Pese a que solo va a gobernar por dos años, Jaime Bonilla Valdez dejará una huella imborrable en la administración pública estatal. Todavía no se cumplen los primeros 365 días de su gestión y ha pasado de todo: desde escándalos de corrupción que quedaron en la impunidad -como el de los moches-, de tráfico de influencias, el “regalo” de notarías a los familiares del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, consultas ilegales y patito; cambios y cambios en el gabinete, ejecuciones que se encaminan a ser cifras históricas, asesinatos de policías y agentes del Ministerio Público impunes; comentarios sexistas y opacidad en el gasto público, entre otros yerros.
Es más, hasta su propuesta más humana, que es la entrega de desayunos escolares, está manchada de sospechas de corrupción e ilegalidad. Pero sin duda el más grande ridículo que cometió el Ejecutivo estatal fue impulsar la reforma al Artículo Octavo Transitorio Constitucional que modificó el periodo de gubernatura de dos a cinco años, el cual tuvo que ser revertido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aprovechó el momento para darle tremendo jalón de orejas al gobierno de Bonilla.
El miércoles 8 de julio se cumplió un año del ridículo cometido por el pasado y el actual Congreso, legisladores que defendieron una violación grave a la Carta Magna solo para cumplir los caprichos del “gobernadorcito”, como lo describió irónicamente la senadora priista Beatriz Paredes.
La sesión del 8 de julio de 2019 en el pleno del Poder Legislativo y la del 11 de mayo de 2020 de la SCJN -donde se le dio reversa a la denominada Ley Bonilla- no se nos debe olvidar nunca, puesto que dejó en evidencia del comportamiento más mezquino que puede tener un gobernador, al retorcer las leyes y principios básicos más importantes de este país para cumplir con su capricho, sin importarle un poco la legalidad y las consecuencias.
Tampoco es algo que se pueda volver a permitir, como intentó hacerlo el 12 de junio, cuando se presentó y rechazó la iniciativa para reducir el periodo de la próxima gubernatura a tres años, con el objetivo de empalmar la siguiente elección con la presidencial.
La verdad es que a un año del “Bonillazo”, nadie se imaginaba que en este tiempo, el mandatario tuviera tanto desgaste ocasionado por sus constantes conflictos en los que le gusta involucrarse con diputados federales, senadores, con la prensa e incluso con la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams, a quien acusó de pasársela en el salón de belleza y meter a la nómina a su estilista para que esté con ella en todo momento.
Si Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, se preocuparan más por administrar el Estado que por hacer grilla -que ha quedado claro, lo hacen muy mal porque todo se les viene abajo-, seguro tendrían mejores resultados. Pero bueno, todavía le queda más de un año frente a la administración estatal, si no, se regresa al Senado, a la dirigencia estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional o hasta asumiría la Alcaldía de Tijuana, que, según las malas lenguas, le interesa.
MECANISMO PATITO
El 22 de junio, la Secretaría General de Gobierno instaló el Sistema para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Baja California, conformado mayoritariamente por funcionarios, pero también por periodistas y activistas seleccionados por el Poder Ejecutivo.
Sí bien hay algunos -pocos- perfiles que realmente comprenden el trabajo periodístico y los riesgos que representa, siendo justos, la instalación no es más que un acto de simulación para aparentar interés por las afectaciones y agresiones a la prensa.
Lo expreso con toda seguridad porque un gobierno que ofende públicamente a reporteros por su mera actividad profesional, que utiliza comentarios sexistas contra compañeras del gremio para descalificar sus textos e incluso restringe el ingreso de periodistas a eventos -como lo ha hecho el coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Juan Guízar- solo porque no son afines a Bonilla, no puede comprender las necesidades de protección que requiere el gremio.
En otras palabras, estamos recurriendo al gobierno que más agresiones ejerce sobre la prensa, para que quede a su criterio la forma de protegernos en caso de una emergencia.
