Con 17 votos a favor, 8 en contra, y ninguna abstención, el pleno del Congreso de Baja California aprobó en lo general el dictamen 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales con el que desaparece el Consejo de la Judicatura del Estado.
La reforma también implica que el titular del Poder Ejecutivo tendrá la facultad de elegir a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia a partir de una terna que será enviada al Congreso.
Durante la sesión de este 31 de julio, también se avalaron tres reservas a los artículos 95 fracción primera, inciso H, al artículo 55 apartado B párrafo segundo de la Constitución Política de Baja California y una más propuesta por el diputado morenista Juan Manuel Molina García.
Entre los legisladores que votaron en contra de la iniciativa que envió al Congreso el gobernador Jaime Bonilla Valdez estuvieron las morenistas Rosina del Villar Casas, Carmen Leticia Hernández Carmona y Araceli Geraldo Núñez
Del Villar Casas coincidió con el legislador del PBC, Rodrigo Otáñez Licona, en el sentido de que es necesaria una reingeniería en el Poder Judicial, sin embargo, ambos apuntaron que el dictamen que estaba siendo votado no abonaba a una justicia más eficiente para la ciudadanía.
Los Poderes deben tener mecanismos dentro del mismo poder para vigilar el adecuado funcionamiento y comportamiento de los funcionarios públicos que lo conforman, asimismo los Poderes son contrapesos entre ellos mismos, por lo que debe haber mecanismos que los limiten. Consideraciones que se pierden con la reforma aprobada esta tarde, señaló la legisladora.
Consideró que el dictamen aprobado deja “de manera unilateral” al Ejecutivo la atribución de integrar una terna, y no se establece una convocatoria para integrar dicha terna con profesionistas que comprueben sus actitudes. En suma, dijo, la iniciativa “transgrede los principios de división de poderes y de autonomía e independencia judiciales”.
Se pronunció a favor de una reingeniería en el Poder Judicial, la cual -a su modo de ver- tendría que hacerse junto con los integrantes de ese Poder en aras de que resultara un mejor proyecto para ofrecer justicia a la ciudadanía. Lo cual también fue secundado por Araceli Geraldo, quien acusó a Molina de haberla ignorado sobre la petición de reunirse con los magistrados previo a la discusión y aprobación del dictamen.
Hernández Carmona indicó que igualmente colegios de abogados y asociaciones solicitaron ser escuchados, sin que ello ocurriera.
Otáñez Licona observó que el dictamen indica que en lugar del Consejo de la Judicatura se hará un Comité de Vigilancia, el cual en su opinión será “inoperante”, toda vez que se le estarían dando mayores cargas administrativas a los magistrados, lo que repercutirá negativamente en la impartición de justicia.
Consideró que el argumento de que la desaparición del Consejo traería un ahorro económico “no tendría una trascendencia de fondo” en el Poder Judicial, porque sólo se ahorraría el sueldo de tres personas, puesto que en los artículos transitorios del dictamen se refiere a que el personal del Consejo de la Judicatura pasará a diferentes áreas del Poder Judicial.
En contraparte, Molina hizo un cálculo de que la desaparición de 7 puestos dejaría un ahorro de 6 millones de pesos. Víctor Morán se sumó diciendo que el ahorro total serán 50 millones de pesos.
Para 2020, el presupuesto del Poder Judicial en Baja California es de alrededor de mil millones de pesos, por lo que el ahorro mencionado por Morán significaría 5 por ciento.
La panista Eva María Vázquez señaló que la reforma debilita al Poder Judicial pues afectaría a los actuales magistrados al reducir el periodo en el que se desempeñarán en sus funciones, lo cual viola el principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 de la Constitución federal.
Adicionalmente el dictamen modifica el apartado B del artículo 5 de la Constitución local eliminando la participación de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción en la Comisión Especial para designar al Magistrado de la Sala Especializada para el Combate a la Corrupción. De manera que, esto, “puede provocar una crisis y por tanto la judicialización de este dictamen” toda vez que el mismo trastoca derechos adquiridos y avances democráticos, añadió.
Mientras que, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) concluyó: “Es impensable que este Congreso busque aprobar una reforma que más que fortalecer al Poder Judicial en su área administrativa pareciera estar encaminada en poner a modo el procedimiento de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia”.
Finalizó diciendo que la reforma que se estaba votando constituía un “agravio” a la democracia y a la justicia. “Va a hacer un retroceso para Baja California”, sentenció.
A favor del dictamen, la líder de la bancada de Morena, Montserrat Caballero dijo que el Consejo de la Judicatura “se ha convertido en un ente manejado por intereses políticos y ha funcionado como una agencia de colocación y todos lo sabemos. Una agencia de colocación en su mayoría panista”.
Presunta situación a la que también se refirió Molina García, quien afirmó que en el Poder Judicial “ha habido carreras meteóricas apoyadas por los consejeros de la Judicatura que han utilizado al (organismo) como un espacio de poder para beneficio de sus propios despachos. Y lo diré con toda la responsabilidad que tengo, porque durante los tiempos en que he ejercido mi profesión libremente he litigado en contra de consejeros de la judicatura en funciones. No han tenido recato”.
Según él, secretarios de acuerdos, actuarios y comisarios, mecanógrafas y personal administrativo ha pedido por años la desaparición del Consejo de la Judicatura, “y más ahora que no han tenido ni papel para copias, ni papel para el baño. A ese grado ha llegado la desatención de la gente que ha estado en esos puestos”, dijo, sin referir el adeudo que, desde la administración del gobernador Francisco “Kiko” Vega el Ejecutivo ha tenido con el Poder Judicial.
Molina denunció que los integrantes del Consejo de la Judicatura “sí se han preocupado por crear reglamentos y haberes de retiro para los magistrados sin aportación alguna, con cargo al erario, y tienen guardados más de 60 millones de pesos destinados a ese tipo de haberes injustificados y de los cuales inclusive hay una controversia constitucional” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
