Ahora el gobernador del Estado ya tiene dos municipios de Baja California vetados.
Primero sacó de sus giras, inversiones y acciones, al municipio de Tecate, después que la alcaldesa Zulema Adams Pereyra, lo denunciara ante la Fiscalía General de la República, por amenazas.
La morenista antes dio a conocer en una carta al Dirigente Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, y en otra al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que había sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte del gobierno de Jaime Bonilla, particularmente del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien la amenazó en caso de no aprobar en el cabildo tecatense una iniciativa -que de hecho aún no presentan en el Congreso del Estado- para disminuir de seis a tres años el próximo mandato de gobierno, se atuviera a las consecuencias.
Además, el segundo de Jaime Bonilla le dijo a la presidenta municipal, que aquella orden venía directamente del Presidente de la República. Lo cual negaría la oficina de la Presidencia y la secretaria de Gobernación más adelante.
Ante la negativa de la alcaldesa de aprobar algo por consigna, sin la evaluación y la votación libre de su cabildo, la amenaza fue cumplida casi de inmediato. Voces anónimas llamaron a su domicilio privado, y al contestar una hija de la funcionaria, la amenazaron respecto a su madre, trastocando la seguridad y la tranquilidad familiar.
Después de la denuncia de Adams ante la FGR y su visita a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el gobernador de Baja California no paró en los insultos. Públicamente refirió que la alcaldesa no trabajaba, que tenía abandonado el municipio, que se la pasaba en salones de belleza; e incluso, en una actitud misógina por demás, la tildó de “Lady Salón de Belleza”.
Ante la discreción de la presidenta municipal para ya no responder a las bravuconadas del gobernador, el tema se fue yendo a menos; pero el mandatario estatal vetó cualquier acto con la alcaldesa en el municipio de Tecate.
La historia se repitió en la semana que concluye. El amenazado fue el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz; y el instrumento, el bonillista y subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo. El funcionario federal llego a grado tal que citó a González Cruz en sus oficinas en la Ciudad de México, solo para amenazarle que en caso de seguir con su intención de ser candidato de Morena a gobernador del Estado, le perjudicaría en su campaña que se conociera que había una investigación sobre su secretario de Seguridad, Jorge Ayón Monsalve, a quien acusó de haberse quedado con un decomiso, del cual obtendrían dinero para la campaña de González.
El alcalde por supuesto negó todo. De hecho en la mesa de seguridad en Baja California, confirmaron a ZETA que no había investigación sobre un decomiso de la municipal que fuesen a transar por dinero para invertirlo en la campaña del político en un futuro. Entonces, González Cruz realizó un video donde informó de esto a la ciudadanía -de la cita, de la amenaza- y responsabilizó al Gobierno del Estado de la campaña en su contra. Además solicitó una disculpa para él y para la ciudad.
Oooooobvio que esto encendió más los ánimos buleros del gobernador, quien no solo dijo que quien se debería de disculpar era el alcalde, sino que llegó a grado tal de espectáculo, que lo tachó de bipolar, enfermo mental, de no trabajar, de tener abandonado el municipio… la misma dinámica que utilizó con la Alcaldesa Zulema Adams, pero aquí no hubo “Lady Salón de Belleza”, sino enfermo mental.
Entonces ahora Tijuana está medio vetada de la agenda gubernamental. Si hace algún acto, el presidente municipal no está invitado; ya el gobernador amenazó con cerrar la llave al agua al Parque de la Amistad, donde un lago es el recipiente del líquido y albergue de fauna como peces y patos, además de ser sede de entrenamiento del equipo de canotaje de Baja California.
Y lo de que la ciudad esté medio vetada, es solo porque Bonilla ha convertido a Tijuana en la sede del Poder Ejecutivo, pues ya dijo que no va a Mexicali porque hace mucho calor y le afecta; y la mayoría de su agenda privada la realiza o en Centro de Gobierno de Tijuana, o en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, desde donde incluso transmite su presentación en vivo por Facebook.
Pero ahora, ¿estarán dos alcaldes de tres equivocados? Parece que no. Parece que el asunto toral de los distanciamientos políticos y públicos del gobernador Jaime Bonilla es su explosivo carácter, con el cual utiliza sus presentaciones en redes sociales para denostar a propios y extraños: a periodistas, a medios de comunicación, a políticos del pasado, del presente, a la oposición y a los morenistas, y a dos alcaldes que le han puesto freno a su intención de imponer su agenda política y pública por encima de las formas y las necesidades de los Ayuntamientos.
Con tres presidentes municipales, el gobernador Bonilla sigue en armonía… todavía. Por lógica natural, con su protegido y ex empleado, Armando Ayala Robles, el alcalde de Ensenada, a quien incluso le dio un espaldarazo público al decir que tenía todo para gobernar Baja California, lo que se interpretó como un precoz destape electoral; toda vez que a Bonilla le restan 13 meses de gobierno, y ya anda buscando sucesor.
También está en buenas formas con la presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar, a quien apoya para la reelección (de hecho dicen que ya se lo advirtió a la dama de Morena: que busque la reelección porque la gubernatura es para Ayala), y quien de hecho ha sido bastante condescendiente con el gobernador, como aquella vez que pretendió que le votaran en Cabildo una iniciativa para que, a cambio de una módica comisión, el Gobierno del Estado cobrara el Impuesto Predial y después le entregara su parte.
Con Aracely Brown, la mandamás de los ediles en Rosarito, el gobernador lleva una relación de camaradería; él la hizo en el mundo de la política y la administración pública, y es la más afable con él en reciprocidad.
Y vaya, si el gobernador sigue con la actitud de revanchismo político interno, contra quienes dentro de su partido no piensan como él, y no siguen sus instrucciones, o le quieren suceder, un día de estos va a explotar, con todo y los patiños que le bailan alrededor. Ya nada más falta que critique al Presidente de la República, por no solo haberle obligado -con la controversia constitucional- a regresar al Gobierno de la República la caseta de peaje, sino ahora porque a través de la Consejería Jurídica, presentaron otra controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar el impuesto a la gasolina que instauró Bonilla en BC, al considerar que, una vez más, está tomando atribuciones que son de orden federal.
Ahí va, pues, dando tumbos el gobernador, que ya alejó y acusó a dos de tres alcaldes… ¿Quién sigue?
