A poco más de un mes que se cumplan diez años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Mexicali, el sistema tradicional prácticamente fue dejado en el olvido. Según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado, quedan 57 mil denuncias abiertas, de las cuales alrededor del 30% son por delitos graves, como homicidios y violaciones. Entre esas historias se encuentra la de cinco personas acusadas de homicidio calificado en 2007, los cuales tienen 13 años en prisión sin recibir sentencia por parte del Juzgado Único Penal de Mexicali, actualmente está paralizado por la pandemia
Más de 57 mil averiguaciones previas por diversos hechos delictivos prevalecen en el sistema tradicional en Mexicali, donde desde hace 10 años se instauraron los juicios de carácter oral. La información oficial indica que el 30% de los casos en el abandono representan graves delitos como homicidio, violaciones o fraudes y despojos de gran cuantía.
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Desde de agosto de 2010, el “viejo sistema” se fue relegando para dar paso a una exigencia de la perspectiva de justicia que implementó el entonces titular del Poder Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien se encargó de “venderlo” como la gran solución a todos los problemas de saturación en los Juzgados, y de manera paralela, condenó -hasta a través de películas- la forma de llevar a cabo los procesos penales desde hace aproximadamente 100 años en México.
Hoy, el sistema inquisitivo en Mexicali es regido por el Juzgado Único Penal, el cual se encarga de procesar el rezago de los cinco Juzgados que cerraron a lo largo de estos años, además de ser atendido -actualmente- por tres ministerios públicos, 3 secretarios y un agente ministerial.
Uno de estos miles de casos es el que denuncia el abogado Rubén Amaya Coronado, responsable de la defensa de cinco personas acusadas del delito de homicidio calificado agravado por pandillerismo, quienes fueron detenidos en 2007 y a la fecha no han recibido una sentencia por parte de la jueza Marizela Macalpín Espinoza, quien ya tiene una investigación en su contra por postergar el juicio debido a omisiones cometidas.
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Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer de manera oficial que cuando se recibió la administración había más de 83 mil juicios pendientes, por lo que una de las instrucciones fue “revivir” el sistema tradicional para poder llevar justicia a las víctimas que llevan mínimo una década esperando.
Abogado Rubén Amaya Coronado
ACUSADOS DE HOMICIDIO, PERO VÍCTIMAS DEL SISTEMA
Las cinco personas acusadas en la averiguación previa 405/2007 han pasado 13 años de su vida internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali y en el complejo penitenciario de El Hongo sin que se determine su culpabilidad o inocencia, pese a que la propia Ley establece que ningún juicio debe mantener a los implicados en prisión por más de un año para la primera instancia.
Rubén Amaya Coronado recibió a ZETA para conversar sobre este caso, en el que pidió que el nombre de las cinco personas no se revelara por solicitud de los implicados y de su seguridad.
El caso llegó a sus manos en 2017, cuando ya se habían hecho múltiples diligencias judiciales. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, aún faltaban por desahogarse 15 careos entre los implicados, con testigos y agentes ministeriales.
Según la narrativa ofrecida por el abogado, los cinco implicados fueron detenidos acusados de homicidio calificado y pandillerismo, según los mandamientos judiciales expedidos en ese momento. Uno de ellos fue detenido en 2007 durante un convivio en el que agentes ministeriales hicieron presencia para asegurarlo. En ese momento fue trasladado a una casa de seguridad localizada en la colonia Hidalgo, a escasos metros de la Estación Central de Bomberos de Mexicali, donde -cuenta el defensor- permaneció por varios días sometido a tortura por parte de los detectives.
En medio de las agresiones en su contra, no tuvo otro remedio que “poner” a los supuestos cómplices, los cuales fueron asegurados y finalmente presentados ante el juez. En junio de 2007 se declaró auto de formal prisión para los cinco implicados.
Desde ese momento, el juicio ha sido sumamente lento, principalmente porque los testigos y agentes implicados, han postergado los careos con los acusados y entre sí. Para 2015, el Juzgado Cuarto -entonces encargado del caso- fue cerrado por órdenes del Consejo de la Judicatura del Estado, como parte del plan para incrementar personal a cargo del Sistema Acusatorio Adversarial.
