Hoy, viernes 31 de julio, vence el plazo para que los funcionarios públicos adscritos al gobierno del Estado entreguen su declaración patrimonial, por esta razón las oficinas de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública permanecerán abiertas hasta la medianoche.
La titular de esta dependencia, Vicenta Espinoza, comentó que todavía hay funcionarios que no han entregado esta declaración, detalló que en total son 8 mil 237 los servidores que están obligados a presentarla, de los cuales solo han cumplido el 78 por ciento.
Señaló que las áreas que son prioridad para su Secretaría, son las de la salud, seguridad y el Colegio de Bachilleres, siendo que de la primera quedan pendientes 804 funcionarios, seguidos por seguridad con 204 y de Cobach 144 no habían presentado su declaración hasta esta mañana.
“Solo de la no presentación (de la declaración), estamos hablando de una inhabilitación. Así lo marca la ley, debido a la falta de cumplir. Los tiempos son claros, se les da un plazo de 15 días para poder entregar su declaración, sino la presentan se empieza con un procedimiento administrativo”, puntualizó la funcionaria.
El procedimiento parte de revisar si el funcionario cumplió con una declaración inicial, si cuenta con antecedentes de algún ilícito, todo esto quedaría asentado en una carpeta de investigación.
“Ante la no presentación, tenemos la sospecha de que algo se oculta. Y entonces empezamos nosotros con una investigación, de que bienes tiene, como ingresó al gobierno, como llegó, como va su patrimonio y después se haría una auditoria patrimonial”, explicó.
Destacó que si han tenido algunas situaciones, como que los funcionarios requieran asistencia para cumplir con la declaración, por esta razón se optó por ampliar el horario de atención en esta última fecha.
También comentó que existe un conflicto con los Ayuntamientos de Tijuana y Ensenada, porque han suspendido los plazos bajo el argumento de la presente contingencia sanitaria, por lo que adelantó que en la siguiente semana sostendrá una reunión con los representantes de ambos municipios.
Sobre las acciones que se están aplicando con ex funcionarios, detalló que se cuentan con 170 carpetas de investigación por presuntas irregularidades, entre los que se encuentran el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid y su esposa Brenda Ruacho, quien fungió como presidenta del DIF Baja California.
De los resultados, expuso que ya se han gestionado sanciones y puso como ejemplo que dos funcionarios fueron inhabilitados, uno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 9 años y otro del Centro Penitenciario de Ensenada por tres, este último tuvo también que cumplir con una multa de 102 mil pesos.
En el desglose especificó que el 42 por ciento de los investigados ya fueron inhabilitados, 25 por ciento debieron cumplir con una sanción económica, otro 25 por ciento recibió amonestaciones, un 8 por ciento fueron suspendidos de manera temporal.
Al respecto de las declaraciones patrimoniales de exfuncionarios, comentó que 32 expedientes ya se encuentran en la etapa de comparecencia, procedimiento que se va a retomar a partir del próximo lunes.
Comentó que antes de la contingencia ya habían citado a algunos funcionarios para que aclararan su situación, pero algunos acudieron en compañía de abogados pretendiendo aplicar una reserva que todavía no correspondía, lo que da pie a que se piense que si cometieron irregularidades en sus declaraciones.
