El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, está rodeado de licenciados en Derecho, pero no hubo uno solo que lo apercibiera de presentarse “a liberar” la carretera de cobro de Playas de Tijuana sin tener autoridad ni derecho para hacerlo.
Ninguno fue capaz de llevarle la contraria y explicarle que pudo solicitar la concesión a la Federación cualquier día de los casi ocho meses que lleva de administración y una vez en posesión liberar el cobro. De hecho, si le viene en gana y desea ayudar a los bajacalifornianos, hasta el peaje de La Rumorosa puede liberar, porque como concesionario tiene esa facultad.
Don Jaime también está rodeado de comunicólogos, comunicadores y ex periodistas, pero de nuevo, ninguno con la entereza para cuestionar su actuar, ni el de su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, en contra de ZETA.
No han tenido el tino de explicarle lo incorrecto que resultan sus constantes actos de discriminación y restricciones a la labor periodística de este Semanario, los mismos que violentan el derecho de acceso a la información de los bajacalifornianos.
Entre el 6 de diciembre de 2019 y el 15 de julio de 2020, se ha documentado una serie de agresiones verbales de Bonilla y Rodríguez contra este medio y sus periodistas, algunas incluso tan cobardes que, refiriéndose al Semanario, evitan el señalamiento directo. Pero todas sin presentar pruebas ni fundamentos, lo que sí hace ZETA en cada uno de sus reportajes.
“Ese periódico vive de lo que no publica”, “Ustedes son muy buenos para inventar, para qué quieres que te diga, ya estás inventando todo”, “Por hacer una nota negativa del gobierno son 10 mil pesos” y “Toda la información que se transmite aquí es la verdad. Lo demás son ‘MENTIRAZ’ CON ZETA”, son algunas de las frases que el titular del Poder Ejecutivo estatal ha expresado sobre el Semanario.
Sometidos a la voluntad del gobernador que les dio el trabajo que ostentan, licenciados en Derecho y en Comunicación han decidido junto a su jefe, violar el Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera explícita los obliga como autoridad a “respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, entre los cuales se encuentra el acceso a la información.
Entre risas burlonas, ignoran la responsabilidad de “prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos” y deciden violentarlos. El ingeniero Bonilla opta conscientemente por abusar de su poder, aprovechar sus funciones y su proyección como gobernador para ejercer violencia verbal contra ZETA sin causa legítima, argumentos o elementos de prueba.
Ex priistas al fin, el gabinete morenista cae en las viejas costumbres mafiosas de tratar de destruir lo que no pueden comprar y someter a su voluntad.
Como un pequeño acosador escolar, “irritable, agresivo, de bajo autocontrol, amenazante, impulsivo”, el mandatario bajacaliforniano ha agredido de manera constante a ZETA con la intención de dañar, intimidar y asustar, pero después de 40 años de compromiso con un periodismo de investigación crítico, contestatario, casado con la sociedad, alejado de los intereses gubernamentales, con decenas de premios nacionales e internacionales y un personal formado en la adversidad, el ingeniero debe tener claro que en este medio de comunicación no existe disposición para traicionar la línea editorial ni la libertad periodística que se ha defendido con la vida. Dar marcha atrás y ceder a los caprichos del poder nunca ha sido opción.
Desde el inicio de su gestión, sabemos que su aversión a ZETA radica en la discrepancia de criterios en cuánto a la denominada Ley Bonilla porque no se coincidió con sus interpretaciones de la Ley, y porque no hubo disposición a ceder y dejar de publicar respecto a las argucias y procedimientos inconstitucionales realizados por sus abogados y legisladores cómplices, para intentar que el ingeniero Bonilla permaneciera en el cargo por cinco años, en lugar de dos para los que fue electo.
En su momento se le explicó que no es personal, que hubiera sido igual con cualquier otro personaje de cualquier extracción política que hubiera intentado lo mismo. Que es cuestión de principios, pero al parecer este es un tema del que Bonilla Valdez no entiende.
Respecto a su excusa más reciente para denostar el periodismo de esta casa editora, referente a los trabajos de ZETA con las cifras oficiales del Estado que gobierna Bonilla, las de la Federación del Instituto Mexicano del Seguro Social y las municipales de los registros civiles, solo agregaremos que el 16 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió las Pautas para la Certificación y Clasificación de la COVID-19 como Causa de la Muerte y fue muy clara: cualquier deceso resultante de una enfermedad “clínicamente compatible” con la COVID-19, confirmada o probable, debe ser contabilizada como un fallecimiento por coronavirus, y reiteramos, el Gobierno del Estado de Baja California no está siguiendo las instrucciones dela OMS para informar.
Pese a ser dueño de una empresa de noticias, Jaime Bonilla Valdez parece no entender que los reporteros no son voceros del gobierno, pero ello no significa que seamos enemigos o detractores. El periodismo responsable implica dudar, preguntar, investigar y cotejar datos.
A través de cuatro décadas, el morenista no es el primero, e infortunadamente no será el último gobernante incapaz de tolerar el escrutinio público al que cualquier funcionario que maneja recursos públicos está sometido, sin embargo, como autoridad está obligado “a dar un acceso amplio a la ciudadanía y evitar restricciones basadas en aprobación o no de ciertas líneas editoriales”, como le manifestó Artículo 19 en el Llamado a Proteger la Libertad de Expresión en Baja California que dicho organismo le hizo el miércoles 15 de julio.
Restan quince meses de administración y, por el bien de todos los que habitamos Baja California, incluidos quienes hacemos ZETA, el ingeniero Bonilla debe procurar ya, ser un gobernante excepcional, visionario, de esos que se crecen frente a las crisis y avanzan hacia el progreso. Porque en teoría, si le va bien a él, nos debería ir bien a todos.
Debe evitar comportarse como presentador de programa de revista, en busca de un patiño para su programa mañanero. Su obligación es informar con la verdad, no entretener ni divertir el público vacilando, insultando o ridiculizando a sus empleados, a sus funcionarios, a los empresarios o a los medios de comunicación.
Por último, ante las reiteradas agresiones, resulta pertinente responder a su pregunta del 1 de junio. Si ZETA “sigue saliendo” en 2021, cuando Jaime Bonilla Valdez deje el cargo, este Semanario continuará informando -como lo ha hecho desde el 11 de abril de 1980- de la mano de la sociedad, dando la cara, con la frente en alto y “Libre como el viento”.
