Con las compras de pánico de fondo, en aras de evitar la alarma colectiva mientras en Baja California transcurría la primera fase del contagio del nuevo coronavirus, el 11 de marzo, el secretario de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, pronosticó en conferencia de prensa que habría menos de 150 personas contagiadas en menos de tres meses en la región.
“En el escenario donde este patógeno afecta predominantemente a los adultos mayores, y de esos presentan un grado de severidad 9.4, y de esos un grado de letalidad 3.5; en el caso de que la Secretaría de Salud tendría que atender pacientes, serían 140 en el Estado en un período de tres meses, y de esos la Secretaría de Salud tendría que atender el 45%”, aseguraría en su momento.
El viernes 27 de marzo, decidido a ser menos optimista pero igual engañoso, el funcionario explicó que en una población de 3.3 millones de habitantes, 5 mil personas serian contagiadas, 500 de estas de gravedad.
Como ha sido costumbre en los gobiernos de Movimiento Regeneración Nacional, fue una narrativa alejada de la realidad, de la verdad de las 9 mil 391 personas infectadas entre el 17 de marzo -cuando se diagnosticaron los dos primeros casos- y el 29 de junio.
En su afán anti pánico, Pérez Rico optó por ser impreciso al asegurar que el porcentaje de letalidad del virus sería del 3.5%. Con mil 818 fallecimientos acumulados entre el 30 de marzo y el 29 de junio, la mortalidad de los contagiados ha sido del 19%.
El 17 de abril, Pérez admitió que, de no resguardarse la población, existía la posibilidad de que la tasa de contagio en BC fuera superior a la provincia Wuhan, China, donde inició la enfermedad, con un promedio de 15 mil contagios, para tres días después volver a las frases alegres: “Este 20 de abril no hay personas fallecidas por coronavirus”, pero omitió mencionar que en el informe no estaban incluyendo las estadísticas y casos del Instituto Mexicano del Seguro Social, al que corresponde atender al 50% de la población contagiada.
Como representante del gobierno, el doctor también había decidido obviar el hecho de que las muertes por neumonía atípica se habían duplicado en BC, sin que a las personas fallecidas se les hicieran pruebas para confirmar o refutar si la causa había sido COVID-19.
Luego, el 14 y 15 de mayo, cuando Alonso Pérez Rico aseveraba que la ocupación hospitalaria no rebasaba el 75%, los pacientes sospechosos de coronavirus empezaron a morir fuera de los hospitales especializados cuando esperaban turno, mientras eran atendidos en las clínicas de fiebre y las salas de urgencia, catalogadas solo como espacios de transición y sin infraestructura adecuada para atender a los enfermos del patógeno.
Además, entre la segunda y tercera semana de mayo, cuando el secretario de Salud reportaba una caída en los casos confirmados de COVID-19, particularmente en Tijuana, la oficial del Registro Civil del mencionado municipio, Magaly Ronquillo Palacios, informaba a ZETA que entre el 1 de marzo y el 25 de mayo, la ciudad fronteriza había registrado 2 mil 114 defunciones por enfermedades respiratorias y sintomatología asociada a COVID-19, lo que significó un incremento del 72%. Esas 866 muertes habían sido en mayo, periodo en que el gobierno solo había reportado 465 fallecimientos a causa de la pandemia.
En el mismo sentido, un grupo de investigadores de la Universidad de California, El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y Cruz Roja Delegación Tijuana refutaron el positivismo de Pérez Rico, exponiendo que entre el 14 de abril y el 11 de mayo, 329 personas contagiadas habían fenecido fuera de los hospitales y no estaban siendo contados porque murieron en sus domicilios o en ambulancias.
El titular de la Salud en Baja California se negó a reconocer este subregistro, porque sin la prueba, no había la certeza que las muertes fueran por COVID-19. Después aseguró que se realizarían los exámenes pertinentes, pero no sucedió. Lo único que pasó fue que el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, la directora del Registro Civil del Estado de Baja California, Paloma Alegría, decidieron bloquear la información oficial y ordenaron a los oficiales de los registros civiles de los municipios libres, “abstenerse de proporcionar cualquier información” a partir del 26 de mayo.
Ya en junio, con el semáforo aún en Rojo, Pérez Rico aseguró que Tijuana prácticamente se libró de la contingencia sanitaria y que BC sería de los primeros estados en salir de la pandemia, pero el 26 de junio, cuando la Secretaría de Salud admitió que México seguía en su pico más alto de la pandemia y anunció las 18 entidades que en julio pasarían a semáforo Naranja, reveló sus entusiastas mentiras porque los californios no estuvieron incluidos.
Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha sido enfática al recalcar la importancia que tiene en la reducción del impacto de la pandemia, la obligación del Estado de informar con regularidad a la población sobre la evolución del brote y que la información sea real.
Incluso ante la peligrosidad del virus, la OMS fue muy clara al definir que cualquier deceso resultante de una enfermedad “clínicamente compatible” con la COVID-19, confirmada o probable, debía ser contabilizada como un fallecimiento por coronavirus.
Pero en Baja California, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su secretario de Salud han decidido mentir y ofrecer medias verdades mientras insisten en recomendar que la ciudadanía solo se informe por las vías oficiales, sin contemplar que con sus omisiones, imprudencia, negligencia e impericia le están negando a la ciudadanía los datos necesarios para tomar decisiones que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, afectando “el derecho a la vida y la salud” de sus gobernados.
