Conductores de Uber y DiDi presentarán un amparo, señaló el abogado Carlos Atilano Peña, por considerar que es “meramente recaudatoria”; además de criminalizar y poner en riesgo el trabajo de 10 mil trabajadores de dicho sector productivo
A más tardar el 29 de julio, conductores de las plataformas digitales como Uber y DiDi, presentarán un amparo contra Ley de Movilidad publicada a principios de 2020, señaló el abogado Carlos Atilano Peña, quien precisó que hasta el cierre de edición se contabilizaban alrededor de 200 expedientes.
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El martes pasado, un grupo de alrededor de 300 conductores se manifestó en contra de la citada ley por considerar que es “meramente recaudatoria”: criminaliza y pone en riesgo el trabajo de 10 mil conductores al fincarles diversas obligaciones, tales como pagar anualmente alrededor de dos mil 600 pesos por cada plataforma digital en la que estén registrados para obtener el permiso del Instituto de Movilidad.
Los choferes están dados de alto en varias plataformas digitales porque la ciudadanía elige siempre la que le ofrece el traslado más barato, además de que las aplicaciones cobran diferentes comisiones a los conductores y dueños de los automóviles.
“Se les impone la carga de pagar un engomado, para que estén identificados como prestadores de este servicio. Tienen que pagar y sujetarse a dos revisiones anuales, a pesar de ser unidades nuevas y más recientes que 2016”, abundó Atilano Peña.
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Martha Borja, conductora de Uber, dijo que están de acuerdo con una regularización “justa”, pagar el 1.5 por ciento de impuesto estatal (adicional al gravamen federal que pagan) y con el antidoping, pero no con el GPS. “El gobierno nos quiere imponer una licencia tipo D, como si fuera un servicio público y no privado”, añadió.
Lo que más preocupación les causa es que la autoridad sólo daría el permiso para operar a los vehículos, cuyo valor factura supere los 200 mil pesos. De cumplirse esto, en automático al menos la mitad dejaría de prestar servicio.
“En mi caso tengo un Dodge Attitude, de 183 mil pesos; entonces no pasaría para Uber, pero yo todavía lo debo tres años”, manifestó otro de los inconformes afuera del Centro de Gobierno, en Tijuana, el día de la manifestación.
Jesús Mercado, uno de los representantes de los conductores, dijo que, si bien “son carros de gamma baja, al final de cuentas cumplen con los requisitos de las aplicaciones. Pero para el Gobierno del Estado no valen. Tú les preguntas por qué, y el secretario de Movilidad (Rafael Echegoyen Cruz) te contesta: ‘porque digo yo’”.
“No hay apertura para el diálogo; son imposiciones” que afectan a los que menos tienen, dijo Mercado, quien abundó que la manifestación se hizo con el objetivo de que el gobernador Jaime Bonilla Valdez se reuniera con ellos y los escuchara, toda vez que los funcionarios que los han atendido “no les han dado una respuesta concreta” sobre sus demandas, arguyendo que no pueden ceder porque son “órdenes de arriba”.
Al cierre de edición, el 23 de julio, se tenía previsto que el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se reuniría en privado con una comitiva de conductores; sin embargo, los choferes comentaron que, independientemente del resultado, interpondrán el amparo.