Para 2017, el Juzgado Tercero hizo lo propio y toda la carga laboral fue turnada al Juzgado Único Penal, donde ya lo atendía la juzgadora Marizela Macalpín Espinoza.
Según Amaya Coronado, por omisiones de la encargada de impartir justicia, en reiteradas ocasiones se retrasaron las fechas para audiencia o para diversas diligencias, lo que postergó aún más el juicio.
Una de las omisiones más claras fue que Macalpín Espinoza tuvo conocimiento del juicio el 18 de marzo de 2017, pero no fue hasta el 20 de febrero de 2018 que decidió citar a las partes para los quince careos pendientes, es decir, casi un año después. También refiere que ha sido omisa al solicitar el uso de la fuerza pública para apersonar a los testigos y agentes implicados, los cuales se han ausentado varias veces.
Fue entonces que los representantes de los implicados presentaron una demanda de amparo 859/2018-F, en contra de la jueza, argumentando que había violado derechos fundamentales de los indiciados, debido al retraso de la lectura de sentencia, pues -en ese momento- tenían ya once años con la medida cautelar de prisión preventiva, lo que es muy irregular.
Además, el abogado solicitó se les otorgara una medida cautelar en libertad, toda vez que había excedido -por mucho- el periodo de prisión sin sentencia, pero el juez federal José Alfredo Pérez Sánchez, titular del Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región de Mazatlán, Sinaloa, mantuvo su cautiverio. Sin embargo, reconoció que la juzgadora había violado los derechos elementales de los implicados.
“Es evidente que la Juez Único Penal de Primera Instancia del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, ha vulnerado con su actuar lo establecido en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, que estipula, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia expedita y conforme a los plazos establecidos. El 12 de diciembre de 2018 ordenó que de manera urgente realizara las diligencias pertinentes para resolver el caso lo más pronto posible.
Para enero de 2019 el juicio fue reactivado y se solicitó la implementación del Protocolo de Estambul -examen físico y psicológico para determinar si una persona fue sometida a tortura- a todos los implicados, resultando uno de ellos positivo a tortura.
Amaya Coronado comentó que precisamente la víctima de delitos de lesa humanidad fue quien ubicó al resto de los implicados, por lo que, a su juicio, los cuatro sujetos deberían ser puestos en libertad, ya que la única prueba contra ellos es ese testimonio.
En marzo y abril de 2019, la defensa presentó una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) con número 89/2019, contra los agentes encargados de la detención por el delito de tortura. También se presentó en noviembre una denuncia administrativa con número 043/2019, en contra de la juzgadora por violaciones a Derechos Humanos cometidas por omisión.
En agosto del mismo año se solicitó a la jueza instruir al Ministerio Público emitir sus conclusiones y, en enero de 2020, la defensa hizo lo propio.
Para su infortunio, la fecha de sentencia -que aún no había sido pactada- tuvo que posponerse, toda vez que el Juzgado Único Penal cerró sus puertas durante el actual periodo de pandemia, por lo que no se desarrolla ninguna audiencia ni se pueden solicitar órdenes de aprehensión o determinaciones.
ESTIMA FGE 300 CASOS SIN SENTENCIA EN SISTEMA TRADICIONAL
Una fuente oficial de la Fiscalía General del Estado que pidió reserva de su nombre, estimó que aproximadamente 300 personas permanecen recluidas en el Cereso de Mexicali sin tener sentencia en el sistema tradicional. Esto se debe -aseguró- a que se interponen apelaciones y recursos legales como el amparo, con el objetivo de postergar o revertir una determinación.
Magistrado Jorge Armando Vazquez
Según su dicho, la actual administración tuvo que “revivir” el viejo sistema, ya que recibieron 83 mil 876 actas de investigación pendientes, logrando reducir la cifra a 57 mil en los primeros meses. Sin embargo, es importante precisar que muchas de estas denuncias ya prescribieron, o bien, las víctimas solo interpusieron la denuncia para realizar un trámite y no tienen interés, por lo que resulta más rápido emitir una determinación.
