En su primera intervención pública, el nuevo Presidente del Poder Judicial de Baja California, magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, enfatizó que se defenderán, en contra de la intromisión del Congreso del Estado, para desaparecer el Consejo de la Judicatura, e interpondrán una controversia constitucional.
En conferencia de prensa, realizada en la sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Pérez Castañeda aseguró que se encargará de redignificar el trabajo del Poder Judicial durante los próximos cuatro meses, y en diciembre, se llevará a cabo la sucesión de la Presidencia.
El titular del Tribunal Superior de Justicia, no brindó muchos detalles sobre su designación -que se decidió hoy, la mañana del 4 de agosto-, en sustitución del hoy ex Presidente Salvador Ortiz Morales. Solo comentó, que hubo desgaste por diversos temas, como la contingencia de la COVID-19 y la controversia constitucional contra la desaparición del Consejo de la Judicatura. Además, detalló que debido al reacomodo, el magistrado Ortiz Morales podrá ocupar el espacio en la Cuarta Sala, que hasta el día de hoy estuvo desintegrada. Mientras que la Sala Unitaria para adolescentes, será atendida por la secretaria proyectista.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones del diputado Juan Manuel Molina, en torno a que “fueron magistrados”, quienes pidieron la desaparición del Consejo de la Judicatura, la magistrada María Esther Rentería -presente como apoyo a Pérez Castañeda-, intervino por alusión. Aseguró que su idea de desaparecer el Consejo data del año 2008, cuando existían otras condiciones.
Pero ahora, la función del Consejo es importante en la administración de recursos del Poder Judicial, dijo Rentería, quien rechazó la versión de que el Consejo representa un gasto sustancia, como lo ha asegurado el gobernador Jaime Bonilla Valdez.
Al respecto, Pérez Castañeda, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de BC, agregó que la desaparición del Consejo también repercutiría en los procesos de selección de magistrados. Recordó que ya están avanzados, y algunas listas de aspirantes ya se están en el Congreso del Estado, por lo que podrían suscitarse amparos contra posibles violaciones de derechos de los postulantes.
