Conforme a la Ley Electoral, los actos anticipados de campañas deben ser sancionados en México, pero el mandato que los prohíbe es usado de manera regular como papel sanitario por los políticos del país, quienes siempre están buscando y encontrando recovecos para violentarlo y resultar impunes.
Por ejemplo en marzo de 2019, ante la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de participar la consulta para la revocación de mandato, para los analistas, y para el ciudadano común, resultó imposible no considerar el hecho evidente, que su inclusión en la boleta electoral del 2021, tenía la intención de nuevamente arrastrar al triunfo a los candidatos a gobernadores, diputados y alcaldes de Morena que participaran en el proceso electoral del siguiente año.
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¿Qué tal la determinación del Tribunal Electoral del 27 de diciembre del 2019? Cuando sancionaron a la federación por “la difusión de propaganda gubernamental que contiene elementos de promoción personalizada a favor de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, relacionada con la entrega de diversos programas sociales y que además implica la vulneración al principio de imparcialidad por el uso indebido de recursos públicos, atribuibles a distintos Delegados Estatales de Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal, adscritos a la Secretaría de Bienestar”.
Efectivamente, se trata de esos programas asistencialistas que Andrés Manuel López Obrador prometió no serían usados para la manipulación electorera.
Como el mal ejemplo cunde, en Baja California podemos ver casi a diario esta promoción que llega al punto de hacer que los ciudadanos beneficiados con obras o despensas, graben un video agradeciendo al Gobernador, Jaime Bonilla, como si el dinero hubiera salido del bolsillo del ingeniero, como si estuviera haciendo un favor al cumplir con su trabajo.
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Desde mayo pasado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cancelaron las intenciones de Bonilla de permanecer en la silla estatal por cinco años, en lugar de los dos para los que fue electo, pero eso no significa que Bonilla esté remotamente interesado en dejar el poder político.
Así que en julio del 2020, decidido a adelantar vísperas electoreras a favor de sus candidatos a gobernadores -Armando Ayala, alcalde de Ensenada y Marina Ávila de Mexicali-, y criticar a su posible contrincante, Arturo González, alcalde de Tijuana. Y luego de manera absurda, reclamar “a los adelantados”.
Incluso al Gobernador le pareció buena idea politizar con la inseguridad. Como si el estado no fuera corresponsable, criticó los niveles de violencia en Tijuana, y recordó que Mexicali es más seguro, como si eso fuera nuevo, y no supiera que esa ha sido la dinámica durante décadas, porque en Tijuana hay varias mafias en pugna, y la capital ha permanecido bajo el control del cártel de Sinaloa. Después omitió mencionar cómo ha detonado la violencia homicida bajo la administración de su consentido, Ayala, en Ensenada.
Entonces, como escribió Sor Juana: “Qué humor puede ser más raro, que el que falto de consejo, el mismo empaña el espejo y siente que no está claro”.
En este contexto, el alcalde de Tijuana -objeto de la animadversión y críticas constantes del gobernador- visitó Mexicali y Ensenada, asegura él, para ver temas de promoción económica, lo que es factible. Pero su circunstancia política lo hace sospechoso también, de trasladarse para buscar apoyos con la finalidad de contrarrestar el efecto Bonilla y hacerse más visible en el estado en ruta a la gubernatura.
Esta semana el evidente pleito local se convirtió en un circo y alcanzó los titulares nacionales, tras la intervención del subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo, quien animado e informado, seguramente por sombríos mensajeros bajacalifornianos en desacuerdo con las aspiraciones del González –porque de otra manera, ni se entera, ni se mete–, llamó al alcalde de Tijuana a la ciudad de México.
De acuerdo a la versión del munícipe, éste le habló para advertirle en tono de amenaza que estaban investigando al secretario de Seguridad Pública Municipal Jorge Alberto Ayón Monsalve –el cual fue aprobado desde el estado y la SEDENA– porque había robado y vendido un decomiso, y que el dinero era para su candidatura, lo que podía afectar su campaña a gobernador.
Previo a esta acusación, González había emitido un informe de su trabajo y comentado que tomaba los comentarios de Bonilla como crítica constructiva. Tras la amenaza, el alcalde molesto, publicó un video en el que negó el mencionado decomiso, rechazó estar en campaña, pero también advirtió que no renunciaría a sus derechos políticos, que dadas las circunstancias, significa una futura candidatura. Y en conferencia de prensa pidió una disculpa del gobernador para Tijuana y para él, y se expuso abierto al diálogo.
Bonilla respondió en su transmisión mañanera, reiterando sus señalamientos, rechazo y desprecio por el munícipe al que tachó de enfermo mental. Pero envolvió al Secretario de Salud, Alonso Pérez y lo usó de patiño, para que dijera lo que él no tuvo la entereza de manifestar abiertamente.
Antes de pelearse con González, el ingeniero Bonilla riñó y se distanció de la alcaldesa de Tecate, lo cual ha sido desastroso para los residentes de ese municipio ahora desatendido por el mandatario. Pero este es un lujo que no se pueden dar los tijuanenses.
Si los de Morena son incapaces de respetar la Ley electoral, si al gobernador no le da la gana comportarse como un hombre de estado, si el alcalde González no puede limar asperezas, entonces toca a la sociedad organizada intervenir y exigir un trabajo coordinado, que se investigue el presunto decomiso. Pero además, denunciar ante las autoridades electorales, para que cese la campaña permanente y adelantada de Morena, y acaben con el absurdo origen de este conflicto, antes de que los derechos y aspiraciones políticas de unos cuantos, afecten la vida y desarrollo del municipio más poblado del estado.
