Inesperada propuesta dio a conocer la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, este 5 de julio a través de sus redes sociales, puesto que anunció la venta de las más de 10 mil latas de cerveza decomisada durante la pandemia originada por la COVID-19, con el objetivo de financiar la construcción de un santuario para animales maltratados.
Desde que inició la contingencia de salud, la Presidenta Municipal ha emprendido acciones para disminuir la convivencia social, enfocando gran parte de su política a la persecución de la venta clandestina de cerveza -la cual registra una severa escasez en toda la ciudad-, además de instalar filtros en todas los puertos de entrada de la Capital del Estado para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas.
En un comunicado de prensa y en un video difundido en sus redes sociales, Ávila Olmeda, anunció que licitará el lote cervezas y adelantó que dentro de los próximos días el Cabildo de Mexicali analizaría una propuesta para establecer las reformas que deban realizarse.
ZETA solicitó más detalles sobre el esquema de venta y de la justificación legal de esta propuesta, pero el gobierno municipal precisó que no se ha detallado
Al respecto, el regidor del PRD, Fernando Rosales, aseguró que es complicado definir la legalidad de la iniciativa hecha pública en redes sociales, pero de la cual no se tiene sustento o información al respecto de manera formal. Sin embargo, consideró que deben reconocer ciertas limitantes en virtud de que anuncian reformas legales para hacerlo.
De manera muy general, consideró que quizá planteen algunas modificaciones al reglamento de alcoholes, pero además tendrían que buscar reformar la Ley de Ingresos, ya que deben definir perfectamente el monto de la venta; y el Presupuesto de Egresos para determinar cuánto dinero se erogará para construir el santuario de animales del que no tienen información. Ambas reformas tendrían que analizarse en el Congreso del Estado y no en el Cabildo de Mexicali.
Por otro lado, cuestionó la legalidad de la adjudicación de la cerveza, ya que se desconoce la situación del proceso administrativo en el que se encuentra el decomiso.
“Tú como Ayuntamiento no te puedes adjudicar un bien y enajenar, por eso se llama garantía de debido proceso. Hasta que te quede con firmeza la resolución para poder adjudicarte ese bien y poder disponer a ello”, comentó el edil, quien señaló que las personas a las que se les decomisó el producto tienen derecho a presentar un recurso de inconformidad, justificarse, e incluso presentar un amparo indirecto, ante un posible acto de violaciones a sus derechos fundamentales.
De hacerlo, dijo el regidor, Marina del Pilar podría incurrir en faltas administrativas e incluso el delito de robo, ya que se está apoderando de un bien que no le corresponde, por lo que -a su juicio- la propuesta fue más bien una ocurrencia que un verdadero proyecto.
Rosales también criticó los filtros instalados a 100 metros de las garitas y en la carretera a San Luis y San Felipe, cuyo objetivo inicial era revisar sí las personas presentaban síntomas de COVID-19, o bien, sí contaban con cubrebocas, lo cual ha pasado a segundo término, ya que ahora se enfocan en incautar bebidas embriagantes.
“Cuando tú como autoridad, aún teniendo competencia para hacerlo -en este caso cerveza- debe emitirse un acta circunstanciada y turnar a la cerveza a un registro aduanero a través de un depositario, un procedimiento administrativo, hasta que llega una resolución definitiva. No he visto que la policía, al haber llevado el aseguramiento, y eso es porque no tienen facultades legales”, recalcó Rosales, quien criticó que la Presidenta Municipal no debería gobernar a través de “tik toks”.