De un análisis general se pudo establecer que aproximadamente el 30% es considerado un caso relevante, como homicidios, violaciones, fraudes y robos de gran cuantía, o bien, despojos. Haciendo cuentas, se puede definir que poco menos de 20 mil víctimas continúan buscando justicia para ellos mismos o sus familiares.
En estos momentos, la FGE trabaja 140 casos de manera simultánea, de los cuales 70 son homicidios que aún requieren diligencias e incluso solicitar orden de aprehensión.
Cabe recordar que el sistema inquisitivo solía usar demasiado papel para su operación diaria, por lo que hay expedientes que requieren hasta dos archiveros para su resguardo. Ante ello, optaron por enviarlos al almacén de la FGE y los desahogan conforme resuelven casos.
“Ni a ti ni a mi nos va a tocar ver el cierre del sistema tradicional en Mexicali”, afirmó la fuente.
A pregunta directa respecto a si han tenido problemas por la saturación del Juzgado tradicional, dijo que sí, ya que entre las audiencias -de todo tipo- las determinaciones y órdenes de aprehensión se postergan mucho los plazos, por lo que sí consideraron necesario abrir, por lo menos, un Juzgado más para dar trámite acelerado a estos casos que permanecen vigentes, aunque ya no se quieran aceptar.
HAY QUE ANALIZAR CÓMO AYUDAR AL “VIEJO SISTEMA”: VÁSQUEZ
ZETA buscó durante un mes al magistrado Salvador Ortiz Morales para que emitiera una postura sobre el caso en específico y el sistema tradicional a través de su equipo de comunicación y directamente hacia su persona, pero no accedió. De igual forma se solicitó una entrevista con la jueza Macalpín, tampoco se otorgó. Sin embargo, el magistrado Jorge Armando Vázquez no tuvo problema para conversar con este Semanario sobre la situación que se vive en el “viejo sistema”.
En entrevista vía Zoom, comentó que los casos en segunda instancia del sistema tradicional han descendido de manera importante, por lo que desconocían si existe una saturación dentro del Juzgado. En este escenario consideró importante dotar de más apoyo a la única juzgadora que emplea el antiguo baremo judicial.
Actualmente reciben quince expedientes para audiencias de vista por semana, los cuales se dividen entre los tres magistrados; cada sala penal -que son tres- se encarga de similar número de asuntos.
Vásquez comentó que la cifra de 57 mil parece alarmante, pero en realidad un gran porcentaje puede depurarse a través de algún mecanismo especial, puesto que ya prescribieron, o bien, se desistió de la denuncia.
Sin embargo, reconoció que el gran problema son los delitos graves, los cuales permanecen vigentes por muchos años y resultaría complicado extinguirlos.
Por su parte, Miguel Ángel Mora, presidente de la CEDH, expuso que a la fecha se siguen recibiendo denuncias por casos ocurridos en el sistema tradicional en Mexicali, pero no pudo especificar la cantidad.
“Lo que observamos en el tradicional y el acusatorio, hay dilación en expedientes, si hay mala integración de expedientes, si es expedita, todas las medidas cautelares y de prevención, sobre todo medidas de vigencia. Por ejemplo, en circunstancias, se elevan mucho estas denuncias a las entonces averiguaciones previas y se quedaba en acta circunstanciada. Todavía tenemos quejas sobre estos hechos en sistemas tradicionales y actuales, lo que dice que el reto persiste, la forma en que se integran las investigaciones y esto se refleja en la impunidad”, amplió.
Una de las evidencias de que el sistema tradicional mantiene vigencia es que durante los años 2017, 2018 y parte de 2019, se dispararon las solicitudes de Protocolo de Estambul en el Servicio Médico Forense, donde hubo una temporada en la que registraban hasta 30 casos al mes, debido a quejas relacionadas con tortura por parte de indiciados recluidos en la Capital del Estado.
Prácticamente todos los casos, remató el doctor González Vaca, eran del “viejo sistema”, aunque reconoció que en 2020 ya no es una solicitud tan recurrente.
