Con un monto de inversión de 600 millones de pesos, el gobierno de Baja California prevé iniciar la construcción del Colector Costero el próximo 13 de julio de 2020. Dicha infraestructura hidráulica permitirá sanear el agua de diferentes fraccionamientos costeros, como el Residencial San Marino, cuyo drenaje actualmente se derrama al mar.
En una reunión con un grupo de colonos de este fraccionamiento y funcionarios del gabinete este 5 de julio, el gobernador Jaime Bonilla Valdez instruyó al director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos (Cespt) de Tijuana, Rigoberto Laborín, a que se inicie en la fecha mencionada la primera etapa del Colector, de 2.9 kilómetros, con una inversión aproximada de 130 millones de pesos, ya sea mediante adjudicación directa o licitación.
Con ésta se resolverá el problema de malos olores y contaminación ambiental que enfrentan los habitantes del Residencial San Marino. Problemática que se debe a que el agua residual supera la capacidad de una planta de tratamiento de agua que actualmente hay en el lugar.
Luego de que Bonilla Valdez visitó la zona afectada el sábado pasado, hoy dijo que en este caso el desarrollador tuvo una responsabilidad porque vendió con la promesa de que se tendría el Colector Costero que resuelve el saneamiento de 14 kilómetros, sin que eso ocurriera.
En tanto, el representante de la empresa inmobiliaria Alessa dijo que se habían pagado 2 millones de pesos para la conexión del fraccionamiento al Colector Costero, sin que se hubiera hecho, y mostró disposición de la compañía por pagar lo que proporcionalmente corresponda por la obra.
Bonilla Valdez, pidió al secretario del agua, Salomón Faz que hiciera el cálculo de los derechos para que los pague la compañía.
Además, el mandatario instruyó al fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz a integrar una carpeta de investigación con las inspecciones y multas que presuntamente ha impuesto la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo que encabeza Mario Escobedo Carignan (que agrupa a la antes Secretaría de Ambiente). Para ello, la dependencia enviará la información a la Fiscalía General.
