Tan solo en Ensenada, el Jurídico del Gobierno del Estado ha recibido 40 denuncias que suman 60 millones de pesos por despidos injustificados en el sistema educativo. Puestos que han sido ocupados por gente afín al partido en turno, acusaron los afectados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje
A través de una llamada telefónica, tres empleados del Sistema Educativo Estatal (SEE) en Ensenada fueron despedidos por personal del Jurídico del Gobierno del Estado, mientras realizaban trabajo en casa por la contingencia derivada de la enfermedad COVID-19.
Los trabajadores fueron notificados el viernes 29 de mayo y se suman a la lista de 40 que también fueron despedidos el 30 de diciembre de 2019.
El grupo de afectados en Ensenada interpuso una denuncia laboral en la Junta de Conciliación y Arbitraje, por despido injustificado. En el expediente demandan al gobernador, Jaime Bonilla Valdez, el pago de 60 millones de pesos en daños. En las querellas reclaman salarios caídos, liquidaciones, reinstalación del cargo, aguinaldos, prima vacacional, reconocimiento de la base sindical y lo que resulte de otros derechos laborales.
“La tenemos ganada -confió uno de ellos-, cómo es posible que hayan llegado a decirnos ‘aquí está tu liquidación’ sin una causal ni evidencias de haber hecho un mal trabajo”.
Aunque el argumento inicial del Jurídico del Estado fue que habría un recorte de personal como medida de austeridad del gobierno, el grupo lo desmintió, al afirmar que los 40 espacios de trabajo están ocupados por otras personas afines al partido en turno.
“¿Dónde está la congruencia sobre la medida de austeridad, si despiden a unos y contratan a otros?”, cuestionaron los afectados.
Al buscar ZETA una respuesta del secretario de Educación en Baja California, Catalino Zavala Márquez y de la delegada Olimpia Arizbee Montaño Zavala, a través de su personal se negaron a emitir una postura sobre los reclamos aquí expuestos.
SIN EMPLEO EN PLENA CONTINGENCIA
La mayoría de los despedidos tenían créditos con el Fovissste para pagar sus casas, y una vez que intentaron tramitar una prórroga de pago, ante la falta de empleo, la institución financiera les negó la solicitud por existir un juicio legal.
“Tenemos deudas improrrogables, personas enfermas en casa o con alguna discapacidad”, mencionó en entrevista un ex administrativo que, junto a otros afectados, solicitaron el anonimato.
El 13 de mayo, como parte del expediente presentaron una queja (90/20) ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por existir violación constitucional que refiere que todo ciudadano mexicano tiene el derecho al trabajo, a partir de una llamada anónima en la que se denunciaron presuntas vulneraciones a los derechos de alrededor de 40 personas trabajadoras del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) Ensenada. Informaron que la queja está en proceso.
LA DENUNCIA LABORAL
Uno de los abogados del bufete jurídico que lleva los casos, hizo un recuento de los derechos que defenderán en audiencias para que se restituya el daño a los desempleados.
Conforme al Artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón, para no incurrir en una irresponsabilidad, deberá comprobar que el empleado cometió una irregularidad.
“Será imposible”, pues a menos que vayan a falsificar documentos no podrán conseguir una causal de despido justificado como serían actas de inasistencias, abandono del espacio laboral, impuntualidad, robo o cualquier otro tipo de abuso”, citó el abogado.
Otros artículos de la Ley que fueron violentados, son el 48, 49 y 50, relativo a las indemnizaciones, es decir, cuando el patrón no quiere tener más relación laboral, lo conducente es pagar tres meses de salario más prestaciones, más veinte días de salario por año laborado y lo más importante: dar aviso de rescisión laboral en un escrito fundado y motivado.
“El patrón debe ir a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para dar aviso de que no ocupará más de ese trabajador porque cometió alguna falta y pide el auxilio para que lo notifiquen”, abundó el experto, no obstante, ese trámite no se realizó en Ensenada y, según las primeras contestaciones a las demandas, el gobierno respondió que los despidió porque “abandonaron el trabajo”.
“La respuesta de nosotros, será que presenten las actas administrativas con oficios firmados por el empleado, donde se dé fe de que realmente hubo un abandono”, rebatió el abogado.
ABREN ESPACIOS A “MORENISTAS”
En un oficio dirigido en mayo a funcionarios con adscripción a la Secretaría de Educación y el ISEP Baja California que encabezan Catalino Zavala Márquez, Xóchitl Armenta Márquez y la delegada Olimpia Montaño, los demandantes asientan que se trató de un acto partidista y no de austeridad.
“Este ejercicio no denota que se realizará para optimizar y dar cumplimiento a las disposiciones de austeridad que se han implementado a nivel nacional y en algunos estados, ya que los funcionarios del SEE e ISEP, utilizaron los espacios que creó al despedir a los trabajadores de manera indebida, para contratar a diversas personas de su equipo de campaña política”, sostiene el documento.
Describieron cómo el 30 de diciembre de 2019, Santiago de Jesús Pérez Lorenzo y María de los Ángeles Herrera Patrón fueron enviados por el SEE y la Dirección de Asuntos Jurídicos de Mexicali, y por órdenes del titular, se apersonaron en el edificio ubicado en Centro de Gobierno.
En presencia de la delegada Montaño, les pidieron tomar las pertenencias personales para después retirarse de la dependencia, sin entregar un documento o aviso alguno que justificara la causa de la terminación de la relación de trabajo con la dependencia y sin ofrecerles algún beneficio, prestación en especie o económica, menos aún liquidarlos e indemnizarlos.
“NO PISOTEARÁN MIS DERECHOS”
Otro empleado del área de Contraloría, que no dependía de manera directa del SEE, narró a este Semanario cómo sucedieron los hechos del despido masivo:
“Yo hubiera llegado a un acuerdo, pero las formas en que lo hicieron y cómo nos hablaron, no lo dejaré pasar, no van a pisotear mis derechos”.
Agregó que los propios servidores públicos de la actual administración pusieron las condiciones para que los afectados hayan decidido ir a juicio, “nuestro trabajo en el área era más técnico que político, porque nos manejamos diferente, solo vigilando las operaciones financieras de las dependencias”, describió en referencia a que las personas despedidas son simpatizantes del Partido Acción Nacional.
Pero ese 30 de diciembre, entraron a su oficina y le pidieron firmar la renuncia a cambio de “agilizar el pago de finiquito”, a lo que el afectado se negó.
En el expediente, exhibió la presencia de ocho personas que entraron en la actual administración estatal, las cuales sin nombramiento ni contrato se decían trabajadores, usando vehículos de la dependencia y los activos en la oficina.
Como parte de las evidencias, días después del despido, solicitaron audiencia con la delegada en presencia de la Notaría Número 5, donde quedó asentado con testimonio público el despido del que fueron objeto sin liquidación ni justificante.
La Junta de Conciliación y Arbitraje reiniciará actividades a partir del 8 de junio, por lo que de inmediato harán gestiones para que se les respeten los derechos laborales y humanos.
En caso de no tener una respuesta favorable, recurrirán con el Juez de Distrito para resolver el caso en un lapso no mayor a seis meses.
