Una residente de Lomas de Hipódromo reclamó a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), el cobro de 95 pesos, para que le reimprimieran los recibos que no le fueron entregados durante los meses previos a causa de la pandemia.
Olga Sánchez comentó a ZETA que a partir de la pandemia, desde hace más de dos meses dejó de recibir su recibo por parte de la Cespt; hace un par de semanas vio que había un par de empleados de la Comisión recorrer su calle para tomar las capturas y dar los recibos.
“Vi que venía un trabajador, llegó a la casa de al lado y la mía se la saltó; yo le pregunté que por qué se pasaba mi casa, si ya tenía meses que no me dejaban mi recibo, y me respondió que me esperara, que le tocaba a su compañero”, dijo.
Sin embargo, Olga no quiso esperar, y le pidió de favor que le hiciera la lectura y le entregara su recibo, pues temía que le cortaran el servicio; además, no confiaba en que su compañero fuera a hacer su trabajo.
Ya con recibo en mano, acudió a las oficinas de la Cespt en Plaza Carrousel, y una vez ahí le cobraron lo correspondiente al uso del servicio, y además 95 pesos extra, porque ella había solicitado le imprimieran los recibos que no le habían llegado.
“El señor que me atendió me dijo que sí me los podía reimprimir, pero tenía que pagar 95 pesos, y no se me hace justo porque no es mi culpa que no me los hayan entregado. Le dije eso, pero me dijo que así eran las cosas y que si los quería debía pagar”, afirmó la usuaria.
Al respecto, Raúl Martínez, subdirector de Atención a Usuarios de la Cespt, informó a ZETA que no existe un cobro por esa cantidad de dinero (por reimprimir los recibos); el sistema está automatizado y no está registrado un concepto así.
Señaló que lo más cercano es un cobro, por esa misma cantidad, cuando no se realizaron las lecturas, y se debe realizar un cargo mínimo; por lo general es de 95 pesos y centavos, por lo que consideró que pudo haber una confusión.
Aun así, destacó que si un empleado hace un cobro irregular, puede interponerse una queja directamente en las oficinas centrales, y el caso se destinará a la Secretaría de Honestidad y Función Pública para su análisis, pues no se permitirán situaciones de abuso en contra de los usuarios, afirmó.
