitas, por eso pedimos trato igual para todos”, declaró Ricardo García.
La entrega de la petición ocurrió después de una breve manifestación en lo que antes era la Subprocuraduría General de Justicia, el pliego petitorio fue dirigido a la Fiscal en Tijuana Hortensia Noriega y le solicitan una reunión con los afectados y los encargados de realizar los operativos judiciales, también se pide que se respeten los acuerdos que entablaron con el Fiscal Guillermo Ruiz como aceptar la entrega voluntaria de las máquinas.
Fue en el mes de noviembre cuando se realizó un primer evento de destrucción pública de maquinas tragamonedas, confiscadas de negocios ubicados en su mayoría en la Zona Norte, en noviembre se destruyeron cerca de 300 aparatos y en el mes de junio se realizó otro evento en el que se destruyeron más de 1 mil 300.
