La historia empezó el 10 de julio del 2020, y fue relatada a ZETA a través de una carta anónima redactada por, presuntamente, un policía estatal, donde informó que un “operativo policíaco” extraoficial para hacerse de droga, se había salido de control. Dos personas resultaron muertas.
El documento llegó la mañana del martes 14 de julio horas antes que la Fiscalía General de la República enviara un comunicado que coincidía con los hechos relatados en la misiva.
En el boletín informaron, que “La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA) en su delegación de Baja California, cumplimentó una orden de cateo en un inmueble, otorgada por el Juez de Control de Distrito, Especializado en el Sistema Penal Acusatorio”.
Esto después que elementos de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación (GESI), “…lograron ubicar en el fraccionamiento Altitud, de la colonia el Lago, de la ciudad de Tijuana, un vehículo en el que encontraron 37 paquetes con metanfetamina”.
También mencionaron un domicilio cateado en la misma privada en el que aseguraron: “…un fusil, 1054 cartuchos de diferentes calibres, 55 kilos 128 gramos de clorhidrato de metanfetamina, cinco kilos 85 gramos de clorhidrato de fentanilo y seis kilos 825 gramos de clorhidrato de cocaína”, y no reportaron detenidos.
El fraccionamiento y el rifle Barret coincidían con el reporte anónimo recibido por esta casa editora, pero no las cantidades de droga.
De acuerdo a la carta de origen desconocido, un grupo de elementos de la GESI, antes Policía Estatal Preventiva (PEP) fueron invitados a “un jale”; a los menos involucrados les dijeron que era “el robo de 20 libras de cristal” y lo harían la noche del viernes 10 de julio, varios aceptaron, unos sirvieron de vigías, y otros perpetraron el atraco.
Detallan que alrededor de las 8 de la noche se estacionaron frente a la gasolinera sobre el bulevar Manuel J. Clouthier, afuera de la Privada Altitud, estaban esperando que saliera Diego Montijo Espinoza a quien ya tenían identificado y sabían se dedicaba al tráfico de droga.
Lo interceptaron alrededor de las 20:30 horas, y lo obligaron a que los metiera a la casa con el número 17200, interior Lago Sur. Explicaron que las unidades que ingresaron a la Privada Altitud fueron la 024 y 944, e identificaron a los oficiales involucrados: Marco Antonio Ochoa Rodelo, Christian Lugo, Jovani Velazco, y Dodai Vera.
ZETA fue informado que estos datos fueron incluidos en una denuncia que ya fue presentada ante asuntos internos de la Gesi y en la FGE.
La versión indica que al revisar el domicilio los agentes encontraron el arma, 120 “tuppers” de cristal, y a Elena Estefanía Zazueta Quintero en el segundo piso de la casa. Después revisaron los celulares de la mujer y de Montijo, y encontraron imágenes de kilos de cocaína fotografiados en una mesa de la casa, y los torturaron para conocer la ubicación, no querían hablar. Al final confesaron que la cocaína estaba tras una pared con doble fondo en donde presuntamente encontraron 49 kilos del enervante y dinero en efectivo, pero “se les pasó la mano” con los detenidos. Los mataron.
Como ya habían sido videograbados ingresando al inmueble, los Policías reportaron el hallazgo del auto con droga a la central, y asignaron a otros elementos de la GESI para que realizarán el aseguramiento, los mismos que firmaron el Informe Policiaco Homologado, y reportaron al Ministerio Público Federal para solicitar la orden de cateo, la cual se otorgó 3 días después, el 13 de julio.
En el inter, la GESI fue comisionada a resguardar el inmueble.
Pero la noche del viernes 10 de julio cuando Montijo fue detenido le hizo una llamada telefónica a su mamá, y le avisó que estaba rodeado por dos patrullas estatales “la 024 y 944”, las mismas mencionadas en la denuncia recibida por ZETA, al no saber de él, lo fue a buscar a su casa y vio más patrullas, el sábado 11 de julio, a través de su abogada, la mujer tramitó ante el juzgado Tercero de Distrito un amparo, ese mismo día el actuario se presentó en el domicilio y exigió le permitieron ingresar para confirmar si en el interior tenían o no, privado de la libertad ilegalmente a Montijo, porque existía una denuncia, pero no llevaba ningún documento.
Por no tratarse de un centro de detención, le fue negado el acceso, pero regresó el domingo 12 de julio, entró y tomó video antes de retirarse, y ser denunciado por la entrada ilegal.
Enterado de los hechos, la tarde del miércoles 15 de julio ZETA consultó con la Fiscalía General de la República si Montijo y Zazueta habían sido detenidos en el operativo de la Privada Altitud, respondieron que sí hubo un operativo, pero que fue sin detenido.
A la Fiscalía General del Estado se preguntó si los cuerpos de estas dos personas habían sido encontrados entre los muertos registrados del 10 al 15 de julio, y la respuesta fue negativa.
Sin embargo, el mismo miércoles por la noche, el Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo (C4) recibió el reporte de “…dos cuerpos sin vida, unos masculino y otro femenino, atados de pies y manos, sin identificar y en estado de descomposición. Ambos encobijados dentro de la cajuela de un auto Nissan Sentra en la calle Cedro del Parque Industrial Valle Sur”, de nuevo ZETA consultó con las corporaciones, si estas víctimas eran Montijo y Zazueta, pero no hubo respuesta.
Fue el viernes 17 de julio, que las autoridades reportaron que habían encontrado algunas coincidencias físicas entre las víctimas de homicidio encontradas en el auto, y la pareja desaparecida, pero por el estado de descomposición, debían esperar al peritaje de ADN.
Respecto a los antecedentes de las víctimas, a Diego Montijo Espinoza le cumplimentaron una orden de aprehensión en el año 2009, registra otro ingreso penitenciario por portación de arma de uso exclusivo del ejército en 2015, otro por delitos contra la salud, y en 2019 por violencia familiar equiparada, Zazueta no tenía.
ZETA pudo conocer que las autoridades ministeriales ya investigan el homicidio en dos vertientes: como línea principal, la presunta participación de policías estatales ladrones en el homicidio; y también, la posibilidad de que el dueño de la droga, haya ejecutados a los muchachos por entregar la droga.
