Del 23 de marzo hasta el 27 de julio de 2020, el Instituto de Transparencia del Estado estuvo cerrado. Al cien por ciento. Ni para recibir solicitudes por la vía electrónica, de acceso a la información, ni para solicitar la información a los sujetos obligados y hacerla pública. Durante esos días nada se supo de las transacciones, inversiones, acciones, programas de cualquier entidad de gobierno, entidades descentralizadas, autónomas o de partido en el Estado. Pero eso sí, en cuanto reactivaron operaciones, llegó el agandalle. Resulta que entre los tres consejeros Lucía Ariana Miranda Gómez, Cinthya Denise Gómez Castañeda y Jesús Alberto Sandoval Franco, se pusieron obligatoriamente de acuerdo desde un inicio en cómo se rotaría la presidencia del Instituto. La primera presidenta del Consejo fue Miranda Gómez, a quien este 31 de julio se le acaba la titularidad del Instituto. Quien llegó rápido desde Tijuana hasta Mexicali reclamando para sí esa posición, fue Sandoval Franco, el cual presiona a sus compañeras consejeras para quedarse como presidente del Instituto Estatal de Transparencia por dos años, es decir, hasta que concluya su periodo, dado que fue electo para tres años. No es la primera ocasión que Sandoval presiona, dicen en el Instituto. Cuando tomó posesión quiso que le habilitaran viáticos, viajes, presupuesto y la oficina de Tijuana para su uso exclusivo, todo se le negó. Lo que temen es que ahora, en su calidad de presidente del Instituto, se sirva con la cuchara grande en los “beneficios adicionales presupuestarios”. Lo que sí, es que acusan que Sandoval les ha dicho que ya tiene la venia del Gobierno del Estado para, el 1 de agosto, convertirse en titular del Instituto Estatal de Transparencia de Baja California. A ver si se le hace.
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